Este miércoles la justicia británica aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.
La orden contra el australiano fue autorizada por un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster y pasará a manos de la ministra del Interior, Priti Patel. La funcionaria, que tiene la última palabra en cualquier extradición, tendrá hasta el 18 de mayo para recibir los alegatos de la defensa de Assange, que tiene la opción de apelar la decisión ante el Tribunal Superior.
La justicia de Estados Unidos espera juzgar al fundador de WikiLeaks por la difusión de más de 700,000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares, en particular revelaron las atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán.
La administración de Joe Biden, no considera al hombre de 50 años como un periodista, sino como un pirata informático que puso en riesgo la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.
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De ser hallado culpable, podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel. Lo que muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa.
A la espera de una decisión, el australiano permanece preso desde 2019 en la cárcel de Belmash, en la ciudad de Londres, donde a finales de marzo se casó con la abogada Stella Moris, su pareja desde 2015 y madre de dos de sus hijos.
Violando las condiciones de su libertad condicional en Reino Unido, Assange se había refugiado en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar una extradición a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados. Afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.
Para sus defensores, encabezados por Stella Moris, las garantías no son creíbles. Subraya que “el destino de Julian está ahora en manos de la ministra del Interior”, Moris insistió en marzo en que “este es un caso político y ella puede ponerle fin”.
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“Hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera”, afirmó Moris.
AAM
