Martha Daniela Guerrero
El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su fallo en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, revocando el derecho constitucional al aborto. En una sentencia de 6 contra 3, el tribunal estableció la validez de una ley de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos después de 15 semanas de embarazo, un estándar que previamente violaba Roe v. Wade y Casey v. Planned Parenthood.
La histórica opinión de la semana pasada, escrita por el Juez Samuel Alito y a la que se unió el bloque conservador de la Corte formado por los jueces Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Amy Coney Barret, Clarence Thomas y John Roberts, derogó casi cinco décadas de antecedentes. Tres de los jueces que votaron a favor de anular Roe v. Wade fueron nombrados por el ex Presidente Republicano Donald Trump.
Alito basó su argumento en la “intención original” del aborto, una doctrina legal que examina el lenguaje constitucional para determinar cuestiones contemporáneas. El eje de su razonamiento “originalista” fue que las protecciones de la Enmienda 14 que no se mencionan explícitamente en la Constitución deben limitarse a los derechos que “existen en lo más profundo de la historia del país.”
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“Es hora de atender a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo,” escribió Alito en la opinión mayoritaria.
Una nueva era de prohibiciones del aborto
El caso Dobbs v. Jackson fue la decisión más esperada del tribunal, con protestas y debates que estallaron en mayo después de que un borrador de opinión filtrado revelara que la mayoría de los jueces pretendía revertir la protección constitucional al aborto.
Aunque el fallo de la Corte no prohibirá automáticamente los abortos en Estados Unidos, cada estado es ahora libre de reducir drásticamente o incluso prohibir un procedimiento que ha permitido a millones de mujeres y personas con capacidad reproductiva el derecho a ejercer el control sobre sus cuerpos.
Las leyes que prohíben o restringen drásticamente el acceso al aborto se dividen en tres categorías principales, las cuales se solapan en varios estados: 1) las prohibiciones de activación, o “gatillo”, que prohíben el aborto en la mayoría de las circunstancias y son efectivas con la caída de Roe v. Wade; 2) las prohibiciones anteriores que permanecen vigentes; y 3) las leyes recientes que limitan el aborto a las primeras etapas gestacionales o prácticamente lo prohíben.
El Guttmacher Institute prevé que 26 estados acabarán prohibiendo o restringiendo severamente el procedimiento. Además, políticos anti-aborto de varios de estos estados también han señalado que presentarán legislaciones inspiradas en el Heartbeat Act de Texas, una nueva ley que penaliza el aborto al detectar el latido fetal alrededor de las seis semanas de embarazo.
Poco después de la caída de Roe, al menos nueve estados, en los que viven unos 40 millones de personas, criminalizaron el aborto, y en varios estados más se activarán prohibiciones en los próximos días.
Dieciséis estados y el Distrito de Columbia cuentan actualmente con leyes que protegen el derecho al aborto, en su mayoría antes del punto de viabilidad del feto, según la Kaiser Family Foundation. Es probable que las prohibiciones impulsen una oleada de personas a estos estados, entre ellos California y Nueva York, que ya han incorporado fondos y promulgado políticas en preparación para un aumento de pacientes.
Sin embargo, las principales organizaciones y publicaciones médicas han advertido de los peligros a los que se enfrentan quienes no podrán viajar fuera de sus estados y podrían recurrir a métodos de aborto poco seguros.
“Un camino extremo y peligroso“
En la reciente ola de prohibiciones al aborto que aprobaron las legislaturas estatales en previsión de la sentencia de la Corte, pocas propuestas incluían excepciones en caso de violación, incesto y salud materna. En los últimos cuatro años, once estados han aprobado prohibiciones que no contienen excepciones por violación e incesto. En lo que respecta a la salud materna, muchos médicos y profesionales de la salud dicen que estas prohibiciones podrían criminalizar abortos espontáneos y complicaciones en el embarazo, puesto que las excepciones por “vida de la madre” son demasiado amplias.
Expertos legales, activistas y políticos también están preocupados por los efectos que podría tener la anulación de Roe sobre el acceso a anticonceptivos y los derechos LGBTQ. El Presidente Joe Biden se opuso a una opinión concurrente del Juez Thomas, quien pidió a sus colegas que emplearan los argumentos de Dobbs para anular casos que establecen derechos a los anticonceptivos, a las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Estados como Missouri ya están intentando restringir el acceso a los anticonceptivos prohibiendo el financiamiento público de dispositivos intrauterinos y la pastilla del día siguiente. Además, algunos legisladores republicanos, como la senadora Marsha Blackburn de Tennessee, se han opuesto abiertamente a la sentencia Griswold v. Connecticut de 1965, que estableció el derecho al acceso a anticonceptivos.
“Este es un camino extremo y peligroso por el que nos lleva ahora la Corte”, dijo Biden poco después del fallo.
Aunque el apoyo al aborto en Estados Unidos es mayor que hace una década, con más de dos tercios de norteamericanos a favor de mantener Roe v. Wade y un 57% que afirma el derecho de la mujer a abortar por cualquier motivo, el Centro de Investigación Pew detectó una creciente división partidista en torno a los derechos reproductivos.
Los votantes republicanos son más propensos que los demócratas a decir que el aborto debería ser ilegal en cada etapa del embarazo, según el informe de Pew de 2022. Este reporte también enfatizó que los cambios en la aceptación del aborto han provenido casi por completo de votantes demócratas.
La edad también es un factor clave en las actitudes hacia el aborto, especialmente porque millones de jóvenes estadounidenses nunca han vivido en un mundo sin este derecho constitucional. Una encuesta de CBS News reveló que el 73% de las personas menores de 30 años creen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, el mayor porcentaje de cualquier categoría de edad.
Las mujeres de minorías raciales y étnicas serán las más afectadas
A medida que aumenta la prohibición del aborto en gran parte del Medio Oeste y el Sur de Estados Unidos, las mujeres de color serán las más afectadas por las nuevas restricciones. En una nota a pie de página de la opinión mayoritaria, el Juez Alito escribió que es “indiscutible” que Roe ha tenido un “efecto demográfico,” ya que “un porcentaje altamente desproporcionado de fetos abortados son afroamericanos.”
Datos raciales y étnicos de 29 estados y Washington DC revelaron que las mujeres de color tienden a tener tasas más altas de abortos. En 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) descubrieron que mientras la tasa de abortos para las mujeres blancas era de 6,6 por cada 1000, para las mujeres de origen hispano era de 11,7 por 1000, y para las mujeres afroamericanas de 23,8 por 1000. Las razones detrás de estas diferencias son sistemáticas, y reflejan las dificultades que las mujeres de color enfrentan para acceder a servicios anticonceptivos de calidad y utilizarlos de manera consistente y efectiva.
La mayoría de los estados que prohíben completamente el aborto se encuentran en el Sur, donde vive casi la mitad de la población afroamericana del país. Diversos activistas están preocupados por el impacto desproporcionado que la revocación de Roe tendrá sobre la comunidad negra y otras poblaciones de color, las cuales son más propensas a morir por complicaciones relacionadas con el parto.
“Estas realidades deben ser vistas en un contexto más amplio en el que persisten grandes desigualdades raciales y étnicas para una amplia gama de resultados de salud, desde la diabetes a las enfermedades del corazón, al cáncer de mama y de cuello uterino, a las infecciones de transmisión sexual,” según un informe del Guttmacher Institute.
Mississippi, que presentó y ganó el caso Dobbs que desencadenó la histórica anulación del derecho al aborto, tiene una de las tasas de mortalidad materna e infantil más altas del país. Mientras que en Estados Unidos mueren 18 madres gestantes por cada 100,000 nacimientos, las mujeres afroamericanas de Misisipi se enfrentan a una tasa de 51,9 muertes por cada 100,000 nacimientos, según Jackson Free Press.
En una mesa redonda del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado (HELP), Isra Pananon Weeks, directora ejecutiva interina del Foro Nacional de Mujeres Americanas de Asia y el Pacífico (NAPAWF), dijo que la modificación de Roe “devastará a más del 60% de beneficiarios del aborto que son personas de color.”
“La justicia reproductiva es una cuestión de vida o muerte, y el camino hacia el aborto puede ser arduo,” dijo Pananon. “Los miembros de la comunidad asiático-americana y de las islas del Pacífico pueden enfrentarse a barreras lingüísticas, estigmas y bajos índices de cobertura de seguros que obstruyen su acceso a la libertad reproductiva.”
Un gran segmento de comunidades indígenas no dispone de cobertura médica privada y dependen del Servicio de Salud Indígena (IHS), un programa financiado por el gobierno federal que no cubre servicios de aborto. Junto con las mujeres afroamericanas, las poblaciones indígenas y nativas de Alaska tienen entre dos y tres veces mayor probabilidad de morir como consecuencia de su embarazo que las mujeres blancas, según datos del CDC.
“Con pesar, disentimos“
Mientras Estados Unidos se divide rápidamente, millones de mujeres y personas con capacidad reproductiva han visto cómo se borra su derecho fundamental al aborto.
Aunque la mayoría de las leyes de activación criminalizan a los proveedores, distintos activistas, representantes y periodistas temen que en el futuro, los estados puedan castigar a la persona que aborta.
“El movimiento pro-aborto ha ignorado en gran medida la creciente criminalización del embarazo”, escribió Jia Tolentino, periodista de The New Yorker, quien destacó la historia de juicios relacionados con el embarazo, centrados principalmente en el consumo de pastillas para abortar, drogas y la personificación fetal.
“Estas leyes justifican una criminalización a gran escala del embarazo, por la que las mujeres pueden ser arrestadas, detenidas y sometidas a cualquier otro tipo de intervención estatal por realizar acciones percibidas como potencialmente dañinas para el feto,” escribió Tolentino.
Hoy, el derecho al aborto ha sido desmantelado. Los desequilibrios estatales impulsados por la sentencia de la Corte no sólo obstruirán los derechos reproductivos de millones de personas, sino que también podrían abrumar a proveedores de abortos en el Noreste y la Costa Oeste, donde el procedimiento permanece protegido.
En medio de un nuevo panorama legal que amenaza con marginar a quienes soliciten abortos y criminalizar el embarazo en sí mismo, es crucial destacar las palabras de los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, quienes disintieron el veredicto de Dobbs.
“La Corte de hoy no cree que haya nada de valor constitucional en el control de una mujer sobre su cuerpo y el camino de su vida,” escribieron los tres. “A partir de hoy, esta Corte sostiene que un Estado siempre puede obligar a una mujer a dar a luz […] un Estado puede así transformar lo que cuando se emprende libremente, es una maravilla, en algo que cuando es forzado, puede ser una pesadilla.”
“Con pesar por esta Corte, pero más, por los millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos,” concluyeron.
Al igual que Sotomayor, Kagan y Breyer, hoy millones en Estados Unidos y el mundo disienten. Con pesar y rabia sobre el retroceso de medio siglo en derechos reproductivos, equidad de género y derechos humanos, disentimos.
The Fall of Roe v. Wade: With Sorrow, Millions Dissent
Martha Daniela Guerrero
Last Friday, the Supreme Court ruled on Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, overturning the constitutional right to abortion. In a 6-3 ruling, the Court established the validity of a Mississippi law that bars most abortions after 15 weeks of pregnancy, a standard that previously violated Roe v. Wade and Casey v. Planned Parenthood.
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Last week’s historic opinion, written by Justice Samuel Alito and joined by the Supreme Court’s conservative bloc made up of Justices Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Amy Coney Barret, Clarence Thomas, and John Roberts, abrogated nearly five decades of precedent. Three of the justices that voted in favor of scrapping Roe v. Wade were appointed by former Republican President Donald Trump.
Alito based his argument on abortion’s “original intent,” a legal doctrine that examines constitutional language to determine contemporary issues. The crux of his “originalist” rationale was that the 14th Amendment’s protections not explicitly mentioned in the Constitution must be limited to rights that were “understood to exist deep in the country’s history.”
“It is time to heed the Constitution and return the issue of abortion to the people’s elected representatives,” wrote Alito in the majority opinion.
A New Era of Abortion Bans
Dobbs v. Jackson was the court’s most anticipated decision, with protests and debates erupting in May after a leaked draft opinion revealed that a majority of justices intended to reverse the constitutional protection of abortion.
Even though the Court’s ruling won’t effectively ban abortions nationwide, each state is now free to drastically reduce or even ban a procedure that has allowed millions of women and people with reproductive capacity the right to exercise control over their bodies.
Laws banning or severely restricting abortion access fall into three main categories, which overlap across multiple states: 1) “trigger bans,” which ban abortion under most circumstances and are effective with the fall of Roe v. Wade; 2) previous bans still on the books; and 3) recent laws that limit abortion to early gestational stages or nearly ban it.
The Guttmacher Institute projects that 26 states will ultimately outlaw or severely restrict the procedure. Additionally, anti-abortion policymakers in several of these states have also indicated that they will introduce legislation modeled after Texas’ Heartbeat Act, which criminalizes abortions upon the detection of a fetal heartbeat at around six weeks of pregnancy.
Shortly after the fall of Roe, at least nine states that are home to around 40 million people have outlawed abortions, with trigger bans in several more states set to take effect in the coming days.
Sixteen states and the District of Columbia currently have laws that protect the right to abortion, mostly before the point of fetal viability, according to the Kaiser Family Foundation. Bans will likely push an influx of people to these states, including California and New York, which have already enacted abortion funds and policies designed to prepare for a patient surge.
However, top medical organizations and journals have warned about the dangers faced by patients who won’t be able to travel out of state and may resort to unsafe abortion methods.
“An Extreme and Dangerous Path”
In the recent wave of abortion bans that state legislatures passed in anticipation of the Supreme Court’s ruling, only a few proposals included exemptions for rape, incest, and maternal health. Over the past four years, eleven states have passed abortion bans without exceptions for rape or incest. When it comes to maternal health, many doctors and healthcare professionals are concerned about the criminalization of miscarriages and pregnancy complications, considering the broad “life of the mother” exception.
Many legal experts, activists, and representatives are also concerned about the effects that Roe’s overturn could have regarding access to contraception and LGBTQ rights. President Joe Biden objected to a concurring opinion by Justice Thomas, who called on his colleagues to employ Dobbs’ rationale to abrogate cases establishing rights to contraception, same-sex consensual relations, and same-sex marriage.
States like Missouri are already trying to restrict access to contraception by banning public funding for certain methods, including intrauterine devices and the morning-after pill. Additionally, some Republican legislators, such as Senator Marsha Blackburn (TN), have openly lambasted the 1965 Griswold v. Connecticut ruling, which established the right to contraception.
“This is an extreme and dangerous path the court is now taking us on,” said Biden shortly after the ruling.
While support for abortion across the US is higher than a decade ago, with over two-thirds of Americans in favor of retaining Roe v. Wade and 57% affirming a woman’s right to abortion for any reason, the Pew Research Center recently reported a growing partisan divide around reproductive rights.
Republican voters are more likely than Democrats to say abortion should be illegal at every stage of pregnancy, according to Pew’s 2022 report. This research also emphasized that shifts in abortion favorability have come almost entirely from Democratic voters.
Age is also a key factor in attitudes towards abortion, particularly as millions of young Americans have never lived in a world without this constitutional right. A CBS News poll found that 73% of people under 30 believe abortion should be legal in all or most cases, the most of any age category.
Women of Color Will Be Hit Hardest
As abortion bans rise across the South and Midwest, women of color will bear the brunt of new restrictions. In a footnote of the court’s majority opinion, Justice Alito wrote that it is “beyond dispute” that Roe has had a “demographic effect” since “a highly disproportionate percentage of aborted fetuses are Black.”
Racial and ethnic data from 29 states and Washington DC revealed that women of color tend to have higher rates of abortions. In 2019, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) found that while the abortion rate for White women was 6.6 per 1000 women, for Hispanic women it was 11.7 per 1000, and for Black women, 23.8 per 1000. The reasons behind these differences are systemic, reflecting difficulties for women of color in accessing high-quality contraceptive services and using them consistently and effectively.
Most states fully banning abortion are in the South, which is home to nearly half of the country’s Black population. Advocates are concerned about the disproportionate impact that a reversed Roe will have on Black people and other populations of color, who are more likely to die from childbirth-related complications.
“These realities must be seen in a larger context in which significant racial and ethnic disparities persist for a wide range of health outcomes, from diabetes to heart disease to breast and cervical cancer to sexually transmitted infections,” reads a Guttmacher Institute report.
Mississippi, which filed and won the Dobbs case that unleashed the historic overturning of abortion rights, has among the highest maternal and infant mortality rates in the nation. While in the US, 18 birthing parents will die for every 100,000 live births, Black women in Mississippi face a rate of 51.9 deaths per 100,000 live births, according to Jackson Free Press.
In a roundtable by the Senate’s Health, Education, Labor, and Pensions Committee (HELP), Isra Pananon Weeks, Interim Executive Director at the National Asian Pacific American Women’s Forum (NAPAWF) said that Roe’s upending “will devastate the more than 60 percent of abortion recipients who are people of color.”
“Reproductive justice is a matter of life and death, and the path to abortion care can be an arduous one,” said Pananon. “Asian American and Pacific Islander community members can face language barriers, stigmas, and low rates of insurance obstructing their access to reproductive freedom.”
Large segments of Indigenous communities can’t afford private health insurance and rely on the Indian Health Service (IHS), a federally-funded program that doesn’t cover abortion services. Along with Black women, Indigenous and Alaska Native populations are two to three times more likely to die as a result of their pregnancy than white women, according to the CDC.
“With Sorrow, We Dissent”
As the US rapidly splits in half, millions of women and people with reproductive capacity have witnessed their fundamental right to abortion erased.
Although most trigger laws will criminalize providers, several activists, representatives, and journalists are concerned that down the line, states may increasingly punish the person getting the abortion.
“The mainstream pro-choice movement has largely ignored the growing criminalization of pregnancy,” wrote The New Yorker’s Jia Tolentino, who outlined a history of pregnancy-related prosecutions, mainly revolving around abortion pills, drug use, and fetal personhood.
“These laws justify a full-scale criminalization of pregnancy, whereby women can be arrested, detained, and otherwise placed under state intervention for taking actions perceived to be potentially harmful to a fetus,” wrote Tolentino.
Today, the right to abortion has been hollowed out. The state imbalances propelled by the Court’s ruling will not only strip the reproductive rights of millions, but may also overwhelm providers across the Northeast and West Coast, where abortion remains protected.
Amid a new legal landscape that threatens to push abortion seekers to the margins and possibly criminalize pregnancy itself, it’s crucial to emphasize the words of Justices Sonia Sotomayor, Elena Kagan, and Stephen Breyer, who searingly dissented the Dobbs verdict.
“Today’s Court does not think there is anything of constitutional significance attached to a woman’s control of her body and the path of her life,” the three wrote. “As of today, this Court holds, a State can always force a woman to give birth […] a State can thus transform what, when freely undertaken is a wonder, into what when forced, may be a nightmare.”
“With sorrow for this Court, but more, for the many millions of American women who have today lost a fundamental constitutional protection, we dissent,” they concluded.
Much like Sotomayor, Kagan, and Breyer, today, millions in the US and around the world dissent. With sorrow and anger over a half-century setback in reproductive rights, gender equality, and human rights, we dissent.
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