Martha Daniela Guerrero
“Quien esté en contra de los migrantes, no va a contar con nuestro apoyo y quien practique la xenofobia, no cuenta con nuestro apoyo […] ni mucho menos el que maltrate a un mexicano.”
Estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador durante su conferencia de prensa matutina el 7 de junio.
Destacando que hay millones de mexicanos en Estados Unidos que “no merecen maltrato” puesto que se han ido “a trabajar honradamente” por necesidad, el mandatario denunció a los ciudadanos de Estados Unidos por “cuestionar” la llegada de migrantes a su país.
“¿Dónde está el cristianismo, dónde está el amor al prójimo? ¿Qué no está en el Antiguo Testamento que hay que proteger al forastero y al migrante?,” concluyó.
Los lamentos del presidente sobre el trato a migrantes mexicanos en Estados Unidos contrastan con la controversial política migratoria que el gobierno federal ha adoptado durante los últimos tres años y medio, basada en la militarización, la falta de inversión en el sistema de asilo y la xenofobia.
La retórica característica de López Obrador, guiada por simplificaciones autocomplacientes y un desapego incansable hacia las realidades que no enaltecen su presidencia, ahora se vuelca a relativizar y omitir los abusos sistemáticos del gobierno federal y autoridades estatales contra miles de migrantes y refugiados de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, así como mexicanos desplazados internamente.
Más allá de diatribas, “proteger al forastero y al migrante” hoy no es una prioridad para el gobierno mexicano. Mientras acusa a Estados Unidos por “maltratar migrantes,” México es el actual responsable de múltiples violaciones de derechos humanos contra esta misma población.
Esta semana, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó un informe sobre la crisis humanitaria a la que se enfrentan migrantes en México y Estados Unidos. El reporte destaca que mientras el gobierno estadounidense continúa negando el acceso a refugiados de América Latina, las solicitudes de asilo y las detenciones de migrantes en México “han aumentado de manera dramática.”
A pesar de que el presidente López Obrador busca proyectar una actitud desafiante ante la restrictiva política migratoria de su vecino al norte, HRW señaló una realidad llena de presiones de Estados Unidos hacia México para “intensificar los esfuerzos por detener la migración y aumentar las restricciones sobre quienes pueden ingresar a México o viajar dentro del país.”
El año pasado, fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a más de 307,500 migrantes, la cifra más alta registrada en la historia del país.
Adicionalmente, el gobierno mexicano creó nuevos requisitos de visas para restringir entradas de brasileños, venezolanos y ecuatorianos. También impuso nuevas restricciones a los viajes dentro de territorio nacional, incluyendo patrullajes e inspecciones aleatorias en autobuses, aviones, hoteles y espacios públicos a lo largo de rutas migratorias.
Como un país que históricamente ha enviado poblaciones a Estados Unidos y que hoy recibe cifras récord de migrantes y refugiados de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, México destaca como un territorio clave para entender los flujos migratorios que conectan al hemisferio.
Sin embargo, ante una política migratoria cada vez más militarizada, abusos de autoridad, severos retos de seguridad y un vecino al norte que ha abandonado sus obligaciones internacionales al derecho al asilo, México trágicamente también destaca como un destino abusivo y peligroso para quienes emigran a causa de violencia, desempleo y pobreza.
Tras entrevistar a cientos de migrantes, solicitantes de asilo, representantes de organizaciones de derechos humanos y funcionarios, el reporte de HRW determinó que además de la necesidad económica, migrantes y refugiados generalmente huyen de amenazas de muerte, extorsión y reclutamiento forzado por parte de pandillas y cárteles en el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como de persecuciones políticas y violaciones generalizadas de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El flujo migratorio también ha crecido a causa del éxodo masivo de ciudadanos de Haití a México. Actualmente, casi cuatro de cada diez solicitantes de asilo provienen del país caribeño.
Distintos factores han transformado a México en el principal aliado de Estados Unidos en su controvertida campaña de contención migratoria a costa de los derechos humanos de miles de personas. Entre los principales catalizadores de la crisis humanitaria binacional se encuentran 1) la política migratoria estadounidense actual, y 2) los efectos de la militarización, la subinversión en el sistema de asilo y la discriminación en la estrategia mexicana.
“Delegar la política migratoria estadounidense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones precarias para solicitar protección,” dijo Tyler Mattiace, investigador para las Américas de Human Rights Watch.
A pesar de promesas de campaña de desentrañar la “vergüenza moral y nacional” de las órdenes ejecutivas promulgadas por Donald Trump, el presidente norteamericano Joe Biden ha preservado muchas de las problemáticas políticas migratorias de su predecesor, incluyendo el bloqueo al derecho al asilo mediante el Título 42 y el programa “Quédate en México.”
El mandatario también adoptó uno de los legados políticos más cuestionables de Trump: presionar a México a través de canales económicos y diplomáticos para actuar como un “guardián” de la frontera, restringiendo la movilidad de migrantes y refugiados en su territorio.
¿El principal objetivo de esta “alianza estratégica”? Que la menor cantidad de personas puedan llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo o intentar cruzar.
Entre otras amenazas, migrantes y refugiados que llegan a México se encuentran con 30,000 militares desplegados en operativos junto con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para detenerlos. El año pasado, fuerzas de seguridad mexicanas aprehendieron a más de 307,500 migrantes, la cifra más alta registrada en la historia del país.
De acuerdo con el informe “Bajo la bota: Militarización de la política migratoria en México,” presentado en mayo por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en colaboración con varias organizaciones locales de derechos humanos y libertad de expresión, la política migratoria mexicana se ha militarizado a partir de tres elementos: 1) la incorporación de la Guardia Nacional, 2) la toma del control migratorio por parte del Ejército y 3) la colocación de militares y exmilitares en puestos clave del INM.
Esta campaña de vigilancia altamente militarizada ha resultado en graves hechos de violencia y muertes a manos de autoridades.
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Grabaciones de agentes migratorios golpeando a miembros de caravanas, incluidos niños y mujeres, permanecen disponibles en redes sociales. En marzo de 2021, militares mataron a un hombre guatemalteco al no detenerse en un punto de control migratorio. Siete meses después, agentes de la Guardia Nacional dispararon contra un camión que transportaba migrantes, asesinando a dos personas. Posteriormente, soldados trataron de encubrir el hecho plantando armas en la escena del crimen, una práctica común de acuerdo a observadores internacionales.
Investigadores que elaboraron el informe “Bajo la bota” concluyeron que la participación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio debe no solamente ser “restringida y extraordinaria,” sino que también ampliamente “subordinada y complementada por labores de autoridades civiles.”
Los hallazgos de HRW revelaron que además de sufrir abusos, discriminación y violencia en manos de autoridades, grupos criminales y la población mexicana en general, migrantes y refugiados enfrentan obstáculos burocráticos y detenciones ilegales que obstruyen su derecho a solicitar asilo.
De acuerdo a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, hay dos tipos de detención. La primera consiste en fuerzas de la Guardia Nacional y el INM obligando a solicitantes de asilo a subir a autobuses hacia la frontera con Guatemala. En la segunda modalidad, la Guardia Nacional detiene a solicitantes de asilo con tarjetas de visitantes humanitarias “por considerar que son falsas o creer que la persona va a escapar.”
Funcionarios del INM dijeron que sus agentes siempre informan a los migrantes detenidos sobre su derecho a solicitar asilo. Sin embargo, estadísticas oficiales muestran que es sumamente inusual que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reciba solicitudes de migrantes aprehendidos.
En entrevistas con 19 personas enviadas a centros de detención migratoria, HRW concluyó que la mayoría habían sido detenidas después de ingresar a México sin documentos y antes de solicitar estatus de refugiado.
Algunas personas reportaron que agentes del INM habían intentado disuadirlas de solicitar asilo y que las habían presionado para aceptar retornos asistidos, “aun cuando señalaron que correrían el riesgo de sufrir violencia o persecución en sus países de origen.” Otras informaron que agentes los amenazaron con condiciones insalubres en centros de detención para disuadirlas, advirtiéndoles que si solicitaban asilo “pasarían meses o años detenidas.”
Aunque no sean detenidos, la mayoría de los migrantes son obligados a esperar en estados fronterizos durante meses o años, viviendo en condiciones precarias y sin poder sustentarse.
Entrevistados por HRW, decenas de migrantes reportaron que las condiciones de vida en los refugios suelen ser arduas, que es difícil o imposible conseguir empleo y que tienen problemas para obtener medicamentos y otras necesidades básicas.
Puesto que la mayoría de quienes emigran son personas de color y parte de poblaciones indígenas, la discriminación raciales y étnicas es sumamente común en México. Muchos propietarios y empleadores en estados fronterizos, por ejemplo, se niegan a alquilar inmuebles o contratar extranjeros.
Además de la violencia militarizada y las olas de xenofobia que acompañan a miles de migrantes, el gobierno federal ha relegado el financiamiento del sistema de asilo mexicano, haciendo la solicitud de visas humanitarias un proceso largo y arduo.
Con casi 131,000 solicitudes de asilo, México alcanzó la tercera cantidad más elevada de refugiados en el mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Hace diez años, solamente unos cuantos miles de personas presentaban solicitudes en México anualmente. Sin embargo, solamente 38,000 solicitudes fueron procesadas por la COMAR en 2021, puesto que la agencia federal no cuenta con los recursos ni personal suficientes para enfrentarse al elevado volumen de solicitantes.
A pesar de la retórica en defensa de los migrantes de López Obrador, ante un aumento sin precedentes en las solicitudes de asilo el año pasado, el gobierno federal destinó solamente 44 millones de pesos a la COMAR. Funcionarios denunciaron que este presupuesto es insuficiente incluso para cubrir los gastos operativos básicos.
Pagando muchas de las operaciones de la COMAR, incluyendo las dos terceras partes de los salarios del personal, ACNUR proporcionó 4.5 millones de dólares en 2021, el doble que el gobierno mexicano.
“México debe garantizar que la COMAR cuente con los fondos necesarios, que los solicitantes de asilo puedan presentar sus pedidos y mejorar el procesamiento de las visas de residencia para quienes han sido reconocidos como refugiados,” concluyeron investigadores de HRW en su informe.
A la par de ataques y abusos por parte de autoridades militarizadas, un sistema de asilo desbordado y quebrado y una cultura de xenofobia, han florecido redes criminales que atentan contra migrantes y refugiados. En su camino hacia al norte, muchos son víctimas de asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones y tráfico de personas.
“A menudo, el presidente López Obrador describió a México como un país que promueve los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo”, dijo Mattiace. “Si eso es cierto, debe demostrarlo.”
Mientras Estados Unidos elige desobligarse de su compromiso internacional a asegurar el derecho al asilo, México se presta como una “tierra de nadie” en donde la violencia, el abuso de autoridad, el crimen, la indolencia y la discriminación imperan.
Hoy, en el país en el que nadie asume responsabilidad por violaciones cotidianas a los derechos fundamentales de miles de personas de países vecinos, el presidente López Obrador denuncia a quienes “maltratan” a migrantes.
Mexico Violates Human Rights of Thousands of Migrants
Martha Daniela Guerrero
“Whoever is against migrants, is not going to have our support and whoever practices xenophobia, does not have our support […] much less whoever mistreats a Mexican.”
These were the words of President Andres Manuel Lopez Obrador during his morning press conference on June 7.
Emphasizing that there are millions of Mexicans in the United States who “don’t deserve mistreatment” since they have gone “to work honestly” out of necessity, the president denounced US citizens for “questioning” the arrival of migrants to their country.
“Where is the Christianity, where is the love of thy neighbor? Isn’t it in the Old Testament that the foreigner and the migrant must be protected?” he concluded.
The president’s laments about the treatment of Mexican migrants in the United States contrast with the controversial immigration policy that the federal government has adopted during the last three and a half years, based on militarization, lack of investment in the asylum system, and xenophobia.
Lopez Obrador’s signature rhetoric, guided by complacent simplifications and a tireless detachment from realities that don’t enhance his presidency, now turns to relativizing and omitting the systematic abuses of the federal government and state authorities against thousands of migrants and refugees from Central America, South America, and the Caribbean, as well as internally displaced Mexicans.
Beyond tirades, “protecting the foreigner and the migrant” is not a priority for the Mexican government today. While accusing the United States of “mistreating migrants,” Mexico is currently responsible for multiple human rights violations against this same population.
This week, the international organization Human Rights Watch (HRW) presented a report on the humanitarian crisis that migrants face in Mexico and the United States. The report highlights that while the US government continues to deny access to refugees from Latin America, asylum applications and migrant detentions in Mexico “have increased dramatically.”
Although President López Obrador seeks to project a defiant attitude toward his northern neighbor’s restrictive immigration policy, HRW noted a reality fraught with US pressure on Mexico to “intensify efforts to halt migration and increase restrictions on who can enter Mexico or travel within the country.”
Last year, Mexican security forces detained more than 307,500 migrants, the highest number ever recorded in the country’s history.
Additionally, the Mexican government created new visa requirements to restrict entry of Brazilians, Venezuelans, and Ecuadorians. It also imposed new restrictions on travel within the national territory, including random searches on buses, airplanes, hotels, and public spaces near migratory routes.
As a country that has historically sent populations to the United States and today receives record numbers of migrants and refugees from Central America, South America, and the Caribbean, Mexico stands out as a key territory for understanding the migratory flows that connect the hemisphere.
However, in the face of an increasingly militarized immigration policy, authority abuses, severe security challenges, and a neighbor north that has relegated its international obligations to the right to asylum, Mexico tragically also stands out as an abusive and dangerous destination for those who migrate because of violence, unemployment, and poverty.
After interviewing hundreds of migrants, asylum seekers, representatives of human rights organizations, and officials, the HRW report determined that in addition to economic necessity, migrants and refugees generally flee death threats, extortion, and forced recruitment by gangs and cartels across Honduras, Guatemala, and El Salvador, as well as political persecution and widespread human rights violations in Cuba, Nicaragua, and Venezuela.
Migratory flows have also increased due to the massive exodus of citizens from Haiti to Mexico. Currently, almost four out of every ten asylum seekers come from the Caribbean country.
Different factors have transformed Mexico into the United States’ main ally in its controversial immigration containment campaign at the expense of thousands of people’s human rights. Among the main catalysts for the binational humanitarian crisis are 1) current US immigration policy, and 2) the effects of militarization, underinvestment in the asylum system, and discrimination in the Mexican strategy.
“Delegating US immigration policy to Mexico has led to serious abuses and forced hundreds of thousands of people to wait in precarious conditions to apply for protection,” said Tyler Mattiace, Americas researcher at Human Rights Watch.
Despite campaign promises to unravel the “moral and national shame” of Donald Trump‘s executive orders, President Joe Biden has preserved many of his predecessor’s problematic immigration policies, including blocking the right to asylum through Title 42 and the “Remain in Mexico” program.
The president also adopted one of Trump’s most questionable political legacies: pressuring Mexico through economic and diplomatic channels to act as a “border gatekeeper,” restricting the mobility of migrants and refugees in its territory.
The main goal of this “strategic alliance”? That as few people as possible can reach the US-Mexico border to seek asylum or attempt to cross.
Among other threats, migrants and refugees arriving in Mexico currently encounter around 30,000 soldiers deployed in operations along with agents of the National Migration Institute (INM) to detain them. Last year, Mexican security forces apprehended more than 307,500 migrants, the highest number ever recorded in the country’s history.
According to the report “Under the Boot: Militarization of Migration Policy in Mexico,” presented in May by the Foundation for Justice and the Democratic Rule of Law in collaboration with several local human rights and freedom of expression organizations, Mexican immigration policy has been militarized through three elements: 1) the incorporation of the National Guard, 2) the takeover of migration enforcement by the Army, and 3) the placement of military and ex-military personnel in key INM positions.
This highly militarized surveillance campaign has resulted in serious violence and deaths at the hands of authorities.
Recordings of migration agents beating caravan members, including children and women, remain available on social media. In March 2021, military officers fatally shot a Guatemalan man when he failed to stop at an immigration checkpoint. Seven months later, National Guard agents shot into a truck carrying migrants, killing two people. Subsequently, soldiers tried to cover it up by planting guns at the crime scene, a common practice according to international observers.
Researchers who prepared the report “Under the Boot” concluded that military involvement in migration enforcement should not only be “restricted and extraordinary,” but also largely “subordinated and complemented by the work of civilian authorities.”
HRW‘s findings revealed that in addition to suffering abuse, discrimination, and violence by authorities, criminal groups, and the Mexican population at large, migrants and refugees face bureaucratic obstacles and illegal detentions that obstruct their right to seek asylum.
According to the Foundation for Justice and the Democratic Rule of Law, there are two types of detention. The first consists of National Guard troops and INM agents forcing asylum seekers onto buses to the Guatemalan border. The second consists of National Guard members detaining asylum seekers with humanitarian visitor cards “on the grounds that they are false or they believe that the person is going to escape.”
INM officials said their agents always inform detained migrants of their right to seek asylum. However, official figures show that it’s highly unusual for the Mexican Commission for Refugee Assistance (COMAR) to receive applications from apprehended migrants.
In interviews with 19 individuals sent to immigration detention centers, HRW found that most had been detained after entering Mexico without documentation and before applying for refugee status.
Some reported that INM agents had tried to dissuade them from applying for asylum and had pressured them to accept assisted returns, “even when they indicated that they would be at risk of violence or persecution in their home countries.” Others reported that agents threatened them with unsanitary conditions in detention centers to dissuade them, warning that if they applied for asylum “they would spend months or years in detention.”
Even if not detained, most migrants are forced to wait in border states for months or years in precarious conditions and remain unable to support themselves.
Interviewed by HRW, dozens of migrants reported that living conditions in shelters are often poor, that it’s difficult or impossible to obtain employment, and that they struggle to obtain medications and other basic necessities.
Since most of those who migrate are people of color and part of indigenous populations, racial and ethnic discrimination is extremely common in Mexico. Many employers and landlords in border states, for example, refuse to hire and rent property to foreigners.
In addition to militarized violence and waves of xenophobia that accompany thousands of migrants, the federal government has defunded Mexico’s asylum system, making applying for humanitarian visas a lengthy and arduous process.
With nearly 131,000 asylum applications, Mexico reached the world’s third-highest number of refugees, according to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Ten years ago, only a few thousand people filed applications in Mexico annually. However, only 38,000 applications were processed by COMAR in 2021, as the federal agency didn’t have enough funds or staff to cope with the high volume of applicants.
Despite López Obrador’s rhetoric in defense of migrants, faced with an unprecedented increase in asylum applications last year, the federal government allocated only 44 million pesos to COMAR. Officials denounced this budget as insufficient to cover even basic operating expenses.
Paying for most of COMAR‘s operations, including two-thirds of staff salaries, UNHCR provided $4.5 million in 2021, twice as much as the Mexican government.
“Mexico must ensure that COMAR is adequately funded, that asylum seekers are able to submit their claims, and improve the processing of residency visas for those who have been recognized as refugees,” HRW researchers concluded in their report.
Alongside attacks and abuses by militarized authorities, an overflowing and bankrupt asylum system, and a culture of xenophobia, criminal networks targeting migrants and refugees have flourished. On their way north, many are victims of assaults, kidnappings, murder, rape, and human trafficking.
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“Often, President Lopez Obrador described Mexico as a country that promotes the rights of migrants and asylum seekers,” Mattiace said. “If that’s true, he must prove it.”
While the United States chooses to disavow its international commitment to ensure the right to asylum, Mexico lends itself as a “no man’s land” where violence, authority abuse, crime, indolence, and discrimination rule.
Today, in a country where no one takes responsibility for the daily violations of the basic rights of thousands of people from neighboring countries, President López Obrador denounces those who “mistreat” migrants.
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