Martha Daniela Guerrero
El mismo mes que México superó la cifra de 100,000 personas desaparecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que actualmente, la violencia no representa un problema nacional.
Este 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPED) documentó la alarmante cifra, revelando las problemáticas de un país cada vez más militarizado y enfrentando crisis humanitarias relacionadas a la violencia de género, la migración y la libertad de prensa.
La respuesta del gobierno federal a 100,000 desaparecidos registrados desde 1964, consistió en acusar a “mafias conservadoras” de “crear una imagen de ingobernabilidad.” López Obrador aseguró que la violencia se concentra en tan solo unos cuantos estados, y ya se combate por las autoridades correspondientes.
“El sensacionalismo conservador quiere crear un ambiente de que en México impera la violencia, [conservadores] quisieran proyectar esa imagen de un México en llamas, porque lo que está en el fondo es su preocupación por los cambios que se están llevando a cabo”, declaró AMLO.
Durante los últimos tres años y medio, este tipo de simplificaciones han emergido como la retórica oficial para descalificar y relativizar cuestionamientos sobre el deterioro de la seguridad en México, manifestado en la trágica figura de los desaparecidos.
En una entrevista a finales de 2019 con el diario español El País, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas denunció una “crisis humanitaria heredada.” De acuerdo con el funcionario, puesto a que gobiernos anteriores “ocultaron la verdadera tasa de desapariciones y crímenes en México,” el gobierno de López Obrador ahora se concentraba en eliminar la corrupción e impunidad del “viejo régimen” para frenar la violencia.
“Las decenas de miles de asesinatos registrados en el país en los últimos años son un compendio de impunidad,” aseguró Encinas. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.”
A pesar de la magnitud de la crisis de seguridad, servidores públicos y autoridades en México hoy insisten en argumentos contradictorios que priorizan la defensa política sobre la responsabilidad gubernamental. Por un lado, sostienen que denuncias sobre índices de violencia al alza no son más que exageraciones y “ataques” propagados por enemigos políticos. Por otro lado, hablan de la completa imposibilidad de frenar las desapariciones forzadas ante un inextinguible legado neoliberal.
Puesto que más del 98% de las desapariciones forzadas se han registrado entre 2006 y 2021, hablar del pasado reciente de México es indudablemente necesario. El sexenio del antiguo mandatario Felipe Calderón concentró 17,000 desapariciones y el de Enrique Peña Nieto, 35,000. Sin embargo, esta contextualización no puede ni debe ser utilizada como una defensa política eximiendo al gobierno actual, puesto que simplemente “heredó” una severa crisis de seguridad. La administración de López Obrador se perfila a batir las tasas de desaparecidos de los dos sexenios anteriores, con más de 31,500 desapariciones registradas en su gestión.
Más allá de los constantes esfuerzos por parte de autoridades federales y estatales de hablar de incidentes de violencia “aislados,” el registro de desapariciones muestra una tendencia al alza en distintos estados.
Un análisis realizado por El País reveló que se registran desapariciones elevadas en al menos tres regiones del país: la zona central, que incluye a Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste; y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.
Sin embargo, si el problema de las desapariciones forzadas masivas continúa planteándose como nada más que una “reliquia del pasado” o un “ataque político” por parte de quienes rechazan al gobierno actual, resolverlo no solo se vuelve imposible, sino que deja de ser prioridad.
Ante explicaciones genéricas y difusas sobre los factores detrás de las desapariciones en México, es necesario señalar y analizar las grietas sociales, económicas y culturales que encapsulan estas cifras.
La militarización de la seguridad pública, el crimen organizado, la inequidad y violencia de género, y la impunidad ante crímenes contra distintas poblaciones se mezclan en un país en el que miles de personas se desvanecen cada año, sufriendo muertes violentas, anónimas e invisibles para muchos.
En un comunicado reciente, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que a pesar de que en México se han creado comisiones para revisar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014, y se ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, estas acciones no profundizan en las raíces de la crisis humanitaria, institucional y social.
Bajo el planteamiento de Bachelet, autoridades de las tres últimas administraciones son responsables directos de esta “tragedia humana de enormes proporciones,” puesto que históricamente, grupos de delincuencia organizada se han respaldado con distintos niveles de “aquiescencia, participación u omisión” por parte de servidores públicos.
Ante el silencio del gobierno federal, así como de autoridades estatales y locales en regiones con altos índices de desapariciones forzadas, organismos internacionales se han dedicado a evaluar los efectos de seguridad en un país enfrentando al crimen organizado mediante la militarización.
A la par del testimonio de la Alta Comisionada, en abril de este año, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas instó al gobierno mexicano a “abandonar de inmediato” su enfoque de militarización de la seguridad pública. Tras visitar México en noviembre de 2021, el grupo de expertos internacionales presentó un reporte en el que señaló que la estrategia altamente militarizada de las recientes reformas normativas resultaba “insuficiente e inadecuada” para la protección de derechos humanos.
Desde sus orígenes en el sexenio del antiguo mandatario Felipe Calderón, la estrategia de militarización para combatir a los cárteles durante la “guerra contra el narcotráfico” perduró a través de las dos administraciones siguientes.
A pesar de que la desmilitarización fue una de las promesas de campaña centrales de López Obrador, en 2019, el presidente revitalizó a la Guardia Nacional, una fuerza policial civil cuyos integrantes provienen en su mayoría del Ejército y la Marina. En 2020, López Obrador publicó un decreto presidencial que ordenaba a la Fuerzas Armadas permanecer en funciones de seguridad pública. Durante este periodo, las desapariciones se dispararon dramáticamente.
“La permanente participación de la Fuerza Armada” en las labores de seguridad pública en México “permite poner en duda” su respeto a “los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, señaló el informe del comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ante las altas tasas de denuncias por violaciones de derechos humanos presentadas contra miembros de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, enfatizó la necesidad de “fortalecer a las fuerzas civiles del orden” y de poner en marcha un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de fuerzas militares de las tareas de seguridad pública. Por último, Villa Quintana declaró que este sistema militarizado también exhibía altos índices de impunidad, solidificando una estructura que “favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas.”
Poco después de que la ONU presentara sus hallazgos sobre las desapariciones en México y sus nexos con la seguridad pública militarizada y un sistema judicial deficiente, el presidente López Obrador descalificó a los expertos internacionales, asegurando que no permitiría que pusieran a su gobierno “en el banquillo de los acusados.”
“Si estamos actuado con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada. Inventar”, dijo el mandatario en abril.
A pesar de las cifras récord de desapariciones anuales desde 2018, López Obrador insistió en que actualmente se vive “otra realidad” en el país y que la ONU se encontraba “desinformada,” puesto que “ellos no vieron nada de los abusos que se cometían durante el periodo neoliberal.”
De la misma forma que el presidente rechazó las recomendaciones de la ONU en protección de la expansión militar y una retórica concentrada en las transformaciones sociales lideradas por el régimen actual, hoy, activistas, familiares de víctimas, miembros de organizaciones ciudadanas, observadores internacionales, periodistas y otras poblaciones que denuncian la crisis de seguridad son reducidos a “mafias conservadoras,” acusados de no tener paciencia ni fe en la “Cuarta Transformación.”
Sin embargo, las denuncias de quienes recuerdan y buscan a sus desaparecidos representan una realidad distinta, ajena a agendas políticas y guerras partidarias, luchando en cambio, contra la invisibilidad.
Familiares y activistas dicen que además de la magnitud rebasante de la crisis, la percepción persistente de que muchas víctimas se encontraban involucradas en actividades criminales han generado un clima de apatía e indiferencia.
“Es fácil decir 100,000, ¿y qué?”, dijo Grace Fernández, portavoz de un grupo que representa a las familias de los desaparecidos, en una entrevista la semana pasada con el LA Times durante una manifestación en la Ciudad de México. “Aparte de nosotros, que somos parte de los 100,000, parece que a nadie más le importa.”
En un clima de desapego hacia quienes luchan por respuestas, El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó la respuesta del presidente al llamado de atención de Naciones Unidas.
“La crisis de violencia y desapariciones continúa, sin que se haya revertido,” escribió el colectivo en Twitter. “La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es sólo herencia del pasado.”
Aunque en los perfiles de los desaparecidos aún dominan hombres de entre 15 y 40 años, las cifras oficiales muestran un aumento en las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de mujeres de distintas edades.
Además de que estados como Tamaulipas, Puebla y el Estado de México concentran los mayores porcentaje de mujeres desaparecidas en relación con el total nacional, en entidades como Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca más de la mitad de las desapariciones son de mujeres. También destacan Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Tlaxcala, Hidalgo y Baja California, donde alrededor de 40% de las personas desaparecidas son mujeres.
Ante el reciente descubrimiento del cadáver de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció en Nuevo León a inicios de abril, el incremento en las desapariciones de mujeres y niñas en todo el país se volvió aún más evidente.
Tan solo en el último mes, al menos otras nueve mujeres y niñas habían desaparecido en el área metropolitana de Monterrey mientras la búsqueda por Escobar se llevaba a cabo. En todo México, aproximadamente 24,000 mujeres se encuentran desaparecidas según cifras oficiales. Este fenómeno encapsula problemáticas como la violencia sexual, el feminicidio, la trata de personas y la explotación sexual.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), aunque 94% de las mujeres desaparecidas son mexicanas, también se registran casos provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela, evidenciando los efectos de la militarización de las políticas migratorias.
Las desapariciones de migrantes centroamericanos y caribeños en México se triplicaron entre 2020 y 2021, y las cifras muestran un aumento que continúa, de acuerdo con un reporte del Servicio Jesuita a Migrantes-México (SJM-México).
Luis Arturo Macías, director general del SJM-México, dijo que familiares y migrantes “no se animan a denunciar” porque consideran que “no va a pasar nada” o porque temen perjudicar su expediente migratorio.
Patrones de género, sexualidad, estatus migratorio y condición socioeconómica de las víctimas nos recuerdan que es imposible desentrañar esta crisis sin reconocer y actuar en base al amplio rango de poblaciones vulnerables a las desapariciones forzadas.
Ejemplos de esta diversidad de grupos en riesgo incluyen a defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos, quienes cuentan con tasas de desaparición excepcionalmente elevadas. Por lo menos 30 periodistas fueron reportados como desaparecidos entre 2003 y 2021, y de acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ninguno ha sido localizado.
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Mientras la lista de víctimas aumenta, los responsables parecen determinados a empujar el mismo mensaje a través de su inacción, retórica hueca y ataques a quienes denuncian la actual crisis de seguridad: en México, desaparecer es poca cosa.
Mexico’s Desaparecidos: Militarization, Gender Violence, and Vulnerable Populations
Martha Daniela Guerrero
The same month that Mexico surpassed 100,000 missing persons, President Andrés Manuel López Obrador (AMLO) said that violence isn’t a pressing domestic issue.
On May 16, the National Registry of Disappeared and Missing Persons (RNPED) recorded the alarming figure, revealing key issues in an increasingly militarized nation facing humanitarian crises related to gender violence, migration, and press freedom.
The federal government’s response to 100,000 missing since 1964 was accusing “conservative mafias” of “creating an image of lawlessness.” López Obrador maintained that violence concentrates in just a few states, and is already being addressed by authorities.
“Conservative sensationalism wants to create an illusion that violence reigns in Mexico, they [conservatives] would like to project an image of Mexico in flames, but at the bottom is only their concerns about the changes that we’re carrying out,” stated AMLO.
Over the past three and a half years, these types of simplifications have emerged as the official rhetoric to disqualify and relativize questions about Mexico’s deteriorating security environment, manifested in the tragic figure of los desaparecidos.
In a late 2019 interview with the Spanish newspaper El País, the undersecretary of Human Rights Alejandro Encinas denounced an “inherited humanitarian crisis.” The government official explained that since previous governments “hid the true rate of disappearances and crimes in Mexico,” the Lopez Obrador administration was now focused on eliminating the corruption and impunity distinctive of the “old regime” to curb violence.
“The tens of thousands of murders registered in the country in recent years are a compendium of impunity,” said Encinas. “We are in one of those situations in which the old hasn’t died and the new is yet to be born.”
Despite the magnitude of disappearances, Mexican officials insist on contradictory arguments that prioritize political defense over governmental responsibility. On the one hand, they claim that increasing missing persons reports are nothing more than “exaggerations” and “attacks” propagated by political enemies. On the other hand, they speak of the complete impossibility of stemming disappearances in the face of an inextinguishable neoliberal legacy.
Since over 98% of enforced disappearances have been registered between 2006 and 2021, talking about Mexico’s recent past is undoubtedly necessary. The six-year term of former President Felipe Calderón registered 17,000 disappearances and that of Enrique Peña Nieto, 35,000. However, this contextualization can’t and shouldn’t be used as political leverage exonerating the current government, since it simply “inherited” a severe security crisis. The López Obrador administration is poised to exceed the rates of disappearances of the two previous administrations, with more than 31,500 disappearances since late 2018.
Beyond the persistent efforts by federal and state authorities to speak of “isolated” incidents of violence, disappearances are on an upward trend in multiple states.
An analysis by El País revealed elevated disappearances in at least three regions of the country: the central zone, which includes Michoacán, Guanajuato, Jalisco, the State of Mexico, and Mexico City; the corridor from Sinaloa to Sonora, in the northwest; and the area comprising Nuevo León and Tamaulipas, to the east.
However, if the problem of mass disappearances continues to be presented as nothing more than an unfortunate “relic of the past” or a “political attack” by those “against” the current government, solving it not only becomes impossible, but ceases to be a priority.
In the face of generic and diffuse explanations about the factors behind disappearances in Mexico, it’s necessary to highlight and analyze the social, economic, and cultural cracks embedded in these figures.
The militarization of public security, organized crime, gender inequality and violence, and impunity for crimes against different populations are mixed in a country where thousands of people vanish every year, suffering violent and anonymous deaths.
In a recent statement, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, pointed out that although Mexico has created commissions to review human rights violations that occurred between 1965 and 1990, as well as the enforced disappearance of 43 students in Ayotzinapa in 2014, these actions fail to address the roots of the humanitarian, institutional, and social crisis.
Bachelet said that authorities across the last three administrations are largely responsible for this “human tragedy of enormous proportions,” since historically, organized crime groups have relied on various levels of “acquiescence, participation or omission” from public officials.
Against the federal government’s silence, as well as the apathy displayed by state and local authorities in regions with high rates of enforced disappearances, international organizations have sought to evaluate the security repercussions for a country confronting organized crime through militarization.
Alongside the High Commissioner’s testimony, last April the United Nations Committee on Enforced Disappearances urged the Mexican government to “immediately abandon” its militarized approach to public security. After visiting Mexico in November 2021, the group of international experts presented a report noting that the highly militarized strategy of recent regulatory reforms was “insufficient and inadequate” for the protection of human rights.
From its origins during the six-year term of former President Felipe Calderón, Mexico’s militarization strategy to combat cartels through the “war on drugs” persisted for the next two administrations.
Although demilitarization was one of López Obrador’s central campaign promises, in 2019, the president revitalized the National Guard, a civilian police force whose members are largely drawn from the Army and Navy. In 2020, López Obrador issued a presidential order directing the Armed Forces to remain in public security functions. During this period, disappearances spiked dramatically.
“The permanent participation of Armed Forces” in public security work in Mexico “casts doubt” on their respect for “constitutional and international standards on human rights and citizen security,” the United Nations committee report noted.
Given the multiple human rights violations reports filed against members of the National Guard, the Army, the Navy, and the Secretary of National Defense (SEDENA), the UN committee’s president, Carmen Rosa Villa Quintana, emphasized the need to “strengthen civilian forces of law and order” and to implement a plan for the “orderly, immediate, and verifiable” withdrawal of military forces from public security tasks. Finally, Villa Quintana noted that this militarized system also displayed high rates of impunity, solidifying a structure that “favors the reproduction and cover-up of enforced disappearances.”
Shortly after the UN presented its findings on disappearances in Mexico and their links to militarized public security and a deficient judicial system, President López Obrador disqualified the international experts, assuring that he would not allow them to put his government “in the dock.”
“If we’re acting with legality, with humanism, if we don’t allow corruption, if we don’t allow impunity, what can they do? Nothing. So they make things up,” said the president in April.
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Despite the record numbers of annual disappearances since 2018, López Obrador insisted that there is currently “another reality” in the country and that the UN was “disinformed,” since “they failed to see the multiple abuses that were committed during the neoliberal period.”
Just as the president rejected UN recommendations to protect military expansion and a rhetoric focused on the social transformations led by the current regime, today, activists, victims’ families, community organizations, international observers, journalists, and other populations denouncing disappearances are reduced to “conservative mafias,” accused of not having patience and faith in AMLO’s “Fourth Transformation.”
However, the complaints of those who remember and search for their missing ones represent a widely different reality, oblivious to political agendas and partisan wars, fighting instead against invisibility.
Relatives and activists say that besides disappearances’ overwhelming scale, the enduring perception that many victims were involved in criminal activities has generated a climate of apathy and indifference.
“It’s easy to say 100,000, so what?” said Grace Fernández, spokeswoman for a group representing families of victims, in an interview last week with the LA Times during a demonstration in Mexico City. “Other than us, who are part of the 100,000, it seems that no one else cares.”
In a climate of detachment towards those fighting for answers, El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamented the president’s response to the UN call for action.
“The crisis of violence and disappearances continues, it hasn’t been reversed,” the collective wrote on Twitter. “The UN didn’t invent anything, it observed our current reality, which isn’t just a legacy of the past.”
Although the profiles of los desaparecidos are still dominated by men between 15 and 40 years of age, official figures show an increase in the disappearances of children from the age of 12, as well as women across all ages.
Besides states such as Tamaulipas, Puebla, and the State of Mexico displaying the highest ratios of missing women in relation to the national count, in states such as Quintana Roo, Tabasco, and Oaxaca, more than half of missing persons are women. Aguascalientes, Chiapas, Mexico City, Colima, Tlaxcala, Hidalgo, and Baja California also stand out, with around 40% of missing individuals reported to be women.
With the recent discovery of the body of Debanhi Escobar, an 18-year-old young woman who disappeared in Nuevo Leon at the beginning of April, the staggering rise in the disappearances of women and girls throughout the country has become even more evident.
Just in the last month, at least nine other women and girls had disappeared in the Monterrey metropolitan area as the search for Escobar continued. Across Mexico, approximately 24,000 women are missing according to official figures. This phenomenon encapsulates issues such as sexual violence, femicides, human trafficking, and sexual exploitation.
Although 94% of missing women are Mexican, the National Registry of Data on Missing or Disappeared Persons (RNPED) registered cases from Honduras, El Salvador, Guatemala, and Venezuela, baring the effects of the militarization of migration policies.
Disappearances of Central American and Caribbean migrants in Mexico tripled between 2020 and 2021, and the figures show a continued rise, according to a report by the Jesuit Migrant Service-Mexico (SJM-Mexico).
Luis Arturo Macías, director of SJM-Mexico, said that family members and migrants “don’t tend to file reports” because they believe that “nothing will happen” or because they fear damaging their immigration record.
Patterns of gender, sexuality, migration status, and socioeconomic status of victims remind us that it’s impossible to unravel this crisis without recognizing and acting upon the broad range of populations vulnerable to enforced disappearances.
Examples of this diversity of endangered groups include Mexican human rights defenders and journalists, who have disproportionately high disappearance rates. At least 30 journalists were reported missing between 2003 and 2021, and according to the UN Committee on Enforced Disappearances, none have been located.
As the list of victims grows, those responsible seem determined to push the same message through their inaction, empty rhetoric, and attacks on those who denounce the current security crisis: in Mexico, anyone can disappear.
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