Martha Daniela Guerrero
Las autoridades de la ciudad de Nueva York informaron recientemente de una “ola inédita” de casi 3000 migrantes centroamericanos y sudamericanos, los cuáles han llegado en autobús desde estados fronterizos como Texas y Arizona.
Un portavoz del alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que la ciudad comenzó a notar un aumento de solicitantes de asilo en los albergues de la ciudad a finales de mayo. De acuerdo a información analizada por City Limits, a finales de la semana pasada, el número de personas alojadas en albergues del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de Nueva York superó los 50,000, en comparación con 46,591 a principios de año.
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La llegada de aproximadamente 2,800 migrantes procedentes de países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Haití, Guatemala y El Salvador ha impulsado el incremento de la población alojada en albergues, según funcionarios locales. Durante una conferencia de prensa el 21 de julio, Adams ajustó la cifra inicial de 2,800 a “casi 2,500.”
En un reciente memorándum, la organización sin fines de lucro, Legal Aid Society, pidió datos que respaldaran la cifra de migrantes en el sistema de albergues que Adams presentó. El Comisionado del Departamento de Servicios Sociales, Gary Jenkins, ha calificado el número de solicitantes de asilo entrantes como “una estimación” basada en “un examen de tendencias” y “entrevistas con las familias durante sus evaluaciones de vivienda.”
La semana pasada, el alcalde de Nueva York acusó a los gobiernos de Texas y Arizona de enviar autobuses llenos de migrantes, diciendo que estos líderes Republicanos han dirigido a viajeros a la Costa Este en lugar de proporcionarles asilo en sus estados.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, conocidos por sus políticas anti-migratorias, han hecho público su expulsión de miles de solicitantes de asilo a estados Demócratas como forma de teatro político, sobre todo a Washington D.C. El mes pasado, el Washington Examiner informó de que Texas había enviado 65 autobuses de migrantes a la capital del país, y Arizona había enviado 14.
Las quejas de Adams se sumaron a las declaraciones realizadas recientemente por la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, quien afirmó que los solicitantes de asilo enviados en autobús desde Texas estaban poniendo a prueba la capacidad de los albergues de la capital. Instó al gobierno federal a ayudar a “evitar que la gente sea manipulada para subir a autobuses” a D.C.
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Sin embargo, la semana pasada los gobernadores de Texas y Arizona rebatieron las acusaciones de Adams. Un portavoz del gobernador Abbot dijo que, aunque el número total de migrantes enviados a D.C. superaba los 5,500, Texas no había enviado gente a Nueva York.
“Todas las comunidades estadounidenses son comunidades fronterizas hasta que el Presidente Biden asegure nuestra frontera sur,” dijo la portavoz de Abbot, Renae Eze, encarnando la retórica anti-migratoria que ha ganado terreno entre los gobiernos Republicanos para infundir miedo a sus electorados.
Además, al realizar múltiples entrevistas con migrantes a su llegada, Legal Aid Society descubrió que, en lugar de boletos patrocinados por el gobierno, las personas reportaron haber recibido asistencia para viajar a Nueva York por parte de organizaciones sin fines de lucro y comunitarias en los estados de la frontera sur.
En entrevista con City Limits, la organización sin fines de lucro Miles4Migrants dijo que había comprado vuelos para casi 4,500 pasajeros en los primeros seis meses de 2022, con un total de 1,269 pasajeros volando a la ciudad de Nueva York hasta el 15 de julio.
Venezolanos y Ayuda a la Inmigración (VIA), una organización que apoya a desplazados y solicitantes de asilo, dijo en entrevista con City Limits que ha sido contactada por cerca de 3,000 personas en la ciudad de Nueva York, y que el 90% de las llamadas provienen de migrantes recién llegados de la frontera sur.
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“Estamos todos juntos en esto para hacer frente a esta llegada de personas inocentes que buscan asilo o huyen de guerras y crisis en sus propios países,” dijo Adams durante una conferencia de prensa la semana pasada. “Nueva York es uno de los pocos estados donde se tiene derecho a asilo. En otros lugares, todo lo contrario, esos estados fronterizos que están obligando a la gente a salir […] terminaron aquí porque no recibieron apoyo allá.”
Como un estado con derecho a asilo, Nueva York está obligado por ley a proporcionar alojamiento inmediato a cualquiera que llegue antes de las 10 de la noche a un albergue. Sin embargo, la semana pasada Adams tuvo que responder a un incidente en el que se vieron involucradas cuatro familias sudamericanas y centroamericanas que fueron rechazadas de los albergues de la ciudad y obligadas a dormir en el suelo de un centro de asistencia en el Bronx.
El Centro de Asistencia para la Prevención y Vivienda Temporal (PATH) está destinado únicamente a ser un punto de entrada al sistema de albergues donde se procesan solicitudes, no un lugar para alojar a quienes necesitan refugio. El alojamiento en centros de asistencia está prohibido por la ley local, así como por un dictamen judicial de 2008.
El 19 de julio, la Oficina del alcalde emitió un comunicado de prensa sobre la repentina llegada de 2,800 migrantes y la saturación del sistema de albergues, pero no hizo mención alguna sobre estadías ilegales en centros de asistencia. Legal Aid Society denunció el comunicado de Adams como una táctica de relaciones públicas para posicionar a su gobierno de manera favorable ante el público.
A pesar de defensas y relativizaciones iniciales, los funcionarios de la ciudad, incluidos Adams, Jenkins y el Comisionado de Asuntos de Inmigrantes, Manuel Castro, reconocieron que la ciudad había violado la ley de derecho al refugio al no proveer acceso a albergues a por lo menos cuatro familias.
“Tuvimos una ola. […] Debimos haberlo hecho mejor,” dijo Adams. “Violamos la ley.”
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Aunque Adams afirmó que la capacidad de la ciudad para albergar a quienes no tienen vivienda se ha visto comprometida por la afluencia de solicitantes de asilo latinoamericanos, defensores han criticado a las autoridades locales por culpar a los propios migrantes por la aglomeración, desviando la atención de problemas de gestión preexistentes.
Hace una semana, Legal Aid Society informó que, durante una reciente reunión privada, la administración de Adams reconoció problemas como escasez de personal, largas filas y falta de trabajadores de habla hispana en la mayoría de los albergues.
Otros factores estructurales de mayor alcance, tales como el aumento de rentas, obstáculos burocráticos para el uso de subsidios de alquiler, mecanismos insuficientes para prevenir la discriminación residencial, pocos abogados representando a moradores de bajos ingresos en los tribunales de vivienda y escasas propiedades accesibles también han contribuido a la crisis del sistema de albergues.
Por último, dado que los extranjeros sin estatus legal no pueden beneficiarse de la mayoría de los programas de asistencia de renta, muchos solicitantes de asilo latinoamericanos tienen dificultades para encontrar viviendas permanentes, lo que ha dejado a muchos atrapados en albergues de manera indefinida.
Aunque funcionarios del gobierno neoyorquino aseguraron que el hecho de no albergar a unas cuantas familias era un error relativamente pequeño frente a los 2,800 solicitantes de asilo que se calcula han llegado a la ciudad, entrevistas con migrantes realizadas por Legal Aid Society, News 4 I-Team y otros medios de comunicación y organizaciones locales revelaron una realidad diferente.
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Al menos otras trece familias de migrantes aseguraron haber vivido en centros de asistencia y haber dormido en el suelo durante varios días seguidos.
“Había mucha gente en el suelo. No es mentira. Había al menos 80 personas en el suelo,” dijo Leonardo Mayora en entrevista con News 4 I-Team. Junto con su mujer y su hijo de tres años, Mayora cruzó la frontera con Texas a principios de julio tras un viaje de seis meses desde Venezuela, un país que atraviesa una profunda crisis económica bajo un régimen autoritario.
Una iglesia de Texas inicialmente pagó el boleto de autobús de los Mayora a Washington, D.C., y otra iglesia les ofreció un segundo boleto de autobús a Nueva York. Cuando llegaron por primera vez al centro de asistencia PATH, Mayora dijo que les dijeron que no había espacio, lo que obligó a su familia a dormir en el suelo del 15 al 20 de julio.
Las personas buscando refugio en el Bronx describieron un sistema caótico y desbordado. Mientras esperaba en la fila para obtener refugio la semana pasada, Erika Vargas, una solicitante de asilo de Colombia, dijo que a su hijo adulto se le negó la entrada a un albergue de la ciudad donde habían sido admitidos previamente. Su hijo se vio obligado a pasar la noche en una estación de metro.
“Ha sido muy duro, sinceramente […] Necesito que mi hijo esté conmigo,” dijo Vargas en entrevista con el New York Daily News.
Cuando medios de comunicación locales presionaron al alcalde sobre informes de docenas de familias que se habían quedado fuera de los albergues, Adams dio marcha atrás. “No tenemos conocimiento de esos casos”, dijo. “Así que si ven casos así, por favor háganoslo saber, porque nosotros no somos así, y esta administración no es así”.
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Mientras los índices récord de migración a Estados Unidos chocan con una crisis de vivienda, las autoridades de la ciudad de Nueva York han instado al gobierno federal a que aporte fondos adicionales para acoger a los solicitantes de asilo.
“Tanto para cumplir con el mandato legal del derecho a asilo como para proporcionar alojamiento y servicios de alta calidad a los que entran en nuestro sistema, la ciudad de Nueva York necesita recursos federales adicionales inmediatamente,” dijo Adams en un comunicado.
Durante una reciente conferencia de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la administración de Biden ha estado en contacto con las oficinas de Adams y de Bowser, ya que el gobierno federal “sigue estudiando sus solicitudes.”
El número exacto de solicitantes de asilo en Nueva York aún se desconoce, así como los factores que los han traído al noreste metropolitano. Hoy, las discusiones locales sobre su acogimiento plantean preguntas sobre la evolución de Estados Unidos como un destino de asilo para refugiados latinoamericanos.
Las expulsiones masivas de Abbot y Ducey y las “advertencias” de Adams y Bowser sobre la desestabilización de servicios públicos forman parte de la misma política anti-migratoria que hoy cobra fuerza en Estados Unidos. Quienes buscan asilo en el hemisferio continúan siendo caracterizados como invasores que drenan recursos sin posibilidad de asimilarse a la sociedad estadounidense.
Mientras Adams y Bowser se dedican a culpar a otros y Ducey y Abbot explotan el populismo anti-migratorio, tanto Demócratas como Republicanos siguen borrando los nexos entre la historia de intervención económica, militar y política de Estados Unidos en América Latina y los crecientes flujos migratorios procedentes de esta región.
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Latin American Asylum Seekers Arrive in New York City
Martha Daniela Guerrero
New York City authorities have recently reported an “unprecedented surge” of nearly 3,000 Central and South American migrants arriving by bus from southern border states.
A spokesperson for New York City Mayor Eric Adams said that the city began noticing an uptick in asylum seekers at city shelters in late May. Data tracked by City Limits revealed that by the end of last week, the number of people staying in New York’s Department of Homeless Services shelters surpassed 50,000, up from 46,591 at the start of the year.
Approximately 2,800 arriving migrants from countries like Colombia, Venezuela, Nicaragua, Haiti, Guatemala, and El Salvador have fueled a shelter population spike according to city officials. During a press conference on July 21, Adams adjusted the initial 2,800 figure to “nearly 2,500” arrivals.
In a recent memo, nonprofit Legal Aid Society asked for data to back up Adams’ figure of migrants entering the shelter system. The number of incoming asylum seekers has been characterized as “definitely an estimate” by Department of Social Services Commissioner Gary Jenkins, based on “an examination of trends” and “interviews with families during their housing assessments.”
Last week, New York’s mayor accused the governments of Texas and Arizona of sending busloads of migrants, saying Republican leaders have directed travelers to the East Coast instead of providing shelter for them in their states.
Texas Governor Greg Abbott and Arizona Governor Doug Ducey, two anti-immigration hard-liners, have both publicized sending thousands of asylum seekers to Democratic strongholds as a form of political theater, most prominently to Washington, D.C. Last month, the Washington Examiner reported Texas had sent 65 busloads of migrants to the nation’s capital, and Arizona had directed 14 buses.
Adams’ grievances echoed statements recently made by D.C. Mayor Muriel Bowser, who said that asylum seekers bused from Texas were straining the capital’s shelter capacity. She urged the federal government to help “prevent people from being tricked into getting on buses” to D.C.
However, last week Texas and Arizona governors both rebuffed Adams’ accusations. A spokesperson for Governor Abbot said that while the total number of migrants sent to D.C now exceeded 5,500, Texas hadn’t sent people to New York.
“Every American community is a border community until President Biden secures our southern border,” said Abbot spokeswoman Renae Eze, embodying the racialized anti-immigration rhetoric that has gained traction across Republican governments to fearmonger constituents.
Additionally, upon conducting multiple interviews with arriving migrants, Legal Aid Society found that rather than government-sponsored tickets, people reported receiving traveling assistance to New York from nonprofits and community organizations across southern border states.
In an interview with City Limits, the nonprofit Miles4Migrants said it has purchased flights for nearly 4,500 applicants in the first six months of 2022, with a total of 1,269 migrants flying to New York City as of July 15.
Venezuelans and Immigration Aid (VIA), an organization that supports displaced people and asylum seekers, said in an interview with City Limits that it has been contacted by about 3,000 people in New York City, with 90% of calls coming from migrants who recently arrived from the southern border.
“We are all in this together to deal with this influx of innocent people who are seeking asylum or fleeing wars, who are fleeing crises in their own country,” said Adams during a press conference last week. “New York is one of the few states where you have right to shelter. The other places, just the opposite, those bordering states that are forcing people out […] They ended up here because they didn’t get the support there.”
As a right-to-shelter state, New York is required by law to provide same-day refuge to anyone who arrives by 10 p.m. at a shelter. However, last week Adams had to respond to an incident involving four South and Central American families that were turned away from city shelters and forced to sleep on the floor of a Bronx intake center.
The Prevention Assistance and Temporary Housing Center (PATH) is intended only as an entry point to the shelter system where applications are processed, not as a place to house people overnight. Stays at PATH are prohibited by local law, as well as a 2008 Court settlement.
On July 19, the Mayor’s Office issued a news release on a sudden surge of 2,800 migrants crowding the shelter system, but made no mention of any illegal PATH sleepovers. Legal Aid Society denounced Adams’ press announcement as a preemptive public relations fix.
Despite initial defenses and relativizations, city officials, including Adams, Jenkins, and Immigrant Affairs Commissioner Manuel Castro, ultimately acknowledged that the city had violated the right-to-shelter law with at least four families unable to access timely refuge.
“We had a surge. […] We should have done better,” said Adams. “We violated the letter of the law.”
While Adams said the city’s ability to provide shelter has been compromised by an influx of Latin American asylum seekers, advocates have decried local authorities for blaming the shelter crowding on migrants, deflecting from preexisting management issues.
A week ago, Legal Aid Society reported that during a recent closed-door meeting, the Adams administration acknowledged issues such as staff shortages, long lines, and a lack of Spanish-speaking personnel in shelters.
Larger structural factors such as rent spikes, bureaucratic hurdles to using rental vouchers, weak prevention mechanisms for source-of-income discrimination, few lawyers representing low-income dwellers in housing courts, and scant affordable housing have also driven the shelter backlog.
Lastly, since non-citizens without legal status don’t qualify for most rental assistance programs, Latin American asylum seekers are now struggling to find permanent housing, leaving many stuck in shelters indefinitely.
As government officials assured the public that failing to house a few families was a relatively small error considering the estimated 2,800 Central and South American asylum seekers coming into the city, interviews with migrants conducted by Legal Aid Society, the News 4 I-Team, and other local news outlets and nonprofits revealed a different reality.
At least thirteen additional migrant families have reported living at intake centers and sleeping on the floor for multiple days at a time.
“There was a lot of people on the floor. No lie. There were at least 80 people on the floor,” said Leonardo Mayora in an interview with News 4 I-Team. Along with his wife and 3-year-old son, Mayora crossed the border into Texas earlier in July after a six-month journey from Venezuela, a country weathering a deep economic crisis under an authoritarian regime.
A Texas church initially paid the Mayora’s bus fare to Washington, D.C., and another church offered them a second bus ticket to New York. When they first arrived at PATH, the Mayoras said they were told there was no space, which forced them to sleep on the floor from July 15-20.
People seeking shelter in the Bronx described a chaotic, overwhelmed system. While waiting in line for refuge last week, Erika Vargas, an asylum seeker from Colombia, said her adult son was denied entry to a city shelter where they had previously been admitted. Her son was forced to spend the night in a subway station.
“It’s been really hard honestly […] I need my son to be with me,” said Vargas in an interview with New York Daily News.
When local outlets pushed the Mayor on accounts of dozens of families being locked out of shelters, he appeared to backtrack. “We’re not aware of those cases,” said Adams. “So if you see cases like that, please let us know, because that is not who we are, and that is not what this administration is about.”
As record levels of migration to the US clash against a housing crisis, New York City officials have urged the federal government for additional funds to accommodate asylum seekers.
“To both meet the legal mandate as a right-to-shelter city and provide high-quality shelter and services for those who enter our system, New York City needs additional federal resources immediately,” said Adams in a statement.
During a recent briefing, White House press secretary Karine Jean-Pierre said the Biden administration has been in touch with both Adams’ and Bowser’s offices as the federal government “continues to look into their requests.”
The exact number of asylum seekers in New York remains unknown, as well as the factors bringing them into the urban Northeast. Today, local discussions about their sheltering raise questions about the evolution of the US as a destination for Latin American asylum seekers.
Abbott’s and Ducey’s massive expulsions and Adams’ and Bowser’s “warnings” about the destabilization of public services reflect anti-immigration sentiments and policies that continue to spread throughout the US. Asylum seekers in the hemisphere today continue to be characterized as dependent, unassimilable resource drainers.
As Adams and Bowser play the blame game and Ducey and Abbot capitalize on anti-immigration populism, both Democrats and Republicans continue to erase key connections between a sustained history of US economic, military, and political intervention across Latin America and rising migration flows from this region.
LM
