Martha Daniela Guerrero
En menos de dos meses, al menos cinco periodistas han sido asesinados en México, marcando lo que muchos temen será un año particularmente violento para el asediado gremio mediático. Aunque esta continua brutalidad forma parte de una historia más amplia, hoy en día los periodistas mexicanos se enfrentan a presiones extraordinarias que han vuelto su trabajo cada vez más peligroso y precario.
Ocupando el puesto 143 de 180 países en el Índice Global de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, México es actualmente considerado el país más peligroso del hemisferio occidental para ejercer periodismo, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa.
Desde el año 2000, al menos 145 periodistas han sido asesinados en el país, con un índice de impunidad que supera el 98% en el caso de los trabajadores de medios de comunicación.
Al reportar sobre autoridades gubernamentales, empresas y grupos criminales, cuyos intereses a menudo se solapan, los periodistas en México se enfrentan a formas simultáneas de violencia: económica, psicológica y física. Los asesinatos y las desapariciones han surgido como prácticas sancionadas en todo el país para silenciarlos.
La mayoría de los asesinatos son dirigidos a reporteros tras investigaciones sobre vínculos entre el crimen organizado y miembros de la clase política.
Los nombres de José Luis Gamboa Arenas, Lourdes Maldonado López y Alfonso Margarito Martínez Esquivel llevaban tiempo apareciendo en los medios de comunicación mexicanos. En menos de tres semanas este año, los tres periodistas fueron asesinados violentamente. Maldonado, una veterana locutora de Tijuana que recientemente había ganado un litigio de nueve años por despido injustificado contra una empresa de televisión propiedad del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se había presentado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador hace menos de dos años, diciendo que temía por su vida debido a posibles represalias de Bonilla. Comprometida a denunciar la violencia y la corrupción durante años, antes de su muerte la periodista dirigía un canal independiente de noticias locales de Facebook, llamado Brebaje con Lourdes Maldonado.
Gamboa, quien lanzó el sitio de noticias digital local El Regional del Norte, fue apuñalado a principios de enero. Al informar sobre las conexiones entre el crimen organizado y las élites políticas de Veracruz, el periodista local había cubierto ampliamente la transformación del estado sureño en una puerta de entrada de fentanilo. “Cuando la prensa mexicana exhibe vínculos entre actores políticos o empresariales con el narcotráfico, lo ideal es que las autoridades abran una investigación,” escribió Gamboa meses antes de su muerte. “En México sucede al revés. El Estado y sus instituciones investigan y acosan al periodista que denuncia, si es que no lo matan antes.”
Apenas unas semanas tras el asesinato de Maldonado y Gamboa, Martínez, un fotoperiodista independiente de Tijuana, fue asesinado a tiros frente a su casa tras recibir múltiples amenazas. Además de trabajar para la revista local Semanario Zeta, Martínez colaboraba con medios de comunicación extranjeros como la BBC, el San Diego Union-Tribune y el LA Times. Tras ser amenazado y acosado el año pasado, pidió al estado de Baja California que le proporcionara protección, pero su solicitud se retrasó. Martínez acudió entonces al programa federal, que tomó nota de las amenazas que recibía pero no le proporcionó ninguna protección.
Aunque existen programas de protección para periodistas en México, carecen de fondos suficientes, incluso a nivel federal. “Lo que el gobierno destina a la protección de los periodistas es menos de lo que gasta en béisbol,” dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas. Aunque funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, financiado por el gobierno desde hace 10 años, defienden la eficacia del programa para proteger a varios reporteros, fotógrafos y activistas amenazados, sus críticos han reprochado su limitada escala y difusión.
Las autoridades mexicanas se han beneficiado de una narrativa singular que culpa plenamente a los cárteles y a organizaciones criminales por cualquier asesinato de trabajadores de prensa en el país, absolviendo al Estado de su destacable papel en el debilitamiento de la seguridad de los periodistas, así como del derecho de los ciudadanos a la libertad de prensa. Trágicamente, una parte importante de las amenazas contra los trabajadores de los medios de comunicación proceden de funcionarios de gobierno.
Tras haber documentado los asesinatos de periodistas en México, la organización no gubernamental Artículo 19 señaló que alrededor del 40% de los asesinatos se atribuyen a funcionarios públicos locales y estatales, incluidos alcaldes, líderes municipales, policías, militares y fuerzas de seguridad. Debido a la significativa proporción de asesinatos cometidos a nivel local, muchos periodistas tienden a optar por protecciones federales. Sin embargo, las evaluaciones de riesgo tanto estatales como federales han sido denunciadas como insuficientes y negligentes, con comunicadores recibiendo un botón de pánico, chalecos antibalas y detalles de seguridad con horarios reducidos, en el mejor de los casos.
“Se necesitan medidas integrales, es decir, que vayan más allá de políticas de protección que terminan poniendo la responsabilidad en la víctima,” dijo Juan Vázquez, director de comunicación de Artículo 19 en México y Centroamérica. “Se requieren mecanismos de prevención más fuertes, así como identificar a los instigadores y hacer frente a la impunidad.”
Poco después de los tres trágicos asesinatos a principios de año, siguieron más actos de violencia. A finales de enero, Roberto Toledo fue abatido a tiros en Michoacán, elevando la cifra de periodistas asesinados a cuatro en 2022. Toledo trabajaba para el sitio de noticias Monitor Michoacán, que cubría corrupción en el gobierno del estado, así como los crecientes niveles de violencia. Poco después de su asesinato, cerca de la escena del crimen se colocaron carteles que amenazaban a Monitor Michoacán, firmados por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Tras la muerte de Toledo, el portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez, afirmó en un tweet que el trabajador fallecido era, en realidad, un asistente de un despacho de abogados, no un periodista. Estalló la polémica, ya que muchos periodistas y activistas denunciaron que el gobierno federal constantemente desestima los asesinatos contra miembros de los medios de comunicación como un fenómeno generalizado. Tras una investigación que arrojó varias notas de Toledo, el sitio de noticias Aristegui Noticias de México desmintió rápidamente la campaña de desinformación de Ramírez.
Sin embargo, este intento de relativización reveló cómo, incluso durante uno de los períodos más mortíferos para los periodistas en la historia de México, las autoridades de todos los niveles siguen desestimando la creciente magnitud y naturaleza sistémica de la violencia contra los medios de comunicación. Cuando América Latina se erigió como la región más peligrosa para periodistas en 2020 y 2021, México concentró 80% de los asesinatos de periodistas, junto con Colombia, Honduras y Brasil, según datos recabados por Reporteros sin Fronteras.
“El clima es adverso para la prensa, porque se les coloca en un falso lugar de privilegio, que no tienen en absoluto. Suelen trabajar en condiciones tan precarias que suelen recurrir a otros empleos para complementar sus escasos salarios,” dijo Vázquez, quien subrayó cómo las autoridades políticas y judiciales suelen desviar la atención de las muertes de periodistas, apuntando a una violencia aleatoria no relacionada con su cobertura. “El Estado se posiciona como víctima y no como responsable directo de la violencia.”
Cuando el periodista oaxaqueño Heber López Vásquez fue asesinado a tiros a principios de febrero, ya habían estallado manifestaciones nacionales por parte de periodistas y activistas. En 2014, López había lanzado Noticias Web, una página de Facebook de noticias locales que cubría las políticas estatales en la región del Pacífico. El reportero independiente, abiertamente crítico sobre los políticos locales de la región de Tehuantepec, cubría principalmente noticias de delincuencia y seguridad.
En las últimas semanas, periodistas, activistas de derechos humanos y miembros del público se manifestaron con marchas, vigilias y reuniones virtuales en todo México. Una muestra de solidaridad tan grande no tenía precedentes desde el asesinato del galardonado periodista Javier Valdez en 2017.
Además de las marchas en más de 40 ciudades, las redes sociales se inundaron de declaraciones de apoyo bajo los hashtags #NiSilencioNiOlvido, #PeriodismoEnRiesgo y #NoseMataLaVerdad. “Las primeras seis semanas de 2022 han sido las más mortíferas para la prensa mexicana en más de una década,” twitteó Hootsen respecto a la escalada de violencia. “Cinco periodistas fueron asesinados, dos sobrevivieron a un atentado, varios otros denunciaron amenazas de muerte.”
En la Ciudad de México, cientos se concentraron frente a la Secretaría de Gobernación. Colectivos de reporteros y trabajadores de medios de comunicación desplazados colgaron pancartas en la entrada, exigiendo justicia por sus colegas asesinados. Los periodistas se reunieron en torno a un micrófono, compartiendo los dolorosos sacrificios y agravios de su peligrosa profesión, especialmente en el ámbito local. Entre la gran multitud, se impuso un mismo canto: “¡No se mata la verdad matando periodistas!”
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Cuando Heber López aún no había sido enterrado, el presidente López Obrador ya se embarcaba en una batalla autocrática contra los medios mexicanos. Conocido por abusar continuamente de su función ejecutiva para incitar a la violencia y acosar personalmente a periodistas, el líder mexicano ha categorizado cada vez más los esfuerzos para exponer actos de corrupción, hacer que su gobierno rinda cuentas y verificar sus declaraciones como “ataques políticos” orquestados por una misteriosa “mafia conservadora.”
Como uno de los presidentes más hostiles del hemisferio hacia los medios de comunicación, López Obrador pasa ahora la mayor parte de sus mañanas desdeñando artículos e investigaciones periodísticas en sus conferencias diarias, que incluso cuentan con un segmento de “Mentiras de la semana” dedicado a insultar a medios, artículos y periodistas por su cobertura “distorsionada” e “inmoral.”
Además de la indiferencia del gobierno mexicano ante la ola de asesinatos de periodistas, AMLO ha alimentado el fuego de esta misma violencia. Recientemente, ante un incómodo reportaje del renombrado periodista Carlos Loret de Mola en el que se expuso un grave conflicto de intereses involucrando a su propio hijo, el presidente lo calificó como un “periodista corrupto y golpista” y un “mercenario sin principios.” Días después, atacó a la elogiada reportera de investigación Carmen Aristegui, acusándola de conspirar en su contra y “a favor del bloque conservador.”
En un giro trágico, el presidente también ha insistido continuamente en que la indignación por el reciente repunte de asesinatos de periodistas no es más que una “táctica” de sus “enemigos” para socavar su gobierno. “Nuestros adversarios aprovechan todo para atacarnos”, dijo AMLO recientemente. “Lo que buscan siempre es aprovechar para afectarnos porque son muy perversos.”
En un contexto cada vez más peligroso para los periodistas, el Estado mexicano no sólo sanciona, sino que promueve la violencia contra quienes mantienen el compromiso de informar. Estas trágicas muertes son tan sólo la punta del iceberg. Los ataques a los periodistas en México son generalizados y se presentan de diversas formas, con la mayoría de los incidentes alejados de los titulares.
“Ser periodista en México constituye una vida precaria,” se lee en un análisis de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, en el que se destacan los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo, la falta de acceso a servicios de salud, y la doble amenaza de delincuentes y de funcionarios de gobierno como los principales retos estructurales a los que se enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación. “No podemos esperar a que las autoridades de México los defiendan, sobre todo cuando a menudo son ellos los culpables. La vida de los periodistas, así como la base de la democracia, dependen plenamente de que la sociedad mexicana cree un entorno más seguro para quienes realizan un trabajo esencial.”
En la actualidad, los trabajadores de los medios de comunicación navegan un entorno en el que el periodismo de investigación es considerado desobediente, en el que matar a un periodista no tiene consecuencias y en el que asesinar equivale a comprar silencios. Mientras informar sobre la corrupción, los abusos de poder, los conflictos de intereses y los vínculos del gobierno con organizaciones criminales equivalga a una sentencia de muerte, México seguirá siendo un país en el que se puede matar la verdad matando periodistas.
“You Can’t Kill the Truth by Killing Journalists”
Martha Daniela Guerrero
In less than two months, at least five journalists have been killed in Mexico, marking what many fear will be a particularly violent year for the country’s beleaguered press corp. While this ongoing brutality is part of a larger history, today Mexican journalists face extraordinary pressures, rendering them increasingly unsafe, economically vulnerable, and unable to do their jobs.
Ranked 143 out of 180 countries in Reporters Without Borders’ World Press Freedom Index, Mexico is currently considered the most dangerous country in the Western Hemisphere to practice journalism, according to data by the Committee to Protect Journalists, a nonprofit watchdog promoting press freedom. Since the year 2000, at least 145 journalists have been killed in the country, with an impunity rate topping 98% for murdered media workers.
Between self-censorship and harassment, journalists in Mexico face simultaneous forms of violence – economic, psychological, and physical. As they report on government authorities, companies, and organized crime groups, whose interests often overlap, murders and disappearances have emerged as sanctioned silencing practices across the country. Killings most often target reporters because of their investigations regarding links between organized crime and members of the political class.
The names José Luis Gamboa Arenas, Lourdes Maldonado López, and Alfonso Margarito Martínez Esquivel had long appeared in Mexican media. Less than three weeks into 2022, all three journalists were violently killed. Maldonado, a veteran Tijuana-based broadcaster that had recently won a nine-year-long wrongful termination dispute against a local television company owned by former Baja California governor Jaime Bonilla, had stood in front of president Andrés Manuel López Obrador less than two years ago, saying she feared for her life upon retaliation from Bonilla. Committed to denouncing violence and corruption, prior to her death the journalist hosted Brebaje con Lourdes Maldonado, an independent local news Facebook channel.
Gamboa, who launched local digital news site El Regional del Norte, was stabbed in early January. Reporting on the connections between organized crime and Veracruz’s political elites, the local journalist had extensively covered the southern state’s transformation into a fentanyl gateway. “When the Mexican press exhibits links between political or business actors with drug trafficking, authorities should ideally open an investigation,” wrote Gamboa a few months before his death. “In Mexico, it happens the other way around. The State and its institutions investigate and harass the journalist who blows the whistle, that is if they don’t kill him first.”
Mere weeks after Maldonado and Gamboa were murdered, Martínez, a Tijuana-based freelance photo-journalist, was gunned down outside his home after multiple death threats. Besides working for local magazine Semanario Zeta, Martínez collaborated with foreign news outlets like the BBC, the San Diego Union-Tribune, and the LA Times. After being threatened and harassed last year, he asked the state of Baja California to provide him with protection, but his request was delayed. Martínez then applied to a federal program, which took note of the threats he was receiving but didn’t provide him with any protection.
While protection programs for journalists in Mexico exist, they remain woefully underfunded, even at the federal level. “What the government allocates for the protection of journalists is less than what they spend on baseball,” said Jan-Albert Hootsen, Mexico’s representative for the Committee to Protect Journalists. While officials of the 10-year government-funded Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists argue the effectiveness of the program in shielding some reporters, photographers, and activists under threat, critics have consistently criticized its limited scale and outreach.
Additionally, Mexican authorities have benefited from a singular narrative that fully blames cartels and criminal organizations for any media worker killing in the country, absolving the state from its prominent role in undermining journalists’ safety as well as citizens’ right to press freedom. Tragically, a significant proportion of threats against reporters actually comes from government officials.
Having long documented journalist killings in Mexico, nonprofit organization Article 19 pointed out that around 40% of murders are attributed to local and state public officials, including mayors, municipal leaders, police, military, and security forces. Because of the large share of locally-targeted murders, many journalists tend to opt for federal protection. However, both state and federal risk assessments have been denounced as insufficient and negligent, with media workers receiving little more than a panic button, bulletproof vests, and security details with reduced schedules, in the very best of cases.
“Comprehensive measures are needed, that is, measures that go beyond protection policies, which end up placing the responsibility on the victim,” said Juan Vázquez, communications director of Article 19 in Mexico and Central America. “Stronger prevention mechanisms are needed, as well as identifying instigators and addressing impunity.”
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Shortly after the three tragic killings at the beginning of the year, more violence followed. In late January, Roberto Toledo was fatally shot in Michoacán, raising Mexico’s death toll to four journalists in 2022. Toledo had been working for news site Monitor Michoacán, which covered corruption within the state government, as well as rising levels of violence. Shortly after his murder, signs threatening Monitor Michoacán were placed near the crime scene, signed by the Cartel Jalisco Nueva Generación.
After Toledo’s death, presidential spokesman Jesús Ramírez went on to claim in a tweet that the deceased worker was, in fact, a law firm assistant, not a journalist. Controversy broke out, as many journalists and activists denounced the federal government’s dismissal of media-targeted killings as a widespread phenomenon. After an investigation that yielded several of Toledo’s bylines, Mexico’s Aristegui Noticias news site rapidly debunked Ramírez’s disinformation campaign.
However, this intended relativization revealed how even during one of the deadliest periods on record for journalists in Mexico, authorities at all levels continue to dismiss the growing scale and systemic nature of media-targeted violence. As Latin America emerged as the most dangerous region for journalists in 2020 and 2021, Mexico accounted for 80% of journalist murders, along with Colombia, Honduras, and Brazil, according to data collected by Reporters without Borders.
“The climate is adverse for the press, because they are placed in a false place of privilege, which they don’t have at all. They tend to work in conditions so precarious that they usually turn to other jobs to supplement their meager salaries,” said Vázquez, who emphasized how political and judicial authorities often divert attention from media workers’ deaths by pointing to random violence unrelated to their coverage. “The state positions itself as a victim rather than as directly responsible for the violence.”
By the time Oaxaca-based journalist Heber López Vásquez was gunned down in early February, widespread demonstrations from media workers had already erupted. Back in 2014, López had launched Noticias Web, a local news Facebook page covering state politics in the Pacific region. Openly critical of local politicians in the Tehuantepec region, the independent reporter mainly covered crime, politics, and security.
Over the past few weeks, journalists, human rights activists, and members of the public have protested through marches, vigils, and virtual meetings across Mexico. Such a large show of solidarity had been unprecedented since award-winning journalist Javier Valdez’s murder back in 2017. Besides marches in over 40 cities, social media was flooded with statements of support, many under the hashtags #NiSilencioNiOlvido (#NeitherSilenceNorOblivion) #PeriodismoEnRiesgo (#JournalismAtRisk), and #NoseMataLaVerdad (#YouCantKillThe Truth). “The first six weeks of 2022 have been the deadliest for the Mexican press in over a decade,” tweeted Hootsen regarding the escalating violence. “Five journalists were murdered, two survived an attack, and several others reported death threats.”
In Mexico City, hundreds gathered in front of the Ministry of the Interior. Collectives of reporters and displaced media workers hung banners at the entrance, demanding justice for their murdered colleagues. Journalists gathered around a microphone, sharing the painful sacrifices and grievances of their dangerous profession, particularly at the local level. Among large crowds, a single chant prevailed: “You can’t kill the truth by killing journalists!”
As Heber López was yet to be buried, president López Obrador was already embarking on yet another autocratic battle against Mexican journalists. Known for continually abusing his executive office to personally harass and incite violence against journalists, the Mexican leader has increasingly categorized efforts to expose corruption, hold his government accountable, and fact-check his statements as “political attacks” orchestrated by an obscure “conservative mafia.”
Currently one of the hemisphere’s most hostile presidents towards the media, López Obrador now spends most mornings disparaging news articles and special investigations in his daily conferences, which even feature a “Lies of the Week” segment dedicated to insulting outlets, articles, and individual journalists over “distorting” and “immoral” reporting.
Adding to the Mexican government’s indifference towards the wave of murders targeting journalists, AMLO has gone as far as to fuel the flames of violence. Recently confronted with an uncomfortable report by renowned journalist Carlos Loret de Mola exposing a multi-billion conflict of interest involving his eldest son, the president dismissed the reporter as a “corrupt, hit-job journalist, [a] mercenary without principles.” A few days later, he called out lauded investigative reporter Carmen Aristegui and accused her of being a conspirator against him and “in favor of the conservative block.”
Most recently, the president has also continually insisted that the outrage over the recent spare of murders of media workers is nothing more than a “tactic” by his “enemies” to undermine his government. “Our adversaries take advantage of everything to attack us,” said AMLO recently, who is yet to acknowledge violence against journalists as a national issue. “What they look for always is to take advantage to affect us because they are very perverse.”
Within an increasingly lethal context for journalists, the Mexican state is not only sanctioning, but also promoting violence against those committed to informing the public. These tragic deaths are only the tip of the iceberg. Attacks on journalists in Mexico are pervasive, and they come in various forms, with most incidents not even making headlines.
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“To be a journalist in Mexico is a precarious life choice,” reads an analysis by the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, which emphasized low wages, poor working conditions, lacking access to health services, and dual threats from criminals and government officials as the main structural challenges faced by media workers. “We cannot wait for Mexico’s authorities to defend them, especially when they are often the culprit. Journalists’ lives, as well as the basis of democracy, fully depend on Mexican society creating a safer environment for those doing essential work.”
Today, media workers navigate an environment in which investigative journalism is disobedient, in which killing a journalist has no consequences, and in which violent murders equal silence. As long as reporting on corruption, abuses of power, conflicts of interest, and government ties to criminal organizations equals a death sentence, Mexico will remain a country in which you can, in fact, kill the truth by killing journalists.
TW: @daniguerreroo
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LM
