“Los baños están reservados sólo para los CLIENTES. Por favor, NO los utilice si es repartidor”. Este letrero, pegado en la ventana de un restaurante del Lower East Side, encarna una práctica presuntamente común entre los negocios neoyorquinos que utilizan aplicaciones de reparto. A pesar de estar en la calle hasta doce horas al día, trabajadores de plataformas como DoorDash, UberEats, GrubHub y Relay suelen no tener acceso a los baños de los restaurantes.
En una reciente encuesta a más de quinientos repartidores, María Figueroa, directora de Investigación Laboral y Política de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell, descubrió que este problema es generalizado. “La falta de acceso a los baños es uno de los varios puntos identificados en el estudio que realmente afecta a la mayoría de los trabajadores”, dijo Figueroa.
Según cifras preliminares del Instituto del Trabajador de Cornell, casi 70% de los conductores de la ciudad de Nueva York no ha tenido acceso a baños en restaurantes durante el año pasado. Los conductores de aplicaciones de reparto dicen que a menudo tienen que volver a casa para ir al baño en medio de sus turnos, y algunos incluso hacen sus necesidades en botellas de agua porque no quieren perder trabajo.
El acceso a los baños puede parecer una pequeña concesión, pero los repartidores, liderados por el grupo de migrantes Los Deliveristas Unidos, han tardado más de un año en conseguir esta prestación básica. En una rueda de prensa celebrada el 27 de abril, concejales demócratas de la Ciudad de Nueva York, Carlina Rivera, Justin Brannan, Carlos Menchaca y Brad Lander, anunciaron un paquete legislativo destinado a proporcionar a los trabajadores de las aplicaciones de reparto protecciones y beneficios esenciales, incluyendo, por fin, disponibilidad de baños.
“Es un derecho humano esencial”, dijo Rivera. La legisladora está detrás de un proyecto de ley muy anticipado que multaría a los negocios que no permitan a los conductores entrar a sus baños hasta 100 dólares. “Los trabajadores que han arriesgado sus vidas para entregar innumerables comidas a los neoyorquinos durante la pandemia, e incluso antes de la crisis sanitaria, merecen tener acceso a comodidades básicas como un baño mientras hacen su trabajo.”
Según una revisión de un borrador de proyecto de ley por parte de THE CITY, restaurantes con baños sólo accesibles atrás de la cocina, como las pizzerías, podrían quedar exentos de sanciones. Este mismo borrador incluye al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador como ejecutor directo de esta medida, si se aprueba.
Además del acceso a los baños, los legisladores Menchaca y Lander anunciaron este martes otra serie de proyectos de ley, entre los que se incluyen medidas para establecer pagos mínimos por viaje y para garantizar que los trabajadores cobren salarios semanales sin cargos adicionales.
“Mi proyecto de ley se centra en asegurar que cada aplicación pague sus salarios inmediatamente, para asegurar que no se les cobre a los repartidores extra por ser pagados, eso es simplemente ridículo”, dijo el concejal Menchaca, presidente del Comité de Inmigración. “Vamos a regular las aplicaciones”.
El concejal Brad Lander twitteó sobre su nueva legislación para exigir a las plataformas el pago de un salario mínimo por viaje, una medida de protección actualmente en vigor para los conductores de Uber y Lyft de la ciudad. “A lo largo de la pandemia los repartidores nos han dado de comer, pero las empresas de aplicaciones los han hecho pasar hambre”, escribió Lander.
Las propuestas de Menchaca y Lander se unirán a un proyecto de ley presentado por la concejal Margaret Chin el año pasado, que obligaría a las aplicaciones de reparto a revelar el desglose de las propinas a los clientes, incluyendo qué cantidad de cada propina se utiliza para componer el salario base de los conductores.
Según datos preliminares del Instituto del Trabajador de Cornell, casi la mitad de los conductores han sufrido retrasos u otros problemas con pagos y propinas. Figueroa dice que los cálculos realizados por su equipo estiman que los trabajadores pueden perder hasta 500 dólares en salarios por semana debido al robo de propinas.
Junto con las leyes que proponen el acceso a los baños, un salario digno sin impedimentos y bolsas isotérmicas gratuitas para los trabajadores, los concejales Menchaca y Brannan presentaron un proyecto de ley que permitiría a los conductores limitar las distancias que están dispuestos a recorrer. La propuesta de ley pretende penalizar a las aplicaciones que bajen la calificación de un conductor, reduzcan el acceso a la plataforma o creen cualquier otra “consecuencia negativa” derivada de rechazar un pedido por su ubicación o de tomar una ruta alternativa a un destino.
Brannan dice que el objetivo general de este paquete es garantizar que los conductores no sean castigados por priorizar su propia seguridad en el trabajo. “Como legisladores tenemos que saber cuándo escuchar, tenemos que saber cuándo dar un paso atrás y dejar que los organizadores y los trabajadores nos digan lo que realmente está pasando ahí fuera”, dijo Brannan. “Cuando las aplicaciones se pusieron en contacto con nosotros y nos preguntaron cómo podíamos hacer las cosas bien, dijimos que antes de hablar con nosotros, los políticos, había que hablar directamente con los trabajadores, que son los que realmente viven esto día a día”.
Repartidores han dicho que desde inicios de la pandemia, las aplicaciones los han empujado a conducir distancias más largas, a llevar paquetes más pesados, y a acelerar para cumplir los reducidos plazos de entrega. ¿Cómo? A través de un sistema de puntuación que castiga a los conductores por tardar más en entregar un pedido, incluso cuando compromete su seguridad.
“A menudo nos tratan como si fuéramos autos, aunque lo único que tenemos es una bicicleta eléctrica”, dice César Solano, mensajero mexicano y cofundador de El Diario de los Deliveryboys en la Gran Manzana, una página de Facebook con más de 22,000 seguidores que informa de los problemas de los conductores, como muertes por tráfico, robos de bicicletas y condiciones de trabajo inseguras.
Solano y otros conductores dicen que el aumento de las distancias sin tiempo adicional concedido por las aplicaciones, junto con paquetes más grandes, promueven activamente prácticas de riesgo en bicicleta. DoorDash, la aplicación de entrega más grande del país, lanzó recientemente DashMart, un servicio mediante el cual, según el blog de la compañía, los clientes encontrarán “artículos de consumo, supermercados y restaurantes, desde helados y papas fritas, hasta alcohol, medicamentos, y comida para perros.”
A pesar de las promesas de DoorDash a inicios de este año de garantizar “pedidos amigables para los Dashers que entregan en bicicleta”, los trabajadores dicen que simplemente no es el caso en su día a día. “Nuestras bicicletas se vuelven pesadas, y cuanto más pesada es tu bicicleta, más peligroso es conducir largas distancias, especialmente cuando nos envían a otros barrios e incluso estados”, dijo Solano.
Los conductores dicen que a menudo tienen ventanas de tiempo muy estrechas para entregar el pedido antes de que la aplicación o los clientes los penalicen bajando sus puntuaciones. “Te bajan inmediatamente la puntuación por llegar tarde, o por rechazar un pedido porque está demasiado lejos, o porque no quieres ir a una cierta zona”, dijo Jonán Huerta, conductor mexicano y líder de Deliveristas Unidos. “Una puntuación baja significa menos trabajo para nosotros”.
Aunque ninguno de los proyectos de ley ha sido aprobado, el anuncio de esta semana por parte de varios legisladores se produjo tras meses de organización por parte de Deliveristas Unidos, un colectivo de repartidores migrantes de América Latina, África Occidental y el sur de Asia. Miembros y organizadores de Workers Justice Project, un centro de trabajadores y organización comunitaria con sede en Brooklyn que ha apoyado a Deliveristas Unidos durante el último año, han entablado múltiples conversaciones con los legisladores para dar vida a estos proyectos de ley.
“Este movimiento no dejará de luchar hasta que se cumplan todas las demandas. Pero estamos muy orgullosos de conseguir el apoyo de los legisladores para transformar el trabajo de entrega de alimentos en un trabajo que se pueda hacer con dignidad”, dijo Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Workers Justice Project. “Aunque todavía hay cuestiones importantes que no se han abordado, es la primera vez que una ciudad de Estados Unidos trata de regular el trabajo realizado por trabajadores migrantes en este sector. Esta será la forma de cerrar la desigualdad de ingresos en nuestro país.”
Desde que comenzó la pandemia, Deliveristas Unidos organizó dos grandes protestas en la ciudad de Nueva York, exigiendo condiciones de trabajo mejoradas y más seguras. El pasado mes de octubre, más de seiscientos repartidores recorrieron Broadway en bicicleta hasta el Ayuntamiento, denunciando el robo de propinas por parte de las aplicaciones, la falta de acceso a los baños de los restaurantes y a refugios en caso de clima extremo, paquetes más pesados y distancias más largas durante la pandemia sin tiempo extra para entregar los pedidos. Hace menos de dos semanas, más de mil conductores recorrieron exactamente la misma ruta, pidiendo ahora a los legisladores de la ciudad y del estado que regulen a las aplicaciones y les exijan que ofrezcan beneficios y protecciones básicas a sus conductores.
El concejal Menchaca estuvo en ambas protestas, y los concejales Rivera y Lander estuvieron en la protesta de este mes, junto con miembros del sindicato de trabajadores de comida rápida 32BJ SEIU. Durante esa reciente protesta, Guallpa se refirió al paquete legislativo recientemente anunciado, que incluye el acceso a los baños, mecanismos de verificación de propinas, límites de distancia y peso para las entregas, y un sistema para disputar bajo de puntuaciones y despidos injustificados.
No se ha introducido ninguna ley que otorgue un seguro de robo de bicicletas eléctricas o una indemnización por riesgo, a pesar de que conductores y activistas afirman que el robo de bicicletas y los asaltos violentos siguen siendo una preocupación importante entre los repartidores. En el estudio de Figueroa que publicará este año el Instituto del Trabajador de Cornell, más de la mitad de los trabajadores sufrieron robos de al menos una bicicleta en el último año, y casi un tercio fueron víctimas de violencia durante el robo. Sin embargo, el resto de las principales demandas de Deliveristas Unidos se abordaron en este recién anunciado paquete de proyectos de ley.
“Hoy es un día importante para nuestro movimiento. Estamos avanzando en nuestra lucha por derechos esenciales”, dijo Gustavo Ajche, repartidor y líder de Deliveristas Unidos. “Este paquete aportará algunas protecciones esenciales, pero aún queda mucho por hacer. Un tema en el que esperamos trabajar con legisladores es la creación de un plan de medidas de seguridad para proteger a los repartidores contra los robos de bicicletas, los asaltos y otros delitos en la calle que ponen en riesgo nuestras vidas.”
After a Year Demanding Better Working Conditions, Delivery Workers May Finally See Some Changes
“Restrooms are reserved for CUSTOMERS only. Please do NOT use if you are a driver.” This sign, taped to the window of a Lower East Side restaurant, embodies a reportedly common practice among New York City businesses that use delivery apps. Despite being out in the streets for up to twelve hours a day, drivers for platforms such as DoorDash, UberEats, GrubHub, and Relay are often not allowed to access restrooms across restaurants.
In a recent survey of over five hundred delivery workers, Maria Figueroa, Director of Labor and Policy Research at Cornell University’s School of Industrial and Labor Relations, found this issue to be widespread. “Lack of access to restrooms is one of various issues identified in the study that affects a majority of workers,” said Figueroa.
According to preliminary data from Cornell’s Worker Institute, nearly 70% of drivers in New York City were denied restroom access by restaurants over the past year. Drivers across delivery apps say they often have to go back home to use the restroom in the middle of their shifts, and some even reported relieving themselves in water bottles because they don’t want to lose work.
Access to restrooms may sound like a small concession, but it has taken delivery workers, led by immigrant-led grassroots group Los Deliveristas Unidos, more than a year to ensure this basic benefit. In a press conference on April 27, Democratic NYC Council members Carlina Rivera, Justin Brannan, Carlos Menchaca, and Brad Lander, announced a legislative package set to provide delivery app workers with essential protections and benefits — including, finally, available restrooms.
“It’s an essential human right,” said Rivera. The legislator is behind a highly anticipated bill that would fine businesses who don’t allow delivery app drivers to enter their restrooms up to $100. “Workers who have risked their lives to deliver countless meals to New Yorkers during the pandemic, and even before the health crisis, deserve access to basic amenities like a bathroom while on the job.”
According to a review of a bill draft by THE CITY, eateries that have restrooms only accessible through the kitchen, such as pizzerias, may be ultimately exempted from penalties. This same draft includes the Department of Consumer and Worker Protection as the direct enforcer of this measure, if passed.
In addition to restroom access, lawmakers Menchaca and Lander announced another set of bills this week, including measures to establish minimum per-trip payments and to ensure that workers are paid weekly without additional fees.
“My piece of legislation is really focused on ensuring that every app brings workers’ salaries immediately, to ensure that they don’t get charged extra for simply getting paid, that’s just ridiculous,” said Councilmember Menchaca, Chair of the Immigration Committee. “We’re gonna regulate the apps.”
Councilmember Brad Lander tweeted about his upcoming legislation requiring companies to pay minimum wages per trip, a protective measure currently in place for the city’s Uber and Lyft drivers. “Throughout the pandemic delivery workers have been feeding us, but app companies have been starving them,” Lander wrote.
Menchaca and Lander’s proposals will join a bill introduced by Councilmember Margaret Chin last year, which would make delivery apps disclose tip breakdowns to customers, including what amount of each tip is used to make up drivers’ base pay.
According to preliminary data by Cornell’s Worker Institute, nearly half of drivers have experienced delays and other issues with payments and tips. Figueroa says her team’s calculations have estimated that workers may lose up to $500 in wages per week because of tip theft.
Along with laws proposing restroom access, a living wage without impediments, and free insulated bags for workers, Councilmembers Menchaca and Brannan presented a bill that would allow drivers to limit the distances they’re willing to travel. The proposed law seeks to penalize apps lowering a driver’s ratings, reducing access to the platform, or any other “negative consequence” resulting from turning down an order because of its location or taking an alternate route to a destination.
Brannan says through the overall goal of this package is to ensure drivers aren’t punished for prioritizing their own safety on the job. “As legislators, we need to know when to listen, we need to know when to take a step back and let the organizers and workers tell us what’s actually happening out there,” said Brannan. “When apps reached out to us and asked, how do we make this right? We said before you talk to us politicians, you need to talk to the workers directly, who are living this day in and day out.”
Workers have continually said that since the pandemic began, apps have increasingly pushed them to drive longer distances, carry larger packages, and race to meet short delivery windows. How? Through a rating system that punishes drivers for taking longer to deliver an order, even when it compromises their safety. “They often treat us like cars, even though all we have is an e-bike,” said César Solano, Mexican courier and co-founder of El Diario de los Deliveryboys en la Gran Manzana, a Facebook page with over 22,000 followers that reports issues for drivers, including traffic deaths, bike robberies, and unsafe working conditions.
Solano and other drivers say increased distances with no additional time granted by apps, paired with larger packages, actively promote risky biking practices. DoorDash, the largest delivery app in the country, recently launched DashMart, a convenience store service where, according to the company blog, customers will find “convenience, grocery, and restaurant items, from ice cream and chips, to cough medicine and dog food.”
Despite pledges from DoorDash earlier this year to ensure “bike-friendly orders to Dashers who deliver by bike,” workers say this is simply not the case on the ground. “Our bikes get heavy, and the heavier your bike is, the more dangerous it is to drive long distances, especially when they send us across boroughs and even states,” said Solano.
Drivers say they often have extremely limited time frames to deliver orders before either the app or customers penalize them by lowering their ratings. “It immediately lowers your ratings to be late, or to reject an order because it’s too far, or because you don’t want to go to a certain area,” said Jonán Huerta. Mexican driver and leader of Deliveristas Unidos. “Lower ratings mean less work for us.”
Even though none of the bills has been passed, this week’s announcement by multiple lawmakers comes after months of organizing by Deliveristas Unidos, a collective of immigrant drivers from Latin America, West Africa, and South Asia. Members and organizers of Workers Justice Project, a Brooklyn-based worker center and community organization that has supported Deliveristas Unidos over the past year, have engaged in multiple conversations with legislators to bring these bills to life.
“This movement won’t stop fighting until all their demands are met. But we’re very proud to get lawmakers’ support in transforming food delivery work into a job that can be done with dignity,” said Ligia Guallpa, Executive Director of Workers Justice Project. “While there are still important issues unaddressed, it’s the first time any city in the United States has sought to regulate the work performed by migrant gig workers. This will be the way that we close income inequality in our country.”
Since the pandemic began, Deliveristas Unidos staged two large protests in New York City, demanding better and safer working conditions. Last October, over six hundred couriers biked down Broadway to City Hall, denouncing tip theft from apps, no access to restaurant restrooms and shelter from extreme weather, heavier packages, and longer distances during lockdown without any extra time to deliver orders. Less than two weeks ago, more than a thousand drivers biked through the same route, now asking city and state legislators to regulate delivery apps and make them offer drivers essential benefits and protections.
Councilmember Menchaca went to both marches, and Councilmember Rivera and Lander were at this month’s protest, along with members of fast-food worker union 32BJ SEIU. During that recent protest, Guallpa referred to the recently announced legislative package, including access to restrooms, tip verification mechanisms, limits on distance and weight for deliveries, and a system to dispute ratings and wrongful terminations.
No laws awarding e-bike robbery insurance or hazard pay have been introduced, even though drivers and advocates say e-bike theft and violent assaults remain an important concern among delivery workers. In Figueroa’s study to be published later this year by Cornell’s Worker Institute, over half of the surveyed workers had at least one bike stolen over the past year, and nearly one-third were victims of violence during the robbery. However, the rest of Deliveristas Unidos’ main demands are addressed in this newly announced set of bills.
“Today is an important day for our movement. We are making progress towards winning essential rights,” said Gustavo Ajche, delivery worker and leader of Deliveristas Unidos. “This package will bring some essential protections, but there is still much more to do. One issue that we look forward to working on together is building a safety measure plan to protect delivery workers against bike robberies, assault, and other street crimes that is putting our lives at risk.”
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