Martha Daniela Guerrero
Minutos antes del mediodía, un grupo de conductores con mochilas isotérmicas de DoorDash, UberEats y otras aplicaciones de reparto, se apresuraron a llegar a City Hall Park. Caminando junto a sus bicicletas eléctricas en el sofocante calor del día, hombres y mujeres de América Latina, África Occidental y el sur de Asia lucían camisetas negras a juego con la imagen dibujada de la cara de un repartidor.
En el casco del repartidor se apreciaba un letrero que decía “Demandas”, y en el pañuelo que cubría su nariz y su boca destacaban seis pequeñas leyendas: 1) acceso a los baños; 2) protección contra el robo de bicicletas electrónicas; 3) que las empresas de aplicaciones revelen las propinas; 4) salarios reales y prestaciones por accidentes; 5) límites de peso y distancia; y 6) un proceso justo para disputar puntajes y despidos. Las camisetas también mostraban un cartel rojo en la parte inferior: Los Deliveristas Unidos.
El 8 de junio, miembros de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Licencias Comerciales del Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York realizaron una audiencia virtual para debatir un nuevo paquete de leyes destinado a mejorar las condiciones de trabajo en un sector de reparto en crecimiento y poco regulado. Desde asegurar que las propinas lleguen a los conductores, establecer protecciones de peso y distancia, hasta aumentar los salarios, el paquete de seis proyectos de ley se presentó por primera vez a finales de abril. Las leyes llegaron después de meses de organización por parte de Los Deliveristas Unidos, un colectivo de base dirigido por migrantes, y parte del Proyecto de Justicia Laboral, un centro de trabajadores y organización comunitaria de Brooklyn.
Antes de la audiencia, activistas de Deliveristas Unidos, que representa a conductores de los cinco barrios de la ciudad de Nueva York, fueron acompañados por miembros de los sindicatos 32BJ SEIU y Transport Workers Union Local 100, así como por varios legisladores que crearon el paquete legislativo, para una demostración de apoyo en City Hall Park.
“Un Día Histórico”
Gustavo Ajche, líder de Deliveristas Unidos, dijo que la comparecencia marcaba un “día muy importante” para los repartidores como él. Nueve conductores, incluido Ajche, testificaron durante la audiencia, detallando desafíos y preocupaciones trabajando para las aplicaciones. “Durante la pandemia, servimos a esta ciudad, nos jugamos la vida para que la gente no tuviera que salir. Pero todavía no se nos valora como trabajadores”, dijo Ajche.
Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Workers Justice Project, calificó la audiencia como parte de un “día histórico” para Deliveristas Unidos, quienes se han “movilizado, organizado, y construido una poderosa organización para ser escuchados”.
Durante su testimonio, Ajche dijo que durante los meses de verano, ha regresado a casa con tan poco como $30 al día, trabajando de 7 AM a 8 PM. “Las aplicaciones manipulan su algoritmo para su beneficio, sin ninguna consideración ni preocupación por nuestra realidad y condiciones de trabajo”.
En la reunión virtual, el concejal Brad Lander (D, Brooklyn) presentó su proyecto de ley, que establecería pagos mínimos por viaje, excluyendo las propinas. Tras denunciar a “aplicaciones como DoorDash, Seamless, Instacart y UberEats” por explotar “la idea de que estos trabajadores son contratistas independientes, dejándolos con 5 dólares la hora”, Lander reveló una realidad diferente para la mayoría de los repartidores. “No se trata de gente con un negocio paralelo”, dijo. “Se trata de gente que trabaja tiempo completo todos los días y que merece un salario digno.”
Ajche abordó en su testimonio los pagos bajos, así como las irregularidades en las propinas y los salarios, sobre las que los trabajadores no tienen control. “Es frustrante ver cómo las aplicaciones hacen desaparecer nuestras propinas y que el sistema de los restaurantes nos muestre algo diferente a las aplicaciones”, dijo Ajche. “Muchos de mis compañeros lamentablemente dudan en denunciar estas irregularidades por el miedo que supone enfrentarse a estas empresas. Pero nosotros estamos aquí, en su nombre, haciendo visible nuestra realidad con estas apps”.
Hay dos proyectos de ley que abordan los problemas de transparencia en las propinas y pagos. El concejal Carlos Menchaca (D, Brooklyn) presentó una ley que exige que las aplicaciones ofrezcan al menos una opción de pago no bancaria, reduzcan las tasas de transferencia y paguen a los trabajadores al menos semanalmente. El proyecto de ley de Menchaca se une a la legislación presentada por la concejal Margaret Chin (D, Manhattan) en enero, que exige a las empresas que revelen el desglose de propinas, incluyendo la cantidad de cada propina que se utiliza para componer el salario base de los conductores.
“Las aplicaciones han estado cobrando a los trabajadores sus sueldos”, dijo Menchaca, presidenta de la Comisión de Inmigración, durante la manifestación. “¿Se imaginan? ¿Terminas un día de trabajo y te cobran un porcentaje o una tarifa plana por recibir tu cheque? Eso se va a acabar. También vamos a garantizar que se les pague a tiempo.”
Durante la manifestación, el conductor y líder de Deliveristas Unidos, Jonán Huerta, denunció la frecuencia de irregularidades en las propinas, salarios fluctuantes y otras prácticas cuestionables por parte de las aplicaciones de reparto, diciendo que continuamente despojan a los conductores de un salario ya de por sí bajo. Huerta leyó parte de la declaración del miembro de Deliveristas Unidos Gustavo Mancilla, un conductor de Relay que denunció cómo su propina de casi 10 dólares fue “robada” por la aplicación.
“Hace semanas un cliente pidió su comida y cuando la entregué me preguntó si había recibido la propina. Inmediatamente, verifiqué en la aplicación y aparecían 0 dólares de propina. El cliente me enseñó su recibo y había pagado 9,60 dólares de propina. La aplicación me pagó 0 dólares”, leía la declaración de Mancilla, leída en voz alta por Huerta. “Cuando me quejo del robo de propinas, la aplicación le echa la culpa al restaurante y no quieren darnos ninguna explicación. Con Relay, la aplicación nos envía mensajes amenazando con que no preguntemos al cliente por la propina y que si lo hacemos, nos van a bloquear la cuenta.”
Mancilla también relató lo habitual que es que las apps redondeen las propinas hacia abajo. “Por ejemplo, si dan 5,65 dólares de propina sólo recibimos 5 dólares”, leyó Huerta en su nombre. “No sabemos quién está manipulando las propinas porque estas aplicaciones no son transparentes, así que exigimos claridad, que nos paguen el total de la propina que los clientes nos están dando”.
Tras leer el comunicado de Mancilla, Huerta me facilitó varias capturas de pantalla en las que se detallan las discrepancias. Relay no respondió a una solicitud de entrevista.
“No Somos el Problema de Nadie”
Además de pagos bajos e irregulares, trabajadores que, a pesar de trabajar una media de 70 horas a la semana para las aplicaciones, son clasificados como “contratistas independientes”, se enfrentan a otros problemas que los proyectos de ley pretenden solucionar. “Básicamente estamos atrapados entre empresas que nos explotan y no son nada transparentes, y restaurantes a los que no les importamos, e incluso nos tratan mal a veces”, dijo Ajche. “No somos el problema de nadie, técnicamente no ‘trabajamos’ para nadie, y sin embargo, todo el mundo sigue contando con que nos presentemos todos los días.”
La clasificación de los trabajadores por parte de las empresas tecnológicas ha sido sometida a revisión por los repartidores de la ciudad, que denuncian continuamente la doble moral cuando se trata de la borrosa, y a menudo movible, línea entre “contratista independiente” y “empleado.” Julio Alejandrez, conductor de Relay y miembro de Deliveristas Unidos, dijo que fue asaltado hace dos meses tras dejar un pedido.
“La empresa no me muestra a qué distancia está el cliente. Me muestra una vez que acepto el pedido y si me niego a ir a ciertos lugares donde arriesgo mi vida, la próxima vez me castigan y me dan menos horas o me bloquean la cuenta”, dijo Alejandrez. Según el testimonio del conductor, si no acepta una orden, es castigado con menos horas, bloqueos temporales y la amenaza eterna de ser dado de baja. “La aplicación nos amenaza con que nos van a bloquear la cuenta y no nos dan la oportunidad ni siquiera de hablar con alguien de la empresa”, dijo Alejandrez.
Bajo la retórica de “sé tu propio jefe” que las aplicaciones han vinculado al estatus de contratistas independientes, empresas tecnológicas como Relay, DoorDash y UberEats afirman continuamente que los conductores pueden elegir libremente sus pedidos, sin ataduras. De ahí la clasificación de contratista independiente. Los conductores condenaron el doble estándar de las apps, que los obligan a desempeñarse como empleados de tiempo completo que deben aceptar casi todas las solicitudes para obtener más pedidos y, en algunos casos, incluso mantener sus empleos, mientras les dicen que cubran todos los gastos operativos como los contratistas independientes que son.
“Estas empresas deberían proporcionar las herramientas necesarias para hacer este trabajo, como bolsas térmicas de buena calidad”, dijo Isabel Navarro, repartidora y líder de Deliveristas Unidos. “Básicamente estamos ganando 10 dólares o menos por hora y los riesgos que conlleva hacer este trabajo son demasiado altos. Te pregunto, ¿podrías vivir en Nueva York con 10 dólares la hora? Porque también tenemos que comprar todas las herramientas necesarias para hacer este trabajo, como una bolsa para llevar comida, nuestras bicicletas, reparaciones, transporte, seguro médico, etc.”
El testimonio de Charlie Slim destacó la paradoja de ser “contratista independiente” de quién se esperan comportamientos de empleado de tiempo completo. Slims dijo que es un “Top Dasher”, lo que significa que acepta virtualmente todos los pedidos independientemente de su ubicación y tamaño, lo que lo eleva dentro de la plataforma. “Al principio, cuando empecé a hacer este trabajo, pensé que sería una idea excelente por todo lo que se ofrecía en los anuncios”, dijo Slims. “Pero para ser un Top Dasher tienes que tener puntuaciones casi perfectas y aceptar todos los pedidos sin importar la distancia. Si no eres un Top Dasher no puedes conectarte a la aplicación cuando quieras, lo que significa que no te llevas dinero a casa”.
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Slims dijo que aplicaciones como DoorDash no aceptan “ninguna excusa” y “te castigan si no aceptas los pedidos”. “Si me dan la opción de rechazar, me arriesgo a que me bajen la calificación y entonces estamos obligados a recorrer 5 kilómetros por 3 o 4 dólares. Ellos controlan cuándo puedo trabajar.”
Aunque las expectativas en torno a Top Dashers pueden parecer similares a las de un empleo a tiempo completo, cuando Slims tuvo un accidente que le provocó daños en la bicicleta, así como lesiones en la rodilla y la mano, recordó rápidamente su condición de contratista independiente. “Llamé a Doordash y lo único que me dijeron fue que me fuera a casa y que asignarían a otra persona para que recogiera mi pedido”, dijo Slims. “Podemos ganar un poco de dinero, pero sigue siendo a un costo muy alto y nadie nos compensa. Como no tenemos días de enfermedad pagados ni ningún derecho al trabajar para estas empresas, estuve más de una semana sin ganar nada de dinero”.
Para hacer frente a estos problemas adicionales, los concejales Justin Brannan (D, Brooklyn) y Carlina Rivera (D, Manhattan) presentaron otros tres proyectos de ley destinados a mejorar las condiciones de trabajo en el terreno. Brannan se centró en dos proyectos de ley. El primero exigiría a las plataformas que permitieran a los repartidores establecer distancias máximas para los pedidos, y evitaría que las plataformas penalizaran a los trabajadores por rechazar pedidos fuera de su radio. Según el segundo proyecto de ley, las aplicaciones tendrían que suministrar bolsas isotérmicas a los trabajadores de manera gratuita.
Rivera se centró en una privación básica que casi todos los repartidores han dicho que hace la vida innecesariamente difícil y, a veces, peligrosa. El proyecto de ley de Rivera exigiría que todos los restaurantes proporcionen acceso a los baños a los conductores que están recogiendo una entrega.
Pépé Johnson, trabajadora de reparto y líder de Los Deliveristas Unidos, dijo que una de las partes más duras del trabajo como mujer conductora ha sido no poder acceder a los baños. “Usar el baño es una necesidad humana y las empresas de reparto tienen que tener en cuenta que no controlamos los lugares para recoger o entregar los pedidos”, dijo Johnson. “Esto nos obliga a alejarnos de nuestros hogares para poder hacer nuestras necesidades”.
Johnson mencionó que durante el verano, cuando se espera que los conductores trabajen bajo el implacable sol durante horas, hidratarse es esencial, pero le asusta no poder acceder a los baños. “Pedir usar un baño es lo mínimo, y hemos tenido que pedir algo tan pequeño una y otra vez, y aún así no nos dejan entrar la mayoría de las veces”.
Rivera dijo que, a pesar de que “sabemos lo importantes que son los repartidores para la supervivencia de nuestra ciudad”, las aplicaciones que los emplean y los restaurantes que dependen de sus servicios a menudo no los tratan con respeto. “Los repartidores trabajan 12 horas al día, a veces más. Siete días a la semana. A menudo se llevan a casa sólo 300 dólares por una semana completa de trabajo. Si hacemos cuentas, eso es menos de 4 dólares por hora”, dice Rivera. “Cuando necesitan hacer un descanso o ir al baño, los mismos restaurantes que se han mantenido a flote gracias a su trabajo les niegan la cortesía básica. ¿Te imaginas un día entero sin acceso al baño?”
La Ley que las Aplicaciones de Reparto Realmente Querían
Durante la audiencia, las aplicaciones estuvieron notablemente ausentes, a pesar de que varios concejales dijeron que les habían dicho que probablemente testificarían representantes de empresas de reparto.
La manifestación y la comparecencia de esta semana se produjeron en medio del fracaso de un reciente proyecto de ley respaldado por las aplicaciones que pretendía sindicalizar a los conductores de aplicaciones, impidiendoles hacer huelgas, boicots, piquetes y otras actividades sindicales, así como eximiéndose de las protecciones laborales mínimas estatales y locales. Según THE CITY, la legislación propuesta contenía lenguaje que permitía a empresas tecnológicas como DoorDash y Postmates acordar con los sindicatos que los conductores no “desacreditaran, difamaran, mancillaran o comprometieran la buena voluntad, el nombre, la marca o la reputación de la empresa de la red.”
A pesar del apoyo inicial de varios sindicatos, el proyecto de ley impulsado por la senadora estatal Diane Savino, demócrata de Staten Island y antigua dirigente sindical, se derrumbó al ser examinado por legisladores, organizadores, sindicatos y miembros de Deliveristas Unidos. Además de colocar a los repartidores en sindicatos vacíos y de rebajar salarios de una mano de obra compuesta mayoritariamente por migrantes y personas de color de bajos ingresos, el borrador de la ley del sindicato de repartidores que circuló entre empresas tecnológicas, sindicatos y legisladores por varias semanas, habría prohibido al Ayuntamiento o a cualquier otro organismo gubernamental local promulgar cualquier regulación futura a las aplicaciones.
“Los trabajadores de reparto presentaron un conjunto específico de demandas destinadas a ser abordadas mediante la aprobación de una legislación a nivel de la ciudad”, dijo Ligia Guallpa, Directora Ejecutiva de Workers Justice Project. El rechazo de los repartidores hizo que no se presentara ningún proyecto de ley sobre el sindicato de trabajadores del sector de la distribución a finales de la sesión legislativa de este año, lo que protegería el futuro del paquete legislativo del Ayuntamiento que se debatió esta semana.
Durante su testimonio, la senadora estatal Jessica Ramos (D, Queens) dijo que en las últimas dos semanas, DoorDash, Uber, Seamless, GrubHub y otras aplicaciones de entrega “maquinaron para introducir legislación a espaldas de estos trabajadores.” “Quieren modificar nuestras leyes laborales estatales para frustrar sus derechos en el trabajo bajo el disfraz de la negociación colectiva”, dijo Ramos. “Uno de los aspectos más atroces del llamado proyecto de ley sobre el supuesto ‘derecho a negociar’ es que socava los esfuerzos de organización local de los trabajadores de reparto.” Ramos, una de las más firmes opositoras al proyecto de ley de Savino, dijo que seguiría apoyando a Deliveristas Unidos y que defendería su derecho a organizarse a nivel municipal.
Al solicitar un comentario, un portavoz de UberEats dijo que la empresa acogía varios de los proyectos de ley propuestos. DoorDash envió una declaración a la sesión, diciendo que apoyaba varias propuestas, como la de garantizar el acceso a baños. Sin embargo, para el proyecto de ley sobre bolsas aislantes, propuso apoyo con espacio para enmiendas, y no respondió al resto de las leyes.
Aunque los proyectos de ley no abordan el robo de bicicletas eléctricas, Ajche dijo que Deliveristas Unidos espera cooperar cada vez más con la policía de Nueva York para mejorar la seguridad de los trabajadores que son blancos frecuentes de la violencia y delincuencia en las calles. “Los detectives suelen hacer la vista gorda, y son muy pocos los conductores a los que no les han robado sus bicicletas al menos una vez”, dijo Ajche.
Tras la audiencia, Deliveristas Unidos y sus partidarios dieron seis vueltas alrededor del Ayuntamiento en bicicleta. Una vuelta por cada proyecto de ley que esperan que el Ayuntamiento apruebe.
Delivery Workers Fight for Bills to Improve Working Conditions in NYC, as Tech Companies Fail to Impose Gig Worker Unions
By Martha Daniela Guerrero
Minutes before noon, a cluster of drivers carrying insulated backpacks from DoorDash, UberEats, and other delivery apps, hurried to City Hall Park. Walking alongside their e-bikes in the day’s sweltering heat, men and women from Latin America, West Africa, and South Asia sported matching black T-shirts with the sketched image of a delivery driver’s face.
On the driver’s helmet a sign read “Demands,” and on the bandana covering his nose and mouth, six small legends stood out: 1) access to bathrooms; 2) protection for e-bike theft; 3) app companies disclose tips; 4) real wages and hazard pay; 5) limits on weight and distance; and 6) a fair process to dispute ratings and terminations. The t-shirts also displayed a bright red, bold-lettered sign at the bottom: Los Deliveristas Unidos.
On June 8, members of New York City Council’s Committee on Consumer Affairs and Business Licensing held a virtual hearing to discuss a new package of bills set to improve working conditions across a growing, and mostly unregulated, app-based delivery industry. From ensuring tips get to drivers, to enacting weight and distance protections, to boosting wages, the six-bill proposal was first introduced in late April. They came after months of organizing by Los Deliveristas Unidos, an immigrant-led grassroots collective by Workers Justice Project, a Brooklyn worker center and community organization.
Before the hearing, organizers from Deliveristas Unidos, which represents drivers from all five boroughs, were joined by members of the unions 32BJ SEIU and Transport Workers Union Local 100, as well several lawmakers behind the bills, for a rally at City Hall Park.
“A Historic Day”
Gustavo Ajche, a Deliveristas Unidos leader, said the hearing marked a “very important day” for delivery workers like himself. Nine drivers, including Ajche, testified during the hearing, detailing challenges and concerns as app-based workers. “During the pandemic, we served this city, we put our own lives on the line so people wouldn’t have to go out. But we’re still not valued as workers,” said Ajche.
Ligia Guallpa, Executive Director of Workers Justice Project, called the hearing “a historic day” for Deliveristas Unidos, “who have organized, mobilized and built a powerful organization in order to be heard.”
During his testimony, Ajche said that during the summer months, he has returned home with as little as $ 30 a day, working from 7 AM to 8 PM. “The apps manipulate their algorithm to their benefit, without any consideration or concerns about our reality and working conditions.”
At the rally, Councilmember Brad Lander (D, Brooklyn) introduced his bill, which would establish minimum payments per trip, excluding tips. After denouncing “apps like DoorDash, Seamless, Instacart, and UberEats” for exploiting “the idea that these workers are independent contractors, leaving them to earn $5 an hour,” Lander revealed a different reality for most delivery workers. “These are not folks on a side-hustle,” he said. “These are folks working full-time every day and they deserve full-time, more-than-a-minimum-wage, living-wage pay.”
Ajche addressed lower payments in his testimony, as well as tip and wage irregularities over which workers have no control. “It’s frustrating to see how the apps make our tips disappear and for the restaurant system to show us something different than the apps,” said Ajche. “Many of my coworkers sadly hesitate to report these irregularities because of the fear that comes with confronting these companies. But we are here, on their behalf, making visible our reality with these apps.”
Two bills are set to address transparency issues when it comes to tips and payments. Councilmember Carlos Menchaca (D, Brooklyn) put forward legislation requiring third-party apps to provide at least one non-bank payment option, cut transfer fees, and pay workers on at least a weekly basis. Menchaca’s bill joined legislation introduced by Councilmember Margaret Chin (D, Manhattan) in January, requiring companies to disclose tip breakdowns, including what amount of each tip is used to make up drivers’ base pay.
“The apps have been charging workers for their salaries,” said Menchaca, Chair of the Committee on Immigration, during the rally. “Can you imagine? You’re done with a day’s work, and you get charged a percentage or flat fee for getting that check? That’s gonna stop. We’re also gonna ensure that they get paid on time.”
During the rally, driver and Deliveristas Unidos leader Jonán Huerta denounced how prevalent tip discrepancies, irregular wages, and other dubious practices by delivery apps are, claiming they continuously strip drivers out of an already low salary. Huerta read part of the statement by Deliveristas Unidos member Gustavo Mancilla, a driver for Relay who denounced how his nearly $10 tip was “stolen” by the app.
“Weeks ago, a customer ordered his food and when I delivered it, he asked me if I had received the tip. Immediately, I checked on the app and $0 appeared on the tip section. The customer showed me his receipt and he had paid a $9.60 tip. The application paid me $0,” read Mancilla’s statement, read aloud by Huerta. “When I complain about the theft of the tips, the application blames the restaurant, and they don’t want to give us any explanation. With Relay, the app constantly sends us messages threatening that we should not ask the customer about the tip, and if we do, they will block the account.”
Mancilla also recounted how common it is for apps to round down tips. “For example, if they tip $5.65, we only receive $5,” Huerta read on his behalf. “We do not know who is manipulating the tips because these applications are not transparent, so we demand clarity, that they pay us the total amount of the tip that customers are giving us.”
After reading Mancilla’s statement, Huerta provided me with various screenshots detailing the discrepancies. Relay didn’t respond to a request for comment.
“We’re Nobody’s Problem”
In addition to low and irregular payments, workers who, despite riding an average of 70 hours a week for the apps, are ultimately classified as “independent contractors,” face other issues that the bills seek to address. “We’re basically stuck between companies that exploit us and aren’t transparent at all, and restaurants that don’t care and even treat us badly sometimes,” said Ajche. “We’re nobody’s problem, we don’t technically “work” for anyone, and yet, everyone still relies on us showing up every day.”
Worker classification by tech companies has been put to the test by the city’s delivery workers, who continually denounced double standards when it comes to the blurry, and often moveable line between “independent contractor” and “employee.” Julio Alejandrez, a Relay driver and member of Deliveristas Unidos said he was assaulted two months ago after dropping off an order.
“The company doesn’t show me how far away the customer is. It shows me once I accept the order and if I refuse to go to certain places where I risk my life, the next time they punish me and give me fewer hours or they block my account,” said Alejandrez. According to the driver’s testimony, if he doesn’t accept an order, he’s punished by lower ratings, temporary blockings, and the ever-present threat of termination. “The application constantly threatens us that they will block our account and they don’t give us the opportunity to even speak with someone from the company,” said Alejandrez.
Under the be-your-own-boss rhetoric apps have tied to the independent contractors status, tech companies like Relay, DoorDash, and UberEats continually claim that drivers are allowed to freely choose their orders, no strings attached. Hence, the independent contractor classification. Drivers condemned apps’ double standards, forcing them to perform as full-time employees who must accept nearly all requests to get more orders and, in some cases, even keep their jobs, while telling them to cover all operating expenses as the independent contractors that they are.
“These companies should provide the necessary tools to do this job such as good quality thermal bags,” said Isabel Navarro, a delivery worker and Deliveristas Unidos leader. “We’re basically making $10 or less an hour and the risks involved in doing this job are too high. I ask you, could you live in New York City with $10 an hour? Because we also have to buy all the necessary tools to do this job, such as a bag to carry food, our bikes, bicycle repair, transportation, medical insurance, etc.”
Charlie Slim’s testimony highlighted the paradox of low-wage “independent contractors” who are also expected to behave as full-time employees in order to earn wages. Slims said he is a “Top Dasher,” which essentially means he accepts all orders regardless of location and size, elevating him within the platform. “At first when I started doing this work, I thought it would be an excellent idea because of all that was offered in the advertisements,” said Slims. “But to be a Top Dasher you have to have nearly perfect ratings and accept all orders regardless of distance. If you’re not a Top Dasher you cannot connect to the app whenever you want, which means that you won’t take money home.”
Slims said apps like DoorDash don’t accept “any excuses” and “punish you if you don’t accept orders.” “If they give me the option to reject, I risk getting my rating downgraded and so we are obligated to travel 3 miles for $3 or $4. They control when I can work.”
Even though expectations around Top Dashers may seem similar to full-time employment, when Slims had an accident that resulted in damage to his bike, as well as injuries in his knee and hand, he was quickly reminded of his independent contractor status. “I called Doordash and told them and all they said was to go home and that they would assign someone else to pick up my order,” said Slims. “We can earn a little money but it’s still at a very high cost and no one compensates us. As we do not have paid sick days or any rights working for these companies, I was out of work for more than a week without making any money.”
To deal with these additional issues, Councilmembers Justin Brannan (D, Brooklyn) and Carlina Rivera (D, Manhattan) presented three additional bills set to improve working conditions on the ground. Brannan focused on two bills. The first would require platforms to allow delivery workers to set maximum distances for orders and prevent platforms from penalizing workers for rejecting orders outside of their distance limitations. Under the second bill, third party apps would have to supply insulated delivery bags to workers at the platform’s expense.
Rivera focused on an extremely basic privation that almost every delivery worker has said makes life needlessly difficult and at times, dangerous. Rivera’s bill would require all restaurants to provide access to bathrooms for drivers who are picking up a delivery.
Pépé Johnson, a delivery worker and leader of Los Deliveristas Unidos, said one of the hardest parts of the job as a woman driver has been not being able to access restrooms. “Using the bathroom is a human necessity and delivery companies have to take into account that we don’t control the places to pick up or deliver orders,” said Johnson. “This forces us to be distances away from our homes to be able to relieve ourselves.”
Johnson mentioned that during the summer, when drivers are expected to toil under the relentless sun for hours, hydrating is essential, but she’s scared of not being able to access restrooms. “Asking to use a restroom is the bare minimum, and we have had to ask for something so small over and over, and they still don’t let us in most of the time.”
Rivera said that despite the fact that “we know just how important delivery workers are for our city’s survival,” third-party apps that employ them and the restaurants that rely on their services often don’t treat them in ways that reflect this. “Delivery workers toil for 12 hours a day, sometimes more. Seven days a week. Often taking home just $300 for a full week of work. When you do the math, that is less than $4 per hour,” said Rivera. “When they do need to take a break or use the restroom, they’re denied basic courtesy by the very same restaurants that have been kept afloat by their labor. Can you imagine a whole day without access to the bathroom?”
The Bill Delivery Apps Really Wanted
During the hearing, tech companies were notably absent, even though several Councilmembers said they were told representatives from food delivery companies would likely testify.
The rally and hearing this week came amidst the collapse of a recent bill backed by tech companies that aimed to unionize app drivers, while preventing them from striking, boycotting, picketing, and other union activities, as well as exempting them from minimum state and local labor protections. According to THE CITY, the proposed legislation contained language allowing tech companies such as DoorDash and Postmates to agree with unions for drivers not to “disparage, defame, sully or compromise the goodwill, name, brand, or reputation of the network company.”
Despite initial support from organized labor, the bill championed by State Senator Diane Savino, a Staten Island Democrat and former union official, collapsed upon scrutiny by legislators, organizers, unions, and members of Deliveristas Unidos. In addition to placing delivery drivers in toothless unions and lowering the wage floor for a workforce made up mostly of low-paid immigrants and people of color, the gig workers union bill draft that circulated among tech companies, unions, and lawmakers, would have barred City Council or any other local government body from enacting further regulations on app-based companies.
“Delivery workers have already put forward a specific set of demands meant to be addressed by passing legislation at the city level,” said Ligia Guallpa, Executive Director of Workers Justice Project. Pushback from food delivery workers and advocates resulted in no gig workers union bill being introduced by the end of this year’s legislative session, potentially protecting the future of the City Council set of bills discussed this week.
During her testimony, State Senator Jessica Ramos (D, Queens) said that over the past two weeks, DoorDash, Uber, Seamless, GrubHub, and other delivery apps “schemed to introduce legislation behind the backs of these workers.” “They want to amend our state labor laws to thwart their rights on the job under the guise of collective bargaining,” said Ramos. “One of the most egregious of the so-called ‘right to bargain’ bill is that it undercuts delivery workers’ local organizing efforts.” Ramos, one of the most vocal opponents of Savino’s bill, said she would continue to support Deliveristas Unidos and would uphold their right to organize at the city level.
Upon reaching for comment, an UberEats spokesperson said the company welcomed several of the proposed bills. DoorDash sent a statement to the hearing, saying it supported several proposals, such as ensuring restroom accessibility. However, for the bill on insulated bags, it proposed support with room for amendments, while omitting a direct response on the rest of the bills.
Even though the bills don’t address e-bike theft, Ajche said that Deliveristas Unidos hopes to increasingly cooperate with NYPD to enhance security for workers who are regular targets of street violence. “Detectives often turn a blind eye, and there are very few drivers who haven’t gotten their bikes stolen at least once,” said Ajche.
After the hearing ended, Deliveristas Unidos and supporters took six laps around City Hall on their bikes. One lap for every bill they hope City Council will pass.
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