Repartidores de la ciudad de Nueva York se oponen a proyecto de ley que les permitiría sindicalizarse a un precio demasiado alto

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En las últimas semanas, legisladores estatales, empresas tecnológicas y sindicatos han llegado a un acuerdo para presentar un nuevo proyecto de ley que permitiría la sindicalización de los contratistas independientes de Nueva York, incluidos los repartidores de aplicaciones.

Más que una sola traba, la legislación propuesta tiene muchas. Además de truncar la posibilidad de reclasificar a los repartidores de contratistas independientes a empleados, el proyecto de ley les impediría realizar huelgas, boicots, protestas y otras actividades sindicales, además de excluirlos de protecciones laborales mínimas a nivel estatal y local.

El proyecto de ley ha sido impulsado durante meses por la senadora estatal Diane Savino, demócrata de Staten Island y antigua funcionaria sindical, y ha sido apoyado por la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales y la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales de Nueva York (NYS AFL-CIO), la mayor federación sindical de Estados Unidos. El presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York, Mario Cilento, calificó la nueva legislación como “una oportunidad para conseguir derechos laborales fundamentales”, entre los que se incluye dar por fin a los repartidores una “voz sindical”.

A pesar de la elevada retórica sobre los derechos de los trabajadores, si se aprueba el proyecto de ley propuesto, se cumpliría un objetivo muy esperado por las empresas tecnológicas: neutralizar eficazmente la “amenaza” de perder ejércitos de contratistas independientes. En sus presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), tanto DoorDash como Uber Technologies Inc. han indicado continuamente que una lucha legal por convertir a sus conductores en empleados con beneficios representaría un “riesgo fundamental” para su modelo de negocios.

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Aunque los detalles del proyecto de ley aún no se han concretado, Bloomberg y THE CITY reportaron inicialmente sobre una medida que permitiría a los trabajadores de aplicaciones votar para formar sindicatos que harían una “negociación sectorial” a su nombre. Considerando lo extensa que es la industria de transportes compartidos y repartición, y lo mucho que ha crecido su fuerza de trabajo en la última década, la negociación sectorial implicaría unos pocos representantes sindicales en la mesa de negociaciones, representando potencialmente a cientos de miles de trabajadores neoyorquinos, independientemente del sector o la empresa para la que trabajen.

Los repartidores de Nueva York rechazaron un proyecto con el que sus derechos laborales estarían vulnerados.
Foto: Sammy Escalante

Aunque Savino ha argumentado que los conductores de vehículos de alquiler y los repartidores son los “más vulnerables” de todos los contratistas independientes mas vulnerables y quienes más pueden ganar con este nuevo proyecto de ley, activistas laborales, trabajadores, líderes sindicales y legisladores no están de acuerdo. Aunque la propuesta de ley concedería sindicalización, seguro de desempleo y compensación, sus críticos han planteado la preocupación de que estos beneficios formarían parte del proceso de negociación colectiva. Esto significa que los trabajadores de Nueva York probablemente tendrían que negociar beneficios y protecciones a las que ya tienen acceso.

Por ejemplo, las empresas tecnológicas que negocien con conductores y repartidores se eximirán de cumplir las leyes de salario mínimo de la ciudad o del condado, así como las leyes laborales estatales sobre discriminación. Además, según la legislación, si los trabajadores optan por no someterse a un arbitraje durante conflictos contractuales y rechazan la última cotización de las empresas, el sindicato quedaría desautorizado, lo que presionaría a muchos a aceptar la última oferta de las empresas o quedarse sin nada.  Por último, un borrador del proyecto de ley del que informó por primera vez THE CITY contenía lenguaje que permitía a las empresas tecnológicas como Uber, Lyft, DoorDash y Postmates acordar con los sindicatos a no “desacreditar, difamar, manchar o comprometer la buena voluntad, el nombre, la marca o la reputación de la empresa de la red”. En dicho lenguaje reside la posibilidad de silenciar a los trabajadores.

Mientras que los que impulsan la nueva ley tienen mucho que ganar -desde representantes buscando victorias legislativas, hasta empresas tecnológicas deseosas de poner fin al debate sobre la reclasificación de sus trabajadores, y sindicatos que ganarían cientos de miles de nuevos miembros-, quienes se oponen tienen mucho que perder si se aprueba.

El fantasma de la Propuesta 22

Entre los principales actores que se han manifestado en contra de la medida están la New York Taxi Workers Alliance, el colectivo Gig Workers Rising y el 32BJ Service Employees International Union, el mayor sindicato de servicios inmobiliarios del país.

Tras un análisis inicial del proyecto de ley, el presidente de la 32BJ SEIU, Kyle Bragg, expresó preocupación por cómo afectaría a los trabajadores autónomos. “Creemos que una legislación que aborda a la economía de contratistas independientes y otros trabajadores incorrectamente clasificados debe, como mínimo, mantener los logros alcanzados por los trabajadores a nivel local, mantener las protecciones estatales existentes y permitir a las localidades el poder de escalar estándares. También debe permitir a los trabajadores una voz real”, dijo Bragg en un comunicado. “La propuesta que hemos examinado no provee esas condiciones y pone en peligro victorias críticas por las que los trabajadores han luchado durante años”.

En su cuenta de Twitter, Gig Workers Rising advirtió a los conductores de Nueva York y a otros trabajadores autónomos que no cayeran en una trampa similar a la de la Proposición 22. “Estas corporaciones creen que pueden comprar leyes, funcionarios electos y acuerdos que les convengan”, dijo GWR en un tweet. La New York Taxi Alliance también denunció los vínculos entre empresas tecnológicas, legisladores y jefes sindicales. “Algunos líderes sindicales sin escrúpulos están tratando de llegar a un acuerdo con titanes tecnológicos para quitarle a los contratistas independientes de Nueva York más derechos y protecciones y, posiblemente, impedir que las ciudades aprueben leyes laborales más estrictas”, escribió la unión en Twitter. “El acuerdo viene de las empresas que nos trajeron la Proposición 22 a California y que quieren utilizar nuevas tecnologías como excusa para desmantelar derechos laborales”.

En las elecciones de noviembre del año pasado, empresas como Uber, Lyft y DoorDash presionaron para que se aprobara la Proposición 22, la propuesta electoral más cara de la historia de California. Después de invertir 200 millones de dólares en una campaña a favor de la medida, las empresas tecnológicas obtuvieron una gran victoria contra activistas laborales y trabajadores, asegurando la exención de leyes laborales que las habría obligado a emplear a sus conductores y pagar seguro médico, seguro de desempleo, seguro de protección en el lugar de trabajo y otros beneficios. Toda la campaña a favor de la Proposición 22 por parte de empresas se basó en otorgarle “flexibilidad” a los trabajadores.

¿Cuál fue el compromiso ofrecido por las empresas tecnológicas de California? Una serie de “prestaciones transferibles”, entre las que se encuentran “subsidios de asistencia médica”, que pertenecen al nivel más bajo de la cobertura de seguros y que están artificialmente deprimidos por una estrecha definición del tiempo de trabajo. “En resumen, los trabajadores recibirán ahora un subsidio basado en dos tercios del tiempo de trabajo, que cubre en el mejor de los casos el 82% del 100% de la cobertura más baja de California”, escribió Terri Gerstein, directora del Proyecto de Aplicación Estatal y Local del Programa de Trabajo y Vida Laboral de la Facultad de Derecho de Harvard.

“La letra pequeña cuenta una historia diferente”

Entre los más principales críticos del proyecto de ley se encuentran Los Deliveristas Unidos, el mayor grupo de conductores de aplicaciones en la ciudad de Nueva York.

Deliveristas Unidos, un movimiento de base liderado por migrantes que lleva más de un año organizando y representando a conductores de los cinco barrios de la ciudad, ha protagonizado dos protestas masivas, con cientos de repartidores recorriendo Broadway hasta el Ayuntamiento, denunciando abusos laborales y robo de salarios. El grupo también está detrás de un paquete legislativo redactado recientemente para mejorar las condiciones de trabajo de los conductores de aplicaciones, como la concesión de acceso a los baños y el establecimiento de pagos mínimos por viaje. Los miembros y organizadores de Workers Justice Project, un centro de trabajadores y organización comunitaria con sede en Brooklyn que ha apoyado a Deliveristas Unidos desde el primer día, participaron en múltiples conversaciones con los legisladores para dar vida a estos proyectos de ley.

Por varios meses, el colectivo de conductores migrantes de América Latina, África Occidental y el sur de Asia ha abogado por los trabajadores de aplicaciones como DoorDash, GrubHub, Relay, y UberEats. Sus demandas siguen siendo las mismas desde la pandemia, cuando el movimiento se puso en marcha por primera vez: protecciones esenciales frente a los robos de bicicletas electrónicas, el robo de salarios y los peligros para la salud y la seguridad; un salario digno; acceso a los baños de los restaurantes; espacios públicos para comer, descansar y protegerse del clima extremo; y el derecho a organizarse.

“A primera vista, este proyecto de ley parece permitir que nos organicemos”, dijo Gustavo Ajche, repartidor y principal organizador de Deliveristas Unidos. “Pero la letra pequeña cuenta una historia diferente. No hay transparencia porque a los interesados en aprobar esta ley les conviene que nadie entienda lo que realmente están tratando de hacer.”

Ajche asegura que ningún representante de Deliveristas Unidos fue consultado sobre la ley. El repartidor y organizador dijo que se habría sentado con gusto a la mesa para hablar con los legisladores, para explicar las condiciones de trabajo de los conductores sobre el terreno y para negociar. “Es más cómodo para las aplicaciones, los sindicatos y los legisladores reunirse a puerta cerrada y decidir nuestro futuro, el futuro de nuestras familias”, dijo Ajche. “Tener dinero o poder, o ambos, no debería significar que puedes redactar leyes a tu medida sin hablar nunca con un solo trabajador”.

Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Workers Justice Project (WJP), la organización comunitaria matriz de Deliveristas Unidos, dice que el colectivo de trabajadores migrantes se construyó desde cero. Guallpa busca priorizar y empoderar a trabajadores en una industria en la que pedalear alrededor de 50 horas a la semana te da alrededor de 400 dólares.

“Los repartidores llevan tiempo organizándose y ya han presentado una serie de demandas específicas para que se aprueben leyes en la ciudad”, explica Guallpa. “Han invitado continuamente a los líderes sindicales a estar con ellos y a dejar que los repartidores lideren su propia lucha. No sólo tienen poder real, sino que han demostrado que su dignidad y humanidad no son negociables.”

Guallpa dijo que después de revisar cuidadosamente la legislación propuesta, Deliveristas Unidos cimentó su oposición a una propuesta legislativa previamente negociada que impacta directamente a la industria y a las condiciones de trabajo, sin ninguna aportación de los trabajadores afectados. “Los repartidores han dejado muy claro que nada que se trate de ellos puede prescindir de ellos”.

Deliveristas Unidos recibió rápidamente el apoyo de la senadora estatal de Queens, Jessica Ramos, y del asambleísta Zohran Mamdani, quienes redactaron una declaración conjunta con la New York Taxi Workers Alliance. El documento esbozó los efectos potenciales que este proyecto de ley podría tener sobre los trabajadores de Nueva York, incluyendo su exclusión “de toda cobertura bajo la ley laboral del Estado, la ley de discapacidad, la licencia familiar pagada, la licencia por enfermedad pagada de la Ciudad, las leyes de derechos humanos de la Ciudad y del Estado y cualquier otra ley que pudiera regular las relaciones empresa-trabajador”.

El comunicado también planteó inquietudes sobre el lenguaje del proyecto de ley, que impediría a los gobiernos locales aprobar nuevas regulaciones a las aplicaciones “en relación con todos los asuntos”. Otros posibles inconvenientes, según Ramos y Mamdani, son los posibles recortes salariales y la reducción del salario mínimo para “una mano de obra que está compuesta en más de un 90% por migrantes de clase trabajadora y personas de color.”

Por último, ambos legisladores afirmaron que, al implantar un modelo en el que las cuotas se pagan con un recargo al cliente en lugar de contribuciones de trabajadores, el proyecto de ley fomenta un “sistema antidemocrático de representación.”  Según la propuesta, una vez que un sindicato capte el 10% de los conductores o repartidores de aplicaciones del estado, se convertirá en el “agente negociador exclusivo de todos los trabajadores”, desalentando la rendición de cuentas a nuevos miembros del sindicato. Una última advertencia se lee al final de la declaración conjunta: “Uber amenaza con seguir este modelo en los 50 estados, creando una alternativa a la Ley PRO Act”.

“Nos merecemos más. Nos merecemos algo mejor”

Muchos legisladores y activistas están particularmente preocupados de que este tipo de legislación pueda replicarse después de la Proposición 22 en California y este reciente esfuerzo en Nueva York, dado que estos dos estados están entre los mercados más influyentes para estas plataformas.

Al conceder a los trabajadores un poder de negociación limitado y bloquear esfuerzos para reclasificarlos como empleados con plenos derechos laborales, el proyecto de ley probablemente desalentaría la búsqueda de reformas más drásticas, como la aprobación de la Ley de Protección del Derecho de Sindicación, conocida como la Ley PRO Act, en el Congreso. Esta importante ley de reforma laboral clasificaría a los trabajadores autónomos como empleados bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales, a efectos de organización sindical. Aunque el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes, actualmente carece del apoyo necesario en el Senado.

Ramos, presidenta del Comité Laboral del Senado estatal, calificó el proyecto de Savino como un recorte a “Pro Act” y dijo que trataría de bloquear la legislación.  Defensores de la ley esperan que se promulgue antes del 10 de junio, cuando se suspende la legislatura.

En respuesta a las preocupaciones de Deliveristas Unidos, así como a la oposición de los legisladores Ramos y Mamdani junto con múltiples colectivos y sindicatos, John Samuelsen, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte, ha dado marcha atrás en su anterior apoyo al proyecto de ley. “Al involucrarnos buscamos inmediatamente la opinión de los trabajadores”, escribió Samuelsen en un tweet. “Nos comprometimos, hablamos de los aspectos positivos del proyecto de ley y escuché atentamente las críticas de los trabajadores. La TWU está con #DeliveristasUnidos.”

A medida que aumentó la oposición al proyecto de ley, dieciséis grupos laborales y progresistas  – incluyendo United Auto Workers, Make the Road New York, National Employment Law Project y New York Civil Liberties Union – emitieron un memorando la semana pasada denunciando la legislación.

“Si se aprueba, el proyecto de ley pondría en peligro el impulso nacional para defender y fortalecer los derechos de los contratistas independientes como empleados”, escribió el colectivo en un comunicado. “No debemos permitir que estas empresas impulsen una propuesta de última hora que haga retroceder tan drásticamente los derechos de tantos trabajadores migrantes de bajos ingresos, al final de la sesión legislativa, habiendo ocultado el proyecto de ley, y sin la participación de ningún grupo que represente a los trabajadores afectados.”

Mientras muchos aguardan la presentación del proyecto de ley en la legislatura estatal, persisten demasiadas preguntas y preocupaciones. Aunque todavía no está claro lo que incluirá la propuesta final, los trabajadores se llevarán sin duda la peor parte de cualquier posible repercusión negativa.

Deliveristas Unidos hizo hincapié en esta preocupación en un reciente comunicado en el que instaba a mantener una conversación real con repartidores y otros contratistas independientes antes de promulgar cualquier ley. “La negociación sectorial puede ser un enfoque novedoso para los trabajadores de reparto basados en aplicaciones, pero este proyecto de ley en particular tiene muchos elementos complicados que dejarían de lado a los trabajadores en lugar de empoderarlos.”  

“Tenemos a toda esta gente, y con tantos trabajadores unidos, viene el poder real. Las aplicaciones han intentado durante mucho tiempo mantenernos agachados y callados, para que nunca seamos capaces de usar ese poder”, dijo Ajche. “Si no repartimos bajo la lluvia, en el frío, a altas horas de la noche, entonces ¿quién lo hace? Las aplicaciones nos necesitan tanto como nosotros a ellas. Nos merecemos más. Nos merecemos algo mejor”, dijo Ajche

Uber, DoorDash y Postmates no respondieron a solicitudes de entrevista sobre la legislación de Nueva York.

Los repartidores de Nueva York rechazaron un proyecto con el que sus derechos laborales estarían vulnerados.
Foto: Sammy Escalante

NYC Delivery Workers Oppose Draft Bill allowing State Gig Workers to Unionize at Too High a Cost

Over the last couple of weeks, state lawmakers, tech companies, and labor unions have been nearing a deal to introduce a new bill set to allow New York gig workers, including app-based delivery drivers, to unionize. 

Rather than one catch, the proposed legislation has many. Besides effectively truncating the possibility of reclassifying gig workers from independent contractors into employees, the bill would prevent them from striking, boycotting, picketing, and other union activities, as well as exempting them from minimum state and local labor protections. 

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The bill has been pushed for months by State Senator Diane Savino, a Staten Island Democrat and former union official, and it has been supported by the International Association of Machinists and Aerospace Workers and New York’s American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (NYS AFL-CIO), the largest union federation in the US. NYS AFL-CIO President Mario Cilento called the new legislation an “an opportunity to get organizing rights and critical working rights,” including finally giving gig workers a “union voice.” 

Despite the lofty rhetoric about workers’ rights, if passed, the proposed bill would fulfill a highly anticipated goal for tech companies — to effectively neutralize the “threat” of losing armies of independent contractors. In their SEC filings, both DoorDash and Uber Technologies Inc have consistently listed drivers becoming full employees as one of the main “risk factors” for their business model. 

While details of the bill are not yet finalized, Bloomberg and THE CITY initially reported on a measure allowing app-based workers to vote to form unions that would do “sectoral bargaining” on their behalf. Considering how large the entire gig industry is, and how much its workforce has grown over the last decade, sectoral bargaining would mean a few union representatives at the negotiations table, potentially representing hundreds of thousands of New York workers regardless of what sector or company they work for. 

Even though Savino has argued that ride-hailing drivers and delivery workers are the “most vulnerable” of all gig workers and have the most to gain from this new bill, labor advocates, gig workers, union leaders, and legislators strongly disagree. While the proposal would grant unionization, unemployment insurance, and workers’ compensation, critics have raised concerns that these benefits would ultimately be ensured as part of the collective bargaining process, meaning New York workers will likely have to negotiate for benefits and protections they’re already entitled to. 

Los repartidores de Nueva York rechazaron un proyecto con el que sus derechos laborales estarían vulnerados.
Foto: Sammy Escalante

For example, tech companies bargaining with drivers and delivery workers would effectively exempt themselves from complying with city or county minimum wage laws, as well as regular state labor laws on discrimination. Additionally, under the legislation, if workers opt out of arbitration during contract disputes and reject the companies’ last offer, the union would be decertified, pushing them to accept the companies’ final offer or risk getting nothing.  Lastly, a draft of the bill first reported by THE CITY contained language allowing tech companies such as Uber, Lyft, DoorDash, and Postmates to agree with unions not to “disparage, defame, sully or compromise the goodwill, name, brand, or reputation of the network company.” In said language lies the possibility of silencing workers. 

While those pushing for the new law have much to gain — from representatives looking for legislative victories to tech companies eager to put worker reclassification to bed, to unions who would gain hundreds of thousands of new members — those opposing the proposed bill have that much to lose if it’s passed. 

The Ghost of Proposition 22

Among the key players that have come out against the measure are the New York Taxi Workers Alliance, the Gig Workers Rising collective, and 32BJ Service Employees International Union, the largest building service workers union in the country. 

Upon initial review of the draft legislation, 32BJ SEIU President Kyle Bragg expressed serious concerns about how it would affect gig workers. “We believe that legislation that addresses gig economy and other misclassified workers should at minimum maintain gains made by workers at the local level, retain existing state protections, and allow localities the power to establish improved standards. It should also afford workers a real voice,” Bragg said in a statement. “The proposal we have examined does not provide for those conditions and jeopardizes critical wins that workers have fought for over the years.” 

On their Twitter account, Gig Workers Rising warned New York drivers and other gig workers not to fall for a Proposition-22-like trap. “These corporations believe they can buy laws, elected officials, and deals that suit them,” read a GWR tweet. New York Taxi Workers Alliance also denounced the links between tech companies, legislators, and union bosses. “Some unscrupulous leaders of the labor movement are trying to cut a deal with gig bosses to lock New York State gig workers out of employee rights and protections and possibly preempt cities from passing stronger labor laws,” read a tweet by NYTA. “The deal is with the sample companies that brought us Proposition 22 in CA and that want to use new tech as an excuse to dismantle labor rights.”

In the last November election, gig companies such as Uber, Lyft, and DoorDash lobbied to pass Proposition 22, the most expensive ballot measure in California history. After pouring $200 million in a campaign favoring the measure, tech companies scored a major victory against labor advocates, securing exemptions from a state labor law that would have forced them to employ drivers and pay for health care, unemployment insurance, workplace safety requirements, and other benefits. All in the name of “flexibility” for workers. 

The ultimate compromise offered by tech companies in California? A series of “portable benefits,” including “health care subsidies,” which hail from the lowest tier of insurance coverage and are artificially depressed by a narrow definition of work time. “In sum, workers will now get a subsidy based on two-thirds of work time, that covers at best 82% of 100% of California’s lowest-tier plan,” wrote Terri Gerstein, director of the State and Local Enforcement Project at Harvard Law School’s Labor and Worklife Program. 

“The Fine Print Tells a Different Story”

Among the most vocal critics of the bill is Los Deliveristas Unidos, the largest group of app-based food delivery drivers in New York City.

An immigrant-led grassroots movement that for over a year has organized and represented drivers across the five boroughs, Deliveristas Unidos has staged two massive protests in the city, with hundreds of delivery workers biking down Broadway to City Hall, denouncing workplace abuse and wage theft. The group is also behind a recently drafted legislation package improving app drivers’ working conditions, such as granting restroom access and establishing minimum per-trip payments. Members and organizers of Workers Justice Project, a Brooklyn-based worker center and community organization that has supported Deliveristas Unidos since day one, engaged in multiple conversations with legislators to bring these bills to life.

The growing collective of immigrant drivers from Latin America, West Africa, and South Asia has long advocated for app-based delivery workers at companies like DoorDash, GrubHub, Relay, and UberEats. Their demands have remained roughly the same since the pandemic, when the movement was first launched: essential protections from e-bike robberies, wage theft, and health and safety hazards; a living wage; access to restaurant restrooms; public spaces to eat, rest, and safeguard from extreme weather; and the right to organize.

“On the surface, this bill seems to allow us to organize,” said Gustavo Ajche, a delivery driver and leading organizer at Deliveristas Unidos. “But the fine print tells a different story. There’s no transparency because those interested in passing this law are better off if no one understands what they’re actually trying to do.” 

Ajche said that no representative from Deliveristas Unidos was ever consulted on the upcoming bill. The app-based delivery worker and organizer said he would have gladly sat at the table to speak with legislators, to explain drivers’ working conditions on the ground, and to negotiate. “It’s more comfortable for apps, unions, and legislators to meet behind closed doors and decide our futures, our families’ futures,” said Ajche. “Having money or power or both shouldn’t mean that you can write up customized laws without ever talking to a single driver.”

Ligia Guallpa, Executive Director of Workers Justice Project (WJP), Deliveristas Unidos’s parent community organization, said the migrant workers’ collective was built from the ground up. Guallpa has long sought to prioritize and empower gig workers in an industry where a mostly immigrant workforce bikes around 50 hours a week and rarely make more than $400. 

“Delivery workers have been consistently organizing for a while now and they have already put forward a specific set of demands meant to be addressed by passing legislation at the city level,” said Guallpa. “They have continually invited labor leaders to stand with them and let Deliveristas lead their own fight. Not only do they have real power, but they’ve demonstrated their dignity and humanity is not negotiable.”

Guallpa said after carefully revising the proposed legislation, Deliveristas Unidos cemented its opposition to a pre-negotiated legislative proposal that directly impacts the industry and working conditions without any input from actual ride-share drivers and delivery workers. “Deliveristas have made abundantly clear that nothing about them can ever be without them.”

Deliveristas Unidos quickly received support from Queens State Senator Jessica Ramos and Assemblymember Zohran Mamdani, who wrote a joint statement with the New York Taxi Workers Alliance. The document outlined the potential effects this bill could have on New York gig workers, including the exclusion of app-based workers “from all coverage under State labor law, disability law, paid family leave, paid sick leave, City paid sick leave, City and State human rights laws and any other law that could regulate company-worker relationships.” 

The statement also raised concerns about the language of the bill, which would prevent local governments from passing any new regulations targeting app-based companies “regarding all matters.” Other potential drawbacks according to Ramos and Mamdani are further pay cuts and a lower minimum wage floor for “a workforce that is over 90% working-class immigrants and people of color.” 

Lastly, both legislators said that by implementing a model in which dues are paid with a customer surcharge rather than worker contributions, the bill fosters an “undemocratic system of representation.”  Under the proposed bill, once a union captures 10% of the state’s app-based drivers or delivery workers, it would become the “exclusive bargaining agent for all the drivers or delivery workers in the state,” discouraging accountability to new union members. A final warning reads at the bottom of the joint statement: “Uber is threatening to pursue this as a model across all 50 states — creating an alternative to the PRO Act.” 

“We Deserve More. We Deserve Better” 

Many legislators and activists are particularly worried that this kind of legislation could replicate after California’s Proposition 22 and this recent effort in New York, given that these two states are among the most influential markets for gig companies. 

By granting workers limited bargaining power while blocking efforts to reclassify them as employees entitled to full labor rights, the drafted bill would likely discourage the pursuit of more drastic reforms, such as pursuing the Protecting the Right to Organize Act, known as the PRO Act, in Congress. This major piece of labor reform legislation would classify gig workers as employees under the National Labor Relations Act, for the purposes of union organizing. Even though the bill passed the House of Representatives, it currently lacks the necessary support in the Senate.

Ramos, Chair of the State Senate Labor Committee, called Savino’s bill a “carve-out of the ProAct” and said that she would seek to block the legislation, which supporters hope will be enacted before June 10, when the legislature adjourns. 

In response to Deliveristas Unidos’ concerns, as well as opposition by legislators Ramos and Mamdani along with multiple collectives and unions, John Samuelsen, president of the Transport Workers Union, has walked back his previous support for the bill. “Upon becoming involved we immediately sought input from workers,” wrote Samuelsen in a tweet. “We engaged, we spoke about the positives of the Bill and I listened carefully to worker criticisms. The TWU stands with #DeliveristasUnidos.”

As opposition to the bill mounted, sixteen labor and progressive groups – including the United Auto Workers, Make the Road New York, National Employment Law Project, and New York Civil Liberties Union – issued a memo last week denouncing the legislation. 

“If passed, the bill would imperil the national momentum to defend and strengthen gig workers’ rights as employees,” the collective wrote in a statement. “We must not allow these companies to push forward a last-minute proposal that so drastically rolls back the rights of so many low-income immigrant workers, at the end of the legislative session, having withheld the draft legislation, and without the involvement of any groups representing affected workers.”

With the bill set to be introduced in the state legislature soon enough, too many questions and worries linger. Even though it’s not yet clear what the final proposal will include, gig workers will certainly bear the brunt of any potential adverse consequences down the line. 

Deliveristas Unidos emphasized this concern in a recent statement urging a real conversation with gig workers before enacting any laws. “Sectoral bargaining may be a novel approach for app-based delivery workers but this particular bill has many complicated elements that would sideline rather than empower workers.”   

“We have all these people, and with so many workers coming together, comes real power. Apps have long tried to keep us down and quiet, so that we’re never able to use that power,” said Ajche. “If we don’t drive in the rain, in the cold, late at night, then who does? Apps need us as much as we need them. We deserve more. We deserve better,” said Ajche 

Uber, DoorDash, and Postmates didn’t respond to requests for comment on the New York legislation. 

TW: @daniguerreroo

JGR