Martha Daniela Guerrero
Cuando funcionarios, diplomáticos, expertos y periodistas hablan de la frontera sur, suelen utilizar la palabra “crisis”. El término se utiliza con tanta frecuencia que ya no cuestionamos de qué tipo de “crisis” estamos hablando.
El marcado aumento de migrantes y refugiados que intentan entrar a EU a través de México representa, sobre todo, una crisis humanitaria, producida en gran medida por las polémicas políticas públicas de ambos países.
Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en México, la palabra “crisis” no se utiliza para reconocer errores o cuestionar acciones federales, estatales y locales hacia los migrantes y solicitantes de asilo. Por el contrario, se utiliza para transferir culpas, para anular la humanidad de los cientos de miles de personas que salen desesperadamente de sus países, y para justificar abusos injustificables contra sus derechos.
De pronto, la “crisis” ya no es humanitaria, sino política, incluso ideológica. Este planteamiento permite que los migrantes y refugiados se conviertan en un exceso a extirpar. Una “situación” que hay que manejar.
Hoy, flujos inéditos de personas, principalmente de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, transitan por las fronteras norte y sur de México. Hoy, una tasa récord de mexicanos desplazados internamente buscan asilo en EU, a medida que grupos criminales, cárteles y fuerzas armadas se enfrentan en estados como Michoacán y Guerrero. Hoy, es más importante que nunca elevar la conversación en torno a la migración, analizando de forma crítica por qué tantas personas de la región se ven obligadas a abandonar sus hogares, así como la forma en que las políticas de expulsión de México y Estados Unidos están socavando directamente las protecciones de refugiados y violando los derechos de los migrantes.
Te puede interesar: Se repartirán 2,100 millones a inmigrantes indocumentados en Nueva York
Más que hablar de la migración como un tema abstracto cuyo impacto sólo se examina en términos de una buena o mala imagen para las gestiones de Biden y López Obrador, es esencial examinar los efectos nocivos de las políticas de estos dos gobiernos sobre cientos de miles de migrantes y refugiados.
A medida que funcionarios públicos en Estados Unidos y México ignoran, distorsionan y minimizan las raíces de la migración en el hemisferio, las políticas de control migratorio de ambos países no están solucionando la crisis fronteriza. ¿Por qué? Porque la combinación de políticas problemáticas de expulsión y sistemas negligentes que criminalizan a los migrantes — elementos que el historiador de la Universidad de Nueva York Irvin Ibarguen ha descrito como parte de un aparato político “de grifo,” que ajusta leyes para regular flujos migratorios en base a una demanda cambiante de mano de obra indocumentada — resulta en medidas inhumanas y, al final del día, contraproducentes.
Uno de los principales misterios para líderes estadounidenses y mexicanos parece ser por qué los migrantes siguen intentando cruzar las fronteras si se les sigue expulsando, y por qué tantos solicitantes de asilo se niegan a volver a casa. Aunque las respuestas parecen evidentes, ni el gobierno estadounidense ni el mexicano han querido reconocer los profundos defectos de sus actuales políticas de control migratorio. Estados Unidos en particular, continúa obviando su turbulento pasado en Centroamérica, el cual aún resuena en la región.
Además de su rol protagónico en la desestabilización de El Salvador en la década de 1980, Estados Unidos fomentó la desigualdad y pobreza en Guatemala y Honduras a través de modelos de desarrollo económico y estrategias de modernización basadas en monocultivos como el plátano, el café y el azúcar. A pesar de que estas intervenciones militares y económicas contribuyeron en gran medida a la inestabilidad del Triángulo del Norte, las políticas estadounidenses actuales no reflejan esta historia ni ofrecen soluciones integrales.
“Las redes de migración desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos surgieron junto con la apertura de operaciones corporativas estadounidenses en la región,” escribieron los historiadores Suyapa Portillo Villeda y Miguel Tinker Salas. “Reciclar las políticas del pasado sin abordar las causas fundamentales de la crisis en Centroamérica y México asegura que la gente seguirá llegando de forma desesperada.”
Desde que asumió el cargo, Biden se ha empeñado en distinguirse retóricamente de su predecesor. Sin embargo, la realidad de sus políticas no encarna cambios reales. Hace casi un mes, el presidente prolongó indefinidamente el polémico Título 42 de Trump, que permite a los agentes fronterizos expulsar inmediatamente a migrantes que sean sorprendidos cruzando la frontera, despojándolos de su derecho a solicitar asilo.
A la vez que surgieron reportes de que el gobierno de Biden estaba presionando a México para eliminar los campamentos fronterizos que albergan a miles de migrantes y refugiados, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al presidente revivir el programa “Quédate en México,” otro legado de Trump que varó a miles de solicitantes de asilo en México mientras esperaban sus audiencias en la corte.
Aunque el anterior presidente emprendió más de 400 acciones ejecutivas en materia de política migratoria — desde el paso fronterizo, hasta el traslado de refugiados, las cortes de migración y el sistema de asilo — leyes que criminalizan a los migrantes no empezaron con Trump. Y hoy, es evidente que no terminarán con Biden.
Mientras Estados Unidos continúa con sus prolongados esfuerzos por ajustar la migración a sus necesidades laborales extraoficiales — los inmigrantes indocumentados representaron al menos el 5% de la fuerza laboral norteamericana en 2017 — México ha priorizado su relación con su vecino del norte por encima de la protección de derechos humanos. Además de varios grupos criminales que han hecho de migrantes y refugiados su blanco mediante extorsiones, secuestros, violaciones y otros ataques, el ejército y las fuerzas policiales de México han normalizado la violencia como un medio de contención.
A pesar de falsas afirmaciones sobre el carácter civil de la Guardia Nacional, la mayoría de sus miembros, funcionarios y entrenamiento provienen directamente del Ejército mexicano. Apenas el sábado pasado, oficiales de la poco regulada fuerza armada atacó brutalmente a migrantes y refugiados en Chiapas.
Después de que miembros de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración disolvieran violentamente una caravana de cientos de migrantes en el sur de México, incluyendo agresiones físicas a niños y mujeres, tres organismos internacionales de la ONU instaron al gobierno nacional a respetar las convenciones internacionales de derechos humanos en el uso de la fuerza pública.
“Las imágenes mostradas en los videos difundidos en los medios que muestran a elementos del INM haciendo uso de la fuerza contra migrantes y refugiados, incluidos niños, en contra de las normas internacionales en la materia, y en presencia de elementos de la Guardia Nacional, son profundamente inquietantes,” dijeron en un comunicado conjunto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para la Migración y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Contrario a la retórica de López Obrador, que durante mucho tiempo ha proclamado un gobierno humanista e independiente de intereses norteamericanos, las acciones del gobierno federal han revelado no sólo un continuo servilismo a EU cuando se trata de la criminalización de migrantes y refugiados, sino también un sistema de control migratorio cada vez más militarizado, responsable de reiterados abusos.
Biden y López Obrador siguen más preocupados por las percepciones sobre sus posicionamientos en materia de migración que por los efectos reales de sus políticas sobre cientos de miles de ciudadanos desplazados. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, ha calificado sus políticas de expulsión como una serie de “prácticas crueles y mortíferas” que incumplen tratados internacionales y aumentan el riesgo de abusos de derechos humanos.
En 2020, las violaciones de derechos humanos perpetradas por autoridades mexicanas federales hacia migrantes aumentaron en un 80%. El Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría del Bienestar fueron acusadas de tratos inhumanos contra migrantes y refugiados — desde violencia, hasta la ausencia de servicios de salud, detenciones, confiscaciones de bienes, y falta de asesoramiento sobre los procedimientos de asilo. Los abusos se registraron en casi todos los estados, pero principalmente en Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, la Ciudad de México, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, el Estado de México, Jalisco y Baja California.
Tras presentar su informe ante la Asamblea General de la ONU, González destacó la obligación de los Estados de “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su territorio, independientemente de su condición migratoria.”
Más allá de políticas públicas y cálculos partidarios, se está produciendo un fenómeno aún más cotidiano y trágico. Con un número importante de estadounidenses y mexicanos apoyando esfuerzos gubernamentales para deshumanizar a quienes cruzan sus fronteras, migrantes y refugiados han asumido un papel de chivo expiatorio ante agravios económicos, políticos y culturales, convirtiéndose en un “otro” idóneo para discriminar y explotar.
Mientras que Estados Unidos se ha enfrentado durante mucho tiempo a un aparato de control migratorio problemático y con tendencia a la xenofobia, México hoy está replicando muchos de los modelos abusivos que se han empleado contra sus propios migrantes y refugiados en Norteamérica durante décadas.
La crisis migratoria es humanitaria, no política. No se trata de la “imagen” de los gobiernos de Biden o de Lopez Obrador, ni de la retórica populista sobre los “ilegales” que cuestan dinero o roban trabajos.
Se trata de cientos de miles de personas que se quedan sin otra opción que abandonar sus hogares. Se trata de trabajadores desesperados por conseguir empleo y de familias numerosas que dependen completamente de remesas. Se trata de un planeta calentándose rápidamente y de un hemisferio sur que se enfrenta a condiciones climáticas cada vez más extremas e imprevisibles. Se trata de las violentas persecuciones de la población civil en países como Guatemala, Haití, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.
A medida que el cambio climático trastoca regiones enteras, los conflictos geopolíticos se vuelven más complejos y fuerzas económicas despojan a cada vez más personas de su subsistencia, debemos entender que etiquetas como “migrante”, “refugiado” y “solicitante de asilo” no son fijas ni endémicas, sino el resultado de fuerzas que escapan al control de quienes cruzan desiertos, selvas y ríos.
Antes de apoyar políticas que violan convenciones internacionales, debemos cuestionar nuestros propios prejuicios sobre quiénes son estas personas y por qué están emigrando.
“Las personas no son el problema,” se lee en un informe de Amnistía Internacional, que nos recuerda que el estatus migratorio nunca reflejará la identidad completa de nadie. “El problema son las causas que impulsan a familias e individuos a cruzar las fronteras y las formas miopes y poco realistas en que los políticos responden a ellas.”
No cuestionar las actuales políticas binacionales de expulsión significa ignorar ejemplos dolorosos como los de Siria, Afganistán, El Salvador, Cuba, Eritrea y Haití.
Estas naciones nos han enseñado que en un abrir y cerrar de ojos, debido a presiones insuperables, cualquiera puede convertirse en migrante o refugiado.
Migrar no debe ser equivalente a una pérdida de derechos humanos esenciales.
Mexico & the US are Assaulting Migrants’ Essential Rights
Martha Daniela Guerrero
When policymakers, diplomats, experts, and journalists speak about the Southern border, they often use the word “crisis.” The term is so prevalent that we don’t necessarily question what kind of “crisis” we’re talking about.
The sharp uptick of migrants and refugees attempting to enter the US through Mexico represents, above all, a humanitarian crisis — largely caused by controversial policies in both countries.
However, both in the US and in Mexico, the word “crisis” isn’t used to recognize errors or question federal, state, and local approaches towards migrants and asylum-seekers. Instead, it’s used to shift blame, erase the humanity of the hundreds of thousands desperately exiting their countries, and justify unjustifiable human rights abuses.
Suddenly, the “crisis” is no longer humanitarian, but political and even ideological. This framing allows for migrants and refugees to become an excess to trim. A “situation” to handle.
Today, record-breaking flows of people, mainly from Central America, the Caribbean, and South America, transit through Mexico’s northern and southern borders. Today, an unprecedented rate of internally displaced Mexicans seek asylum in the US, as organized crime groups, cartels, and armed forces clash in states like Michoacan and Guerrero. Today, it’s more important than ever to elevate the conversation around immigration, critically analyzing why so many across the region are being compelled to leave their homes, as well as how hostile pushback policies by Mexico and the US are directly undermining refugee protections and violating migrants’ rights.
Rather than speaking about immigration as an abstract issue whose impact is only examined in terms of good or bad optics for the Biden and López Obrador’s administrations, it’s essential to examine the harmful effects of these two governments’ policies on hundreds of thousands of migrants and asylum seekers.
As public officials in the US and Mexico overlook, distort, and minimize the root causes of migration across the hemisphere, both countries’ enforcement policies aren’t solving the border crisis. Why? Because the combination of deeply problematic binational pushback policies and negligent, criminalizing systems — which NYU historian Irvin Ibarguen has described as part of a “faucet politics” apparatus that adjusts laws to regulate migratory flows based on a varying migrant labor demand — results in inhumane, and ultimately counterproductive tools.
One of the most puzzling questions for both American and Mexican policymakers seems to be why migrants keep trying to cross borders if they keep being sent back, and why so many asylum seekers refuse to return home. While the answers may seem evident, neither the US nor the Mexican government has been willing to acknowledge the profound flaws in their current immigration enforcement policies. The US in particular continues to omit its troubled past in Central America, which continues to reverberate in the region.
In addition to its leading role in the 1980’s destabilization of El Salvador, the US propelled inequality and poverty in Guatemala and Honduras through economic development models and modernization strategies based on monocultures like banana, coffee, and sugar. Even though these military and economic interventions greatly contributed to unstable conditions in the Northern Triangle, current American policies fail to reflect this history and offer comprehensive solutions.
“Migration networks from Mexico and Central America to the United States emerged alongside the opening of US corporate operations in the region,” wrote historians Suyapa Portillo Villeda and Miguel Tinker Salas. “Recycling the policies of the past without addressing the root causes of the crisis in Central America and Mexico assures that people will continue to come in desperation.”
Since taking office, Biden has made a point of rhetorically distinguishing himself from his predecessor. However, the reality of his policies doesn’t embody significant changes. Nearly a month ago, the president indefinitely extended Trump’s controversial Title 42, which allows border agents to immediately expel migrants caught crossing the border, stripping them of their right to seek asylum.
Just as reports emerged of the Biden administration pressuring the Mexican government to eliminate ad-hoc border camps housing thousands of migrants and refugees, the US Supreme Court ordered the president to revive the ‘Remain in Mexico’ program, another Trump-era legacy that forced thousands of asylum seekers to stay in Mexico while waiting for court hearings.
While the former president undertook over 400 executive actions on immigration policy — from border enforcement, to refugee resettlement, immigration courts, and the asylum system — criminalizing laws didn’t begin with Trump. And now, it’s become clear they won’t end with Biden.
As America continues its long-standing efforts to adjust migration to its unofficial labor needs — unauthorized immigrants accounted for at least 5% of the US workforce back in 2017 — Mexico has prioritized its relationship with its northern neighbor over the protection of human rights. In addition to various criminal groups who have made migrants and refugees their targets through extortion, kidnapping, rape, and other attacks, Mexico’s army and police forces have normalized violence as a mitigation tool.
Despite false claims of the National Guard’s character as a civil force, most of its members, officials, and training comes directly from the Mexican Army. Just last Saturday, the largely unregulated armed force viciously attacked migrants and refugees in Chiapas.
After members of the National Guard and the National Institute of Migration violently broke up a caravan of hundreds of migrants in southern Mexico, which included physical attacks on children and women, three UN international agencies urged the national government to uphold international human rights conventions in the use of public force.
“The images shown in the videos broadcast in the media that show elements of the INM using force against migrants, refugees and asylum seekers, including children, contrary to international standards in this area, in the presence of elements of the National Guard, are deeply worrying,” said the United Nations High Commissioner for Refugees, the International Organization for Migration, and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Mexico in a joint statement.
Contrary to López Obrador’s rhetoric, which has long touted a humanistic tenure, independent of American interests, the Mexican federal government’s actions have revealed not only a continued subservience to the US when it comes to the criminalization of migrants and refugees, but also an increasingly militarized immigration enforcement system, repeatedly accused of misconduct.
Biden and López Obrador remain more concerned with perceptions about their stances on immigration than on the actual effects of their administrations’ policies on hundreds of thousands of displaced citizens. The UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, Felipe González Morales, has characterized their pushback policies as a series of “cruel and deadly practices” that breach international law and heighten the risk of human rights abuses.
In 2020, Mexican federal authorities’ human rights violations targeting migrants increased by 80%. The National Migration Institute, the Secretariat of National Defense, the National Guard, the Attorney General’s Office, and the Welfare Secretariat were all accused of inhumane treatment of migrants and refugees — from violence, to failure to provide health services, arbitrary detentions, property confiscations, and failure to advise them on asylum procedures. Abuses were recorded in almost all states, but mainly in Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo Leon, Veracruz, Mexico City, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, the State of Mexico, Jalisco, and Baja California.
After submitting his report to the UN’s General Assembly, González highlighted states’ obligations to “respect, protect and fulfill the human rights of everyone on their territory, irrespective of their migration status.”
Beyond policy and political calculations, an even more ubiquitous and tragic phenomenon is unfolding. With a significant number of Americans and Mexicans supporting their governments’ dehumanizing approaches, migrants and refugees have assumed a scapegoat role against economic, political, and cultural grievances, becoming a convenient “other” to discriminate and exploit.
While the US has long grappled with a racist and xenophobic immigration enforcement apparatus, Mexico is now replicating abusive models that have been employed against its own migrants and refugees up north for decades.
The immigration crisis is a humanitarian one, not a political one. It’s not about “optics” for Biden or López Obrador, or populist claims about “illegals” that cost money or steal jobs.
It’s about hundreds of thousands of people running out of choices other than leaving their homes. It’s about workers desperate for jobs and large families fully dependent on remittances. It’s about a planet quickly warming and a global south facing increasingly extreme and unpredictable climatic conditions. It’s about violent persecutions of civilians in countries like Guatemala, Haiti, El Salvador, Nicaragua, and Venezuela.
As climate change disrupts entire regions, geopolitical conflicts turn more complex, and economic forces strip more and more people of their subsistence, we must understand that labels like “migrant,” “refugee,” and “asylum seekers” aren’t fixed or endemic, but the result of forces beyond the control of those crossing deserts, jungles, and rivers.
Before blindly supporting policies in violation of international conventions, we must challenge our own biases about who we think these people are and why they’re migrating.
“The people are not the problem,” reads an Amnesty International report, which reminds us that someone’s migration status will never reflect their whole identity. “The problem is the causes that drive families and individuals to cross borders and the short-sighted and unrealistic ways that politicians respond to them.”
To not question the current binational pushback policies is to ignore painful examples such as Syria, Afghanistan, Eritrea, El Salvador, Cuba, and Haiti.
These nations have taught us that in the blink of an eye, due to insurmountable pressures, anyone can become a migrant or a refugee.
Migrating should never mean a loss of basic human rights.
Redes sociales del columnista:
TW: @daniguerreroo
