Biden se tarda en eliminar el ‘Título 42’ de Trump: ¿Restablecerá Estados Unidos el derecho a pedir asilo?

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Martha Daniela Guerrero 

Recientes debates sobre la frontera entre México y EU se han centrado en una pregunta que permanece esquiva para muchos: ¿debe desaparecer el Título 42? 

En primer lugar, ¿qué es exactamente el Título 42? Se refiere a la Sección 262 del Título 42 del Código de Estados Unidos, un estatuto de salud pública de 1944 que otorga al Director del Centro Control de Enfermedades la facultad de cerrar indefinidamente la frontera “en caso de un grave peligro de introducción de una enfermedad [transmisible]”. 

Cuando el Covid-19 llegó a EU el pasado marzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos puso en marcha el Título 42. Sin embargo, los principales científicos de la nación encargados de aprobarlo argumentaron continuamente que dicha normativa no cumpliría su promesa de frenar el nuevo coronavirus, sobre todo teniendo en cuenta que seguían existiendo viajes aéreos internacionales. 

Una vez que el CDC se negó a cumplir con la directiva, citando que no había razones válidas de salud pública para emitirla, el ex vicepresidente Pence intervino, instando al entonces Director del CDC, el Dr. Robert Redfield a utilizar la autoridad legal especial de la agencia para cerrar la frontera. Redfield accedió y el Título 42 se convirtió en una realidad.  

El año pasado, la administración de Trump logró extender una de las políticas de inmigración más restrictivas y controvertidas del país. Su aplicación despojó a miles de solicitantes de asilo de su derecho a acceder al sistema legal, dejándolos varados en México indefinidamente. También permitió a agentes de la patrulla fronteriza expulsar unilateralmente a miles de inmigrantes adultos, familias, y menores no acompañados sin el debido proceso o el acceso al asilo. 

Cuando se evalúa la retórica y acciones de la “tolerancia cero” del ex presidente Trump, la mayoría tiende a hablar del muro fronterizo que promovió continuamente. Cuando se trata del desmantelamiento del sistema de asilo, la atención se centra en el programa “Quédate en México,” que dejó en el abandono a por lo menos 70,000 solicitantes de asilo mientras Estados Unidos procesaba sus solicitudes, de las cuales casi 30,000 fueron denegadas por no comparecer ante el tribunal y unas 7,000 fueron descartadas. 

Mientras que las sensacionalistas promesas de Trump de “construir el muro” y devolver a los migrantes “sin jueces ni juicios” ocuparon a menudo el centro del escenario, un conjunto de políticas menos llamativas diseñadas en gran medida por el ex asesor principal del presidente, Stephen Miller, volaron bajo el radar. 

Biden se tarda en eliminar el 'Título 42' de Trump: ¿Restablecerá Estados Unidos el derecho a pedir asilo?

El Título 42 se presentó como una medida inocua y extremadamente necesaria que frenaría la propagación de un nuevo virus mortal. En realidad, al igual que varias otras regulaciones federales y guías políticas que Miller ideó, la interpretación de la ley sanitaria tenía menos que ver con su supuesto objetivo y más con despojar a los solicitantes de asilo de su derecho al debido proceso, así como con borrar el rastro de papel que requieren las deportaciones. 

En el último año, agentes fronterizos aplicaron el Título 42 a más del 80% de los encuentros con migrantes, llevando a cabo 530,000 expulsiones en la oscuridad. Sin proceso, sin rastro de papel, sin supervisión. Estas expulsiones incluyeron a casi 16,000 niños que emigraban solos y a casi 34,000 niños que viajaban con sus padres. Según Los Angeles Times, de los más de 650,000 encuentros con migrantes en la frontera, menos del 1% pudo solicitar protección.

En 2020, expertos de salud, activistas, y tribunales federales se opusieron a la base legal del Título 42. Varios representantes demócratas, incluida la entonces senadora Kamala Harris (D-CA), escribieron una carta en la que acusaban a la administración Trump de violar la ley federal. La ahora silenciosa vicepresidenta llegó a condenar el Título 42 por considerarlo inconstitucional y un “acaparamiento de poder ejecutivo” sin “ningún precedente conocido ni fundamento legal claro.” 

Sin embargo, al igual que en el caso de Harris, la oposición se suavizó cuando el Título 42 pasó de ser el decreto represivo de Trump a la “dura decisión” que Biden tomó para frenar las llegadas masivas a la frontera. Tras las elecciones de 2020, el nuevo presidente continuó discretamente con la política de la era Trump, expulsando a unos 100,000 migrantes cada mes. 

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Aunque informes recientes apuntan al probable final del Título 42 a finales de julio, la administración de Biden ha dado largas, complicando una narrativa de políticas de inmigración restrictivas ligadas exclusivamente al partidismo y la ideología. Además, incluso si la directiva se revierte en julio para las familias, podría seguir expulsando a solicitantes de asilo adultos durante al menos dos meses. 

A principios de este año, el secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, emitió una larga declaración sobre cómo la administración de Biden dependía en gran medida del Título 42 para hacer frente a los flujos récord en la frontera. A pesar de reconocer la utilidad de una política que ha sido clasificada en violación del derecho tanto estadounidense como internacional, Mayorkas describió el enfoque de Biden como más humano. 

Uno de los mayores ejemplos que Mayorkas dio a favor de la “mayor humanidad” de Biden fue cómo su administración puso fin a la práctica de expulsar a menores no acompañados bajo el Título 42. 

Sin embargo, activistas, abogados, legisladores, y funcionarios de Naciones Unidas dicen que al continuar con esta política, la administración de Biden está sancionando las prácticas de Trump.

Además, estos remiendos al Título 42 contienen importantes reservas. No solamente padres desesperados están enviando a sus hijos a la frontera solos, sino que los funcionarios de control migratorio también están discriminando a los niños en función de su nacionalidad. 

Según un informe de Amnistía Internacional, agentes fronterizos están expulsando a niños migrantes no acompañados mexicanos sin realizar los exámenes adecuados para comprobar sus necesidades de protección. En lugar de entregar a los niños a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos para que sus casos sean atendidos por jueces de inmigración, los agentes fronterizos han enviado sistemática y casi inmediatamente a los menores mexicanos de vuelta al sur.

A pesar de que la ley estadounidense exige que los niños mexicanos sean examinados para detectar posibles casos de tráfico de personas, así como posibles solicitudes de asilo antes de su deportación, entre noviembre y abril, cerca del 95% de los niños mexicanos capturados por la Patrulla Fronteriza fueron repatriados sin el debido proceso. 

Decir que el Título 42 ha sido perjudicial para los derechos de los migrantes y los solicitantes de asilo es quedarse muy corto. La directiva ha propiciado abusos de derechos humanos, muertes de migrantes y solicitantes de asilo, y desplazamientos. 

Desde agentes fronterizos hasta grupos criminales, una gama de actores pueden actuar sin controles gracias a la invisibilidad que el Título 42 crea sobre personas detenidas, deportadas, atacadas, torturadas, e incluso asesinadas. 

Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han documentado los crecientes peligros a los que se enfrentan los solicitantes de asilo y los migrantes sometidos al Título 42. Muchos se han visto obligados a vivir en condiciones lúgubres y peligrosas en varios campamentos cerca de la frontera. 

Un reportaje de The Intercept descubrió que la continuación del Título 42 por parte de Biden está impidiendo el acceso al asilo en los puertos estadounidenses, haciendo que tramos mortales de la frontera sean aún más peligrosos y más rentables para los grupos del crimen organizado y las fuerzas de seguridad mexicanas. 

El fuerte aumento de extorsiones, secuestros, violaciones y otras formas de delincuencia y violencia contra solicitantes de asilo y migrantes se ha unido a una explosión de prácticas anteriormente prohibidas por la patrulla fronteriza, como deportar a personas en lugares peligrosos de México en plena noche. Según The Marshall Project, la tasa de mortalidad de migrantes casi se duplicó bajo el Título 42. 

Algunos creen que la aparente incomodidad de la administración de Biden por avanzar demasiado rápido en la revocación del Título 42 está vinculada a las dificultades burocráticas que Trump dejó. Sin embargo, existe una explicación menos idílica y más compleja detrás de la vacilación de un presidente que ha incorporado la inmigración como un dispositivo en su retórica. 

Aunque otros esfuerzos para reconstruir el sistema de solicitud de asilo no son insignificantes, el retraso de las administración sugiere que es más fácil, y mucho más atractivo, para funcionarios y representantes el condenar retóricamente las posturas nativistas y xenófobas que abordar las políticas que impiden a los inmigrantes y refugiados acceder a sus derechos. 

La lentitud con la que se está revocando el Título 42 demuestra que, cuando se trata de apoyar medidas estrictas de inmigración que habilitan la violación de derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo, conservadores y republicanos no están completamente solos. 

Con acciones graduales y vacilantes, así como con eufemismos y racionalizaciones para mantener el Título 42 en vigor, un segmento más amplio de la clase política ha señalado que si bien la búsqueda de asilo es un derecho, no es uno que Estados Unidos esté dispuesto a garantizar. 

Biden’s Slow Elimination of Trump’s Title 42: Will the US Restore the Right to Seek Asylum?  

Martha Daniela Guerrero 

Recent debates about the US-Mexico border have centered around a question that remains obscure to many: should Title 42 disappear or stay in place? 

First of all, what exactly is Title 42? Short for Section 262 of US Code Title 42, this 1944 public health statute grants the Director for Disease Control the power to indefinitely close the border “upon a serious danger to the introduction of [a communicable] disease.” 

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When Covid-19 reached the US last March, the Department of Health and Human Services implemented Title 42. However, the nation’s top scientists responsible for invoking it continually argued that such a regulation would fail its promise to slow the novel coronavirus, especially as international air travel remained. 

Once the CDC refused to comply with the directive, citing no valid public health reason to issue it, former vice president Pence stepped in, urging then-CDC Director, Dr. Robert Redfield to use the agency’s special legal authority to close off the border. Redfield agreed and Title 42 became a reality.  

Last year, the Trump administration managed to extend one of the country’s most restrictive and controversial immigration policies. Its enforcement effectively stripped thousands of asylum seekers of their right to access the legal system, stranding them in Mexico indefinitely. It also allowed US Border Patrol agents to unilaterally expel thousands of immigrant adults, families, and unaccompanied minors without due process or access to asylum. 

When assessing former President Trump’s “zero tolerance” rhetoric and actions, most tend to discuss the border wall he continually publicized. When it comes to the dismantlement of the asylum system, the focus is on the previous administration’s “Remain in Mexico” program, which marooned at least 70,000 asylum seekers while the US processed their applications — of which nearly 30,00 were denied over failure to appear in court and around 7,000 were dismissed. 

While Trump’s sensationalist pledges to “build the wall” and send migrants back “with no judges or court cases” often took center stage, a set of less flashy policies largely designed by the former president’s senior advisor Stephen Miller flew under the radar. 

Title 42 was presented as an innocuous, and extremely necessary measure that would slow the spread of a new deadly virus. In reality, like several other federal regulations and policy guides that Miller devised, the health law’s interpretation had less to do with its reported objective and more with stripping asylum seekers of their right to due process, as well as erasing the paper trail required by deportations. 

Over the last year, border agents applied Title 42 to over 80% of encounters with migrants, carrying out 530,000 expulsions in the dark. No process, no paper trail, no oversight. These expulsions included nearly 16,000 children migrating alone and nearly 34,000 children traveling with their parents. According to the Los Angeles Times, of more than 650,000 encounters with migrants at the border, fewer than 1% were able to seek protection.

In 2020, health experts, immigration advocates, and federal courts opposed Title 42’s legal basis. Several Democratic representatives, including then-senator Kamala Harris (D-CA), wrote a letter accusing the Trump administration of violating federal law. The now quiet vice president once condemned Title 42 as unconstitutional and an “executive power grab” with “no known precedent or clear legal rationale.” 

However, much like in Harris’s case, opposition softened when Title 42 went from Trump’s draconian decree to Biden’s “tough choice” to halt swelling arrivals at the border. After the 2020 election, the new president quietly continued the Trump-era policy, expelling roughly 100,000 migrants each month. 

Although recent reports point to the likely end of Title 42 by the end of July, the Biden administration has dragged its feet, complicating a narrative of restrictive immigration policies tied exclusively to partisanship and ideology. Additionally, even if the directive is reversed in July for families, it may continue to expel adult asylum seekers for at least two months. 

Earlier this year, Secretary of Homeland Security Mayorkas issued a lengthy statement on how the Biden administration was heavily relying on Title 42 to face the border’s record-high flows. Despite acknowledging the utility of a policy that has been described to be in violation of both US and international law, Mayorkas described Biden’s approach as more humane. 

One of Mayorka’s biggest arguments in favor of Biden’s “greater humanity” was how his administration ended the prior practice of expelling unaccompanied minors under Title 42. 

However, advocates, lawyers, lawmakers, and United Nations officials say that by continuing the policy, the Biden administration is sanctioning Trump’s practices.

Additionally, these patchwork changes to Title 42 have important caveats. Not only are desperate parents sending their children to the border alone, but border agents are also discriminating against children based on their nationality. 

According to an Amnesty International report, US officials are expelling Mexican unaccompanied migrant children without adequate screenings for protection needs. Instead of turning the children over to the Department of Health and Human Services’ Office of Refugee Resettlement to have their cases heard by immigration judges, border agents have systematically and almost immediately sent Mexican minors back south. 

Even though US law requires that Mexican children be screened for potential human trafficking as well as potential asylum claims before deportation, between November and April, about 95% of Mexican children caught by Border Patrol were repatriated without due process. 

Saying Title 42 has been detrimental to the rights of migrants and asylum seekers is a vast understatement. The directive proved extremely conducive to human rights abuses, deaths of migrants and asylum seekers, and displacements. From border agents to criminal groups, a diversity of actors is allowed to operate unchecked because of Title 42’s invisibilization of people being detained, deported, attacked, tortured, and even killed. 

Human rights organizations and several media outlets have documented the increasing dangers faced by asylum seekers and migrants subjected to Title 42. Many have been forced into dismal and dangerous conditions in several new camps near the border. 

A report by The Intercept found that Biden’s continuation of Title 42 is obstructing asylum access at US ports, making deadly stretches of the border all the more dangerous, and all the more profitable for organized crime groups and Mexican security forces. 

A sharp rise in extortion, kidnappings, rape, and other forms of crime and violence targeting asylum seekers and migrants has merged with an explosion of previously prohibited practices by border patrol agents, like dropping people off in dangerous locations in Mexico in the middle of the night. According to The Marshall Project, the death rate of migrants nearly doubled under Title 42. 

Some believe the Biden administration’s apparent discomfort with moving too fast in Title 42’s reversal is tied to the procedural difficulties of dismantling Trump’s multiple policies. However, a less idyllic and more complex explanation may better illustrate the hesitancy from a president who has embraced immigration as a rhetorical device. 

While other efforts to reconstruct the asylum system are not insignificant, the administration’s lagging suggests it may be easier, and far more attractive, for public officials and representatives to rhetorically condemn nativist, xenophobic stances than to tackle the root policies preventing migrants and refugees from accessing their rights. 

The slow-moving effort to reverse Title 42 proves that when it comes to supporting strict immigration measures that enable human rights violations against migrants and asylum seekers, conservatives and Republicans may not be completely alone.

With gradual and partial actions, as well as euphemisms and rationalizations to keep Title 42 in place, a larger segment of the political establishment has signaled that while seeking asylum is a right, it may not be one America is willing to ensure. 

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