Se repartirán 2,100 millones a inmigrantes indocumentados en Nueva York

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Nueva York creó el mayor fondo de ayuda en Estados Unidos para trabajadores que no recibieron prestaciones del gobierno durante la pandemia. Con las solicitudes abiertas desde agosto, activistas y funcionarios públicos luchan para garantizar una distribución inclusiva del histórico fondo. 

Martha Daniela Guerrero

En la tarde del 18 de abril, un pequeño grupo de personas se reunió para una carne asada en Prospect Park, Brooklyn. A pesar del mal clima, alrededor de treinta alegres invitados sacaron canastas de comida, hieleras, y un gran asador. Rodeados por sillas, los asistentes no tardaron en empezar a bailar en medio del parque. 

Hermes Díaz, un hombre afable de ojos color avellana, cocinaba tiras de ternera y volteaba tortillas calientes en la parrilla. Tras recoger su pelo negro en una coleta, su mujer, Diana, montó una mesa plegable con grandes bandejas y tazones llenos de tostadas, limones, y salsas. 

Era una celebración. Menos de dos semanas antes, la mayoría de los asistentes al día de campo, incluidos Hermes y Diana, no podían comer nada. Habían ayunado hasta 23 días en una huelga de hambre rotativa liderada por trabajadores inmigrantes en Manhattan y Westchester. 

La protesta, llamada “Ayunando por los Olvidados”, terminó el 7 de abril, el mismo día que la legislatura de Nueva York aprobó el primer paquete multimillonario del país para inmigrantes indocumentados, quienes no recibieron ninguna ayuda del gobierno. 

Hermes y Diana, ambos de 40 años, emigraron de Colombia a Nueva York hace siete años ante la violencia y falta de empleo. El matrimonio Diaz ayunó durante tres días en la iglesia Judson Memorial. Diana, una preparadora en un restaurante mexicano y madre de dos, dijo que su trabajo no le había permitido ayunar durante más tiempo. Hermes, un obrero de construcción, tampoco pudo quedarse más por su trabajo. 

Los Díaz estaban cocinando para los huelguistas que ayunaron por más de tres semanas. Gracias a ellos se mantuvo la protesta de la Coalición de Trabajadores Excluidos, un colectivo de casi 200 organizaciones comunitarias y grupos laborales de Nueva York que presionaron para conseguir 2,100 millones en asistencia por la pandemia. 

Felipe Idrovo fue uno de estos huelguistas. El migrante ecuatoriano de 52 años no comió durante 23 días. Cuando terminó la protesta, los médicos que monitorearon a huelguistas duraderos como Idrovo recomendaron un regreso gradual a los alimentos para evitar cambios metabólicos peligrosos. El trabajador de Ecuador, quien perdió tanto su trabajo en una planta de distribución de alimentos por los cierres de la pandemia como a su hermano ante el Covid-19, estaba emocionado de por fin poder comer algo más que caldo de pollo y gelatina. 

“El año pasado fue el más duro de mi vida. Perdí mi trabajo, me enfermé gravemente de Covid, pero, sobre todo, perdí a mi única familia en este país. Extraño a mi hermano,” dijo Idrovo. “Estoy muy agradecido por el día de hoy. Esto es mucho más que una comida.”

Una semana después de la carne asada de Prospect Park, Merced Aguilar estaba teniendo su propia celebración en su departamento de Williamsburg, Brooklyn. La limpiadora de casas de 43 años, originaria de México, dijo que no tenía suficiente dinero para comprar “comida especial”, que para ella eran camarones, pero estaba decidida a celebrar la ocasión.

Aguilar sirvió dos platos de fideos instantáneos y dos vasos de agua, uno para ella y otro para su hijo de 22 años. Después añadió polvo con sabor a limonada a los vasos, una costumbre que adquirió durante la pandemia para mantenerse llena. Comprada a granel, una bolsa grande de paquetes cuesta 5 dólares. “Mezclas los sobres con agua, porque el agua no cuesta, y así le das un sabor dulce, es casi como comer un poco más”. 

Aguilar suspiró después de poner la comida en una pequeña mesa cerca de su cocina. “Quiero recordar este momento,” dijo. “Después de un año de llorar hasta quedarme dormida, este dinero me hace sentir que no somos invisibles”. 

Aguilar no participó en la huelga de hambre porque no podía dejar de buscar trabajos de limpieza, pero siguió la huelga en Facebook. Mientras esperaba a sus empleadores en “La Parada,” una esquina de la calle del barrio judío ortodoxo de Williamsburg y uno de los únicos centros de contratación para mujeres jornaleras del país, Aguilar buscaba actualizaciones en su teléfono. 

“Seguí esperando noticias, hasta que un día anunciaron que nos daban el dinero de verdad,” dijo Aguilar. “Todavía no puedo creer que haya sucedido, pensé que era imposible”. 

Hasta 290,000 trabajadores de Nueva York podrían beneficiarse del fondo, según David Kallick, director de la Iniciativa de Investigación sobre Inmigración del Instituto de Política Fiscal. Alrededor de 92,000 personas podrían obtener el pago superior de 15,600 dólares y 199,000 el pago inferior de 3,200 dólares. Como familiares de los posibles beneficiarios, hasta 1,2 millones de neoyorquinos de familias de estatus mixto que fueron excluidos de ayudas federales también podrían beneficiarse de estos pagos.

Mientras la familia Díaz, Aguilar, y otros llenan solicitudes que se abrieron este agosto, legisladores y activistas esperan que los pagos lleguen a los bolsillos de la gente en octubre.

“Todo lo que podemos hacer es esperar,” dijo Aguilar. “Aunque ya hemos esperado tanto tiempo”. 

Los trabajadores indocumentados no han recibido ninguna ayuda del gobierno durante los casi 16 meses de la pandemia. 

Aún quedan muchas dudas sobre quiénes recibirán el dinero y cuánto podrán asegurar. Todo dependerá de documentos que son difíciles e incluso imposibles de conseguir para trabajadores indocumentados. Tras ser publicados recientemente, los estatutos del fondo han suscitado críticas sobre arduos requerimientos que restringirán el acceso.

“Digámoslo claramente, un Fondo de Trabajadores Excluidos que excluye aún más a los trabajadores excluidos es una burla,” dijo Brad Lander, miembro del Consejo de la Ciudad (D-Brooklyn) y candidato demócrata a Contralor de Nueva York. 

Representantes y activistas denunciaron las nuevas regulaciones publicadas por el Departamento de Trabajo, diciendo que están condenando al fracaso a muchos solicitantes. Bianca Guerrero, coordinadora de la campaña del Fondo de Trabajadores Excluidos, describió los requerimientos como “barreras deliberadas para miles de trabajadores esenciales y excluidos.” 

Los trabajadores deben acreditar una pérdida de ingresos del 50%, algo que no exigen ni el seguro de desempleo estatal ni los cheques de estímulos federales. Combinado con el requisito de que los solicitantes no ganaran más de 26,208 dólares en 2020, trabajadores que recibieron un salario tan bajo como 20,000 dólares el año pasado no serán elegibles a menos que hayan ganado 40,000 dólares en 2019. 

Otras preocupaciones planteadas por la Coalición de Trabajadores Excluidos fueron “un conjunto demasiado estrecho de documentos para demostrar empleos anteriores, identidad y residencia” y “requisitos excesivos de documentación de empleo que excluirán a los trabajadores que reciben pagos en efectivo.” 

“No existe ningún otro programa de ayuda que tenga tantas restricciones,” dijo Jumaane Williams, Defensor Público de la ciudad de Nueva York. 

“Ha Sido Un Camino Largo”

En marzo del año pasado, la Coalición de Trabajadores Excluidos lanzó una campaña para financiar un fondo para los trabajadores que no recibieron ayuda debido a su estatus migratorio. En Nueva York, esta población incluyó a jornaleros, trabajadores del hogar, conductores de taxis y de aplicaciones, obreros en fábricas y sitios de construcción, y vendedores ambulantes. 

“Nos impulsó la urgencia y la desesperación que veíamos en todas las comunidades inmigrantes,” dijo Carina Kaufman-Gutiérrez, subdirectora de Street Vendor Project y organizadora de la Coalición. “Hubo un rechazo increíble. La desinformación, el racismo, y los ánimos xenófobos se mezclaron con una retórica de austeridad, por lo que los que se negaban a ayudar desestimaron a esta gente de todas las maneras posibles.” 

El año pasado, la Coalición organizó múltiples caravanas en Nueva York, cerró puentes, y llevó a cabo campañas de distribución de alimentos. Activistas protestaron frente al pent-house del director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en la Quinta Avenida, para destacar el contraste entre multimillonarios que se enriquecieron durante la pandemia y trabajadores de bajos ingresos que perdieron su trabajo por meses. 

“Realizamos acciones grandes, audaces, coloridas y, en muchas ocasiones, profundamente emotivas que enfrentaron a los neoyorquinos con personas que no podían comprar una bolsa de arroz mientras el Estado los dejaba atrás,” dijo Guerrero.

Las dos huelgas de hambre en Manhattan y Westchester, que comenzaron el 16 y el 18 de marzo respectivamente, fueron las acciones más grandes y prolongadas de la Coalición, y arrancaron junto a las negociaciones del presupuesto estatal.  

“Para conseguir el dinero, necesitábamos trabajadores de todo el estado y de diferentes sectores, lo que dio lugar a que obreros y trabajadores de fábricas en el norte del estado ayunaran en solidaridad con trabajadores de limpieza y restaurantes en la ciudad de Nueva York,” dijo Nadia Marín-Molina, co-directora de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) y organizadora de la Coalición. 

Diego De la Vega, organizador digital de la Coalición, dijo que, debido al plazo impuesto por las negociaciones presupuestarias, la huelga de hambre era una campaña especialmente importante para hacer realidad el fondo. “Nuestro objetivo era hacer que los trabajadores excluidos y su lucha fueran más y más difíciles de ignorar para la legislatura.”

Los legisladores demócratas progresistas que defendieron el Fondo para Trabajadores Excluidos también se toparon con su cuota de oposición. 

Se repartirán 2,100 millones a inmigrantes indocumentados en Nueva York
Foto: Make The Road

“Ha sido un camino largo,” dijo la asambleísta Carmen De la Rosa (D-Manhattan), principal promotora del fondo. 

Como una de las dos defensoras del paquete de ayuda, junto con la senadora estatal Jessica Ramos (D-Queens), De la Rosa dijo que ella y colegas progresistas en ambas cámaras tuvieron muchas conversaciones difíciles. “Aunque estábamos en medio de la aprobación de un presupuesto para ayudar a los neoyorquinos a recuperarse ante la crisis de la pandemia, para algunos legisladores esta ayuda no incluía a los neoyorquinos indocumentados”. 

Según legisladores y activistas, el fondo se convirtió en un punto de fricción en las discusiones finales del presupuesto. 

“No fue una victoria fácil,” dijo la asambleísta Jessica González-Rojas (D-Queens). “Tomó más de un año de organización, batallas contra la presión de algunos legisladores y el gobernador Cuomo, y en última instancia, ver a las personas afectadas por nuestras políticas en las calles, desesperadas en una huelga de hambre”. 

Aunque legisladores republicanos lideraron los esfuerzos de oposición, el fondo también reveló grietas entre los legisladores demócratas, particularmente entre progresistas y moderados. 

Las tensiones se manifestaron a principios de este año, cuando el gobernador Cuomo dejó el fondo fuera de su propuesta presupuestal, aunque tanto la Asamblea estatal como el Senado incorporaron planes para un programa de ayuda de 2,100 millones. Al menos 30 demócratas de la Asamblea y 13 senadores mantuvieron reuniones privadas durante la primera semana de abril para expresar sus reservas.

Cuando las negociaciones se estancaron, huelguistas y activistas organizaron protestas frente a las oficinas de los miembros de la Asamblea Thomas Abinanti (D-Westchester) y Amy Paulin (D-Westchester), dos de los críticos demócratas más vocales del fondo. 

“En la Asamblea, hay mucha gente que exige lealtad a las frases hechas,” dijo Abinanti. El legislador de Westchester dijo que estaba a favor del “concepto de asignar 2.1 millones a gente con dificultades”, pero que los detalles del paquete le preocupaban a él y a otros colegas, incluyendo los requisitos para demostrar residencia y pérdida de ingresos, las retenciones fiscales y la distribución del fondo. 

“No era sólo yo. Éramos 35 personas. Pero los demás se quedaron callados cuando vieron cómo me atacaban. Pero no se quedaron menos preocupados.” 

Abinanti, quien se refirió a sí mismo como “un fuerte defensor de los derechos de los inmigrantes,” dijo que le preocupaba que una inversión tan grande para indocumentados podría mejorar las perspectivas electorales de los republicanos en Westchester y otros condados del norte del estado de Nueva York, que a menudo se han inclinado hacia la derecha. “Cuando oyes a la ultraderecha decir constantemente: ‘¿Por qué los demócratas regalan dinero a los ilegales y les animan a venir a este país? No estamos haciendo nada para disipar ese argumento”.

A pesar de las discusiones, la amenaza de anular el fondo se atenuó cuando los progresistas negociaron con demócratas moderados, preocupados por la regulación del fondo. Los huelguistas de la Coalición también organizaron una última ronda de protestas frente a la oficina del gobernador Cuomo en Manhattan y la Mansión Ejecutiva, presionando a los legisladores y al gobernador a llegar a un acuerdo. 

Al final de las negociaciones, Abinanti votó a favor del fondo tras presionar para que el lenguaje de la ley diera al Departamento de Trabajo “amplias facultades de regulación.” Sin embargo, aunque darle mayor autoridad al Departamento de Trabajo convenció a varios demócratas moderados de votar a favor del paquete de ayuda, hoy la expresión de estas facultades restringirá el acceso a miles de trabajadores indocumentados.

“¿Son personas lo suficientemente buenas para cocinar y repartir nuestra comida, para cuidar a nuestros hijos, para construir nuestra ciudad, pero no lo suficientemente buenas para recibir nuestra ayuda?,” dijo De La Rosa. “Me han decepcionado profundamente los continuos esfuerzos de mis colegas por frenar la existencia de este fondo.” 

Una Nueva Ruta Hacia la Recuperación Económica

No tardaron en denunciar el fondo los legisladores estatales republicanos, conservadores de Nueva York, e incluso figuras nacionales como Tom Cotton (R-AR) y Steve Scalise (R-La). Con declaraciones repletas de retórica nativista, muchos representantes estatales y analistas conservadores empezaron a difundir desinformación sobre la magnitud de los pagos, las amenazas de posibles fraudes, y los requisitos de elegibilidad.   

En un artículo de opinión para el Hudson Power Broker, un sitio digital ahora inactivo “establecido porque los periódicos locales carecen de cobertura política, tienen un sesgo liberal o ambas cosas,” el asambleísta Kieran Lalor (R-C,I-East Fishkill) atacó los “2,100 millones para los inmigrantes ilegales que alegan haber estado desempleados durante la pandemia.” 

“Los neoyorquinos están pagando la factura de un gobierno al que le importan más los inmigrantes ilegales,” dijo Lalor en un comunicado. “Bajo el gobierno del ala socialista de los demócratas, el inmigrante ilegal promedio obtendrá exponencialmente más de este presupuesto que el neoyorquino promedio.”

En contraste a la desinformación difundida por Lalor, el monto máximo de $15,600 del fondo no es una cifra arbitraria. Representa un año completo de desempleo, equivalente a $300 a la semana. Además, debido a que los requerimientos del fondo son más estrictos que los de cualquier otro programa de ayuda, muchos trabajadores no recibirán este pago retroactivo a pesar de haber perdido sus trabajos. 

Diana Urban, economista y profesora retirada de la Universidad de Connecticut, dijo que es necesario considerar el fondo desde una perspectiva económica.

Los trabajadores indocumentados representan al menos el 5% de la mano de obra del estado, según el Instituto de Política Fiscal. En los últimos diez años, han aportado $1,400 millones en impuestos del seguro de desempleo, así como unos $1,100 millones anuales en ventas estatales y locales. También pagan unos $12,000 millones anuales a la Seguridad Social y $3,000 millones a Medicare. 

Urban calificó el fondo como una “política económica sensata” que proporcionará beneficios a largo plazo a muchos trabajadores, “desde quienes se dedican a los servicios y a la agricultura, hasta los que trabajan en los hipódromos de Saratoga.” “Esto levantará a las familias dándoles fondos para que puedan volver a la economía.”

Kallick describió el fondo como “urgentemente necesario, totalmente merecido, y a punto de beneficiar no sólo a los trabajadores y sus familias, sino también a sus comunidades extendidas.” 

Según un reciente informe del Instituto de Política Fiscal, el fondo permitirá a muchos consumidores volver a gastar. Se calcula que el paquete de ayuda aportará unos $251 millones a la economía de Long Island; $60 millones en el norte y el oeste de Nueva York; $29 millones en la región de la capital; $65 millones en el valle medio del Hudson; $143 millones en el valle bajo del Hudson; y $1,500 millones en la ciudad de Nueva York. 

Los legisladores dijeron que el aumento del poder adquisitivo de los neoyorquinos indocumentados acelerará la recuperación en los barrios más afectados. 

“Empezamos a Vivir Una Pesadilla” 

Al preguntarles por los efectos de la pandemia en sus finanzas, Hermes y Diana Díaz dieron la misma respuesta: “en este país, si no trabajas todos los días, no comes.” 

“Durante años, lo único que me importaba era no faltar nunca al trabajo, tener siempre buenos turnos, tomar días extra cada vez que podía,” dijo Diana, que perdió su trabajo en marzo de 2020 y fue contratada de nuevo en julio, a una capacidad reducida. “Pasé de trabajar más de 40 horas a la semana a 12. Perdí mi semana laboral y aún no la he recuperado.” 

Hermes recuerda el día que lo despidieron del sitio de construcción. Era mediados de marzo del año pasado y los policías de la comisaría que estaba renovando empezaron a enfermarse, al igual que sus compañeros. “Como alguien sin papeles, en el momento en que pierdes tu capacidad de trabajo, pierdes todo.” 

El New School Center for NYC Affairs estimó que los trabajadores extranjeros ocupaban el 49% de todos los empleos privados antes de la pandemia, pero representaron el 54% de los empleos perdidos, el doble de la tasa de desempleo. Muchos de ellos trabajan en sectores gravemente afectados por los cierres de la pandemia, como restaurantes, servicios personales y la construcción. Casi uno de cada seis empleos en la ciudad de Nueva York perdidos a causa de la pandemia estaba ocupado por un trabajador indocumentado.

Hermes comenzó a servir como voluntario en tres grupos de ayuda alimentaria, repartiendo comida a los necesitados. “Todos los días doy gracias a Dios por esos bancos de alimentos,” dijo Hermes. “Alimentaron a tanta gente, incluida mi familia.”

Catalina Cruz (D-Queens), la primera antigua Dreamer electa a la asamblea estatal, representa el distrito con la mayor concentración de inmigrantes indocumentados, donde viven los Díaz. “Sin vales de comida, sin ayuda para la renta, sin pagos de desempleo, sin ayuda federal o estatal,” dijo, sobre las condiciones una vez que la pandemia se desató. “Nada que los mantuviera a flote.”

La gente del distrito de Cruz empezó a tomar decisiones difíciles. “Hicieron cálculos que nadie debería hacer: ‘¿Compro comida o pago mi renta o pago las cuentas?’ Muchos liquidaron sus ahorros de toda la vida,” dijo la legisladora de Queens. “Demasiadas personas de mi distrito acabaron sin hogar, completamente arruinadas, teniendo que pedir dinero prestado a usureros, desesperadas y hambrientas. Este dinero les va a ayudar a pagar sus deudas, les va a ayudar a sobrevivir.”

En julio de 2020, Hermes por fin encontró trabajos ocasionales en la construcción, que se reanudó a un ritmo más lento. “No estábamos ganando el dinero que deberíamos haber ganado para alimentar a nuestras hijas, pagar la renta, todos estos gastos que suenan tan básicos. Todavía no lo estamos ganando”. Tan sólo la renta era de $1560 cada mes, y los gastos se acumulaban mes a mes. 

Aunque agradecían tener trabajo, por imprevisible y mal pagado que fuera, tanto Diana como Hermes temían enfermarse. “Queríamos trabajar, pero sabíamos que no era seguro hacer lo que estábamos haciendo,” dijo Diana. 

Marín-Molina dijo que los obreros y trabajadores de restaurantes eran más propensos que otros empleados a infectarse con el Covid-19. “No sólo volvieron al trabajo antes de que fuera seguro, sino que trabajaban en interiores gran parte del tiempo, compartiendo material y hacinados en espacios poco ventilados.”

Las comunidades indocumentadas en general experimentaron un conflicto entre ingresos y salud durante la pandemia, según Alyshia Gálvez, profesora de Estudios Latinoamericanos y Latinos en la City University of New York y experta en migración de México y Centroamérica, 

“Mucha gente recorrió ambas rutas, perdieron su línea de trabajo y luego consiguieron empleos irregulares que eventualmente los llevaron a enfermarse,” dijo Gálvez. “Los trabajos esporádicos que encontraron para sustituir sus empleos más estables no eran suficientes para vivir. Pero eran lo suficientemente peligrosos como para seguir exponiéndolos al virus de formas que otros trabajadores jamás enfrentaron. Les tocó lo peor de dos mundos.” 

Se repartirán 2,100 millones a inmigrantes indocumentados en Nueva York
Foto: Make The Road

Hermes y Diana empezaron a pagar la renta en plazos más pequeños durante la pandemia. A finales de 2020, se quedaron atrás. Después de una relación positiva de cinco años con su casero debido a los trabajos de reparación y mantenimiento de Hermes en el edificio, la familia Díaz nunca imaginó que dos meses sin pagar renta pondrían en marcha uno de los períodos más aterradores de sus vidas en Nueva York. 

A principios de diciembre, su casero los amenazó con echarlos a pesar de la moratoria de desalojo vigente en el estado. Los Díaz se apoyaron en su hija, que habla inglés, para llamar al 911 y denunciar las amenazas.  

La policía les dijo que registraran cualquier otro acoso, lo cual hicieron. “Empezamos a llamar a la policía dos veces al día cuando nos cortaba la calefacción o nos apagaba las luces,” dijo Hermes. “Esos días son difíciles de recordar.” 

“Empezamos a vivir una pesadilla,” dijo Diana. 

A través de denuncias, fotos, vídeos, y correspondencia con el ayuntamiento, los Díaz documentaron cómo su casero cortó continuamente servicios como la calefacción, luz, e internet en su departamento, a veces por varios días. 

“El año pasado, en diciembre hizo mucho frío,” dijo Diana. “Le dijimos que lo que estaba haciendo era ilegal, y que estaba mal hacerle daño así a una familia, hacerla sentir miedo en su propia casa.”

Tras dos días de andar de un lado a otro, cubiertos con cobijas y cargando linternas, tratando de salvar la comida que se echaba a perder en un refrigerador sin electricidad, Hermes le pidió a su hija que llamara al Departamento de Vivienda para denunciar a su casero. 

Una investigación in situ confirmó los cortes de luz, calefacción e Internet. Se le instó al casero a reparar goteras en la cocina y el baño, a instalar rejas en las ventanas y a arreglar la puerta del departamento, y los abusos registrados llevaron a los Díaz a presentar una demanda. El caso en el tribunal civil sigue abierto. 

“Ese hombre nos hizo daño, nos hizo sentir indefensos y pequeños,” dijo Hermes. “Hubo días en los que seguir adelante se sentía imposible. No teníamos dinero, así que cualquier trabajo que apareciera lo aceptaba, pero la idea de dejar a mis hijas solas en ese departamento empezó a aterrarme.” 

“Escuchar a mis hijas preguntar si tendríamos internet para sus exámenes online me rompió el corazón,” dijo Diana. “Ni siquiera podían cargar sus computadoras porque la electricidad se cortaba toda la noche”.

El casero de la familia Díaz no respondió a las múltiples peticiones de respuesta. 

“Para Nosotros, fue Caída Libre”

Merced Aguilar había logrado grandes avances con sus clientes tras cuatro años trabajando en La Parada. “La gente me volvía a llamar y empecé a tener trabajos estables porque a las familias les gustaba cómo limpiaba”. La trabajadora de limpieza incluso redactó un contrato personalizado con la ayuda de Liberty Cleaners, un colectivo laboral auspiciado por Workers Justice Project, una organización comunitaria de Brooklyn. 

“Muchas compañeras creen que no tienen ningún derecho, que, al pedir un trapeador, o decir no voy a limpiar ventanas por fuera por que me puedo caer, o pedir un salario de $15 por hora, las van a correr del país,” dijo. “Yo pensaba eso, pero Liberty Cleaners me enseñó que no es cierto. Me enseñó a defenderme.”

Pero ese mundo se derrumbó cuando Covid-19 arrasó por primera vez en marzo del año pasado. 

“En un momento, perdí todos mis trabajos de limpieza. Me arruinó la pandemia, ahora nadie quiere firmar mi contrato,” dijo Aguilar. “No han sido tiempos fáciles para nadie,” dijo Aguilar. “Pero para nosotras, fue caída libre. Nadie nos protegió nunca, ni del virus, ni del hambre, ni de vivir sin trabajar.” 

Las limpiadoras de casas como Aguilar fueron de las más afectadas por el desempleo durante la pandemia. Casi el 40% de quienes trabajan en limpieza no tienen nacionalidad norteamericana, y encabezaron la pérdida de empleos, según la Oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York. Las cifras preliminares de un estudio del Instituto del Trabajador de la Universidad de Cornell mostraron que más de la mitad de las mujeres de La Parada perdieron sus trabajos a causa de la pandemia.

Como madre soltera durante más de dos décadas, para Aguilar el Covid-19 encarnó dos miedos. En primer lugar, la imposibilidad de trabajar para mantenerse a sí misma y a su hijo. “Cuando eres el único padre, sabes que nunca puedes dejar de trabajar. Limpiando casas, empaquetando comida, sirviendo mesas. El trabajo es vida”. En segundo lugar, la idea de enfermarse sin tener dinero para el tratamiento. Cuando Aguilar se enteró de que una amiga íntima y compañera de limpieza de casas había muerto de Covid-19, se derrumbó. “Después de que murió, yo no quería salir más a la calle, tenía mucho miedo de trabajar. Pero nunca tuve otra opción.”

Aguilar se vio obligada a seguir buscando trabajos itinerantes de limpieza a pesar de una demanda casi inexistente, asumiendo un alto riesgo de infección. “Todos decían quédense en casa, pero no podíamos porque teníamos cuentas que pagar, teníamos que comer.” Expuestas a entrar en casas de extraños durante la pandemia y trabajando en un barrio judío ortodoxo con altas tasas de Covid-19, las limpiadoras de La Parada dijeron que el riesgo de enfermar era muy alto. 

Aguilar llegó a la casa de una empleada y notó que el marido de la mujer no salía de su habitación. Después de limpiar el resto de la casa, un hombre visiblemente enfermo, tosiendo y sin mascarilla, salió de la habitación para que Aguilar la limpiara. “Cuando entré en la habitación, se me puso la piel de gallina, sabía que lo que iba a limpiar era peligroso.” Aguilar seguía esperando que su jefe le dijera si era Covid-19. “Nunca me dijo nada, terminé de limpiar y me fui con ese miedo de, espera ¿estoy enferma?”.

Gálvez destacó un “engaño colectivo” necesario para que Nueva York siguiera funcionando mientras muchos trabajaban desde casa y se mantenían a salvo del virus. “La palabra esencial se convirtió en un eufemismo para expiatorio y desechable.” 

“La mayoría de nosotros, que hemos podido trabajar desde casa, hemos dependido de trabajadores a los que les decíamos: ‘no podemos hacer nada por ustedes’,” dijo Gálvez. “Son trabajadores que ya estaban excluidos de protecciones y beneficios a pesar del peso de su trabajo para un estado como Nueva York”.

“Recuerdo estar en el tren vacío, pensando, ¿qué voy a hacer si no puedo trabajar? ¿Qué va a pasar si me enfermo?”, dijo Aguilar. “Mi hijo me preguntaba por mi día y yo me ponía a llorar.”

“Todavía No Hemos Tocado Tierra”

La solicitud del fondo, disponible sólo en línea, funciona mediante un sistema de puntos en función de los documentos que aporte cada solicitante. El pago de $15,600 requiere cinco puntos y el de $3,200 requiere tres. 

Los solicitantes necesitan al menos uno de los requisitos establecidos en la legislación para alcanzar el pago superior. Las declaraciones fiscales de 2018, 2019 o 2020; una carta de un antiguo empleador; seis semanas de recibos de sueldo o declaraciones salariales; un W-2 o 1099 de 2019 o 2020 que demuestre ingresos; o una notificación salarial formal de un empleador, valen cinco puntos.  

Otros documentos valen uno o tres puntos, para que los beneficiarios puedan combinarlos. Entre los documentos de tres puntos se encuentran las denuncias reconocidas por un tribunal o agencia estatal que indique que la persona recibió o tuvo derecho a pagos de seis semanas medio año antes de ser elegibles al fondo, así como depósitos y transferencias directas. Los documentos de un punto incluyen una tarjeta de identificación emitida por el empleador, mensajes entre el solicitante y un empleador, y recibos de transporte.

“La forma en que el Estado aplique el fondo es tan importante como el hecho de que se haya aprobado,” dijo Kaufman-Gutiérrez. “Y hasta ahora, el sistema meritocrático de puntos probablemente dejará fuera a mucha gente.”

Un solicitante necesita al menos un documento de tres puntos para obtener el pago más alto: cinco documentos de un punto no pueden sumarse para conseguir $15,600. Pero para trabajadores que hayan recibido pagos en efectivo y tengan varios empleadores, esto significa menos probabilidades de tener algún documento de tres puntos. Es por eso que activistas y funcionarios públicos afirmaron que el sistema de puntos, tal y como se ha presentado por el Departamento de Trabajo, excluirá a miles del nivel superior de pagos.

“Definitivamente nos preocupa esto, porque el fondo no es un fondo si no llega a los trabajadores,” dijo Marín-Molina. “Por ejemplo, los jornaleros que perdieron su trabajo durante meses y meses, muchas veces no tienen talones de pago, ni otros documentos de este tipo que facilitarían su solicitud. Así que ahora que el fondo existe, nuestro papel es asegurarnos de que el Departamento de Trabajo haga todo lo que pueda con el objetivo de que el fondo sea significativo, y de que se priorice la flexibilidad y el acceso.” 

“Me preocupa que estas restricciones parecen estar intentando reducir el acceso para muchos neoyorquinos,” dijo Ramos. 

A finales de julio, cientos de inmigrantes, activistas y representantes se reunieron para protestar las recién publicadas regulaciones del fondo, las cuáles se hicieron públicas tan sólo días antes de que se abrieran las aplicaciones. “Todo trabajador excluido debería poder al menos aspirar al pago superior,” dijo Guerrero. “Ese no será el caso, miles serán inmediatamente descalificados debido al sistema de puntos establecido.”

La pandemia también ha hecho casi imposible la renovación de documentos, con retrasos en el Servicio de Impuestos Internos, consulados y embajadas debido a los cierres de emergencia. Estos atrasos podrían privar a muchos solicitantes del pago más bajo de $3,200. Las cartas de empleo también son un problema. Los trabajadores que las necesitan han señalado que se enfrentan a jefes poco cooperativos que prefieren evitar dejar por escrito su contratación de trabajadores indocumentados.  

“La legislación del Fondo de Trabajadores Excluidos dio mucha discreción al Departamento de Trabajo para implementar este programa,” dijo Ramos. “Pero, por desgracia, no me parece que el objetivo aquí sea el mismo, que es ayudar al mayor número posible de solicitantes.”

Los Díaz esperan obtener el pago máximo de $15,600, ya que han pagado impuestos hasta este año. Aguilar, que lleva dos años de retraso en el pago de sus impuestos y trabaja como jornalera para varios hogares de forma intermitente, dijo que su documentación probablemente sólo le permita obtener los $3,200. Todavía no ha enviado la solicitud. 

“Este dinero sería un salvavidas,” dijo Hermes. “Nos permitiría por fin mudarnos.”

La familia Díaz no cree que pueda recuperarse económicamente en al menos un año. “Todavía no hemos tocado tierra. Nuestros empleos aún no han vuelto del todo,” dijo Diana. “Tratamos de ser optimistas, pero el hecho de que la ciudad haya reabierto no significa que las deudas y los gastos desaparezcan.”

Por su parte, Aguilar espera que con el pago de $3,200 pueda pagar las facturas de la luz, que ahora teme abrir cuando llegan por correo, y mantenerse al día con la renta. “No es suficiente, pero al menos es algo.” 

“Muchas noches no puedo dormir pensando en el día siguiente, siempre estoy preocupada por conseguir trabajo,” dijo Aguilar. “Lo que me ha motivado es sobrevivir, pero vivo al día y es agotador.”

Se repartirán 2,100 millones a inmigrantes indocumentados en Nueva York
Foto: Make The Road

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New York’s $2.1 billion pandemic fund for undocumented immigrants faces unprecedented rollout

New York created the nation’s largest relief fund for workers ineligible for government benefits. With applications open since August, advocates and public officials are fighting to ensure an inclusive distribution of the money. 

Martha Daniela Guerrero

On the afternoon of April 18, a small group of people gathered for a Sunday barbecue at Brooklyn’s Prospect Park. Despite the gloomy weather, around thirty cheerful attendees unpacked baskets of food, coolers, and a very large grill. It didn’t take long for people to start dancing on an improvised stage circled by camping chairs. 

Hermes Diaz, a sturdy, hazel-eyed man wearing a baby blue baseball cap, was working the grill, seasoning beef strips and turning over warm tortillas. His wife, Diana, pulled her sleek raven hair into a high ponytail and set up a folding table with large platters and bowls filled with corn chips, limes, and hot sauces. 

It was a celebration. Less than two weeks earlier, most of the people at the picnic, including Hermes and Diana, couldn’t eat anything. They had fasted for up to 23 days in a rolling hunger strike led by migrant workers in Manhattan and Westchester

The protest, called “Fasting for the Forgotten,” broke on April 7 — the same day New York’s legislature approved the nation’s first multi-billion dollar pandemic relief package for undocumented immigrants, who were ineligible for aid at all levels of government. 

Hermes and Diana, who left Colombia for New York City seven years ago because of violence and lack of employment, fasted for three days in Judson Memorial Church. Diana, a 40-year-old meal prepper at a Mexican chain restaurant and mother of two young girls, said work hadn’t allowed her to protest for longer. Hermes, a 40-year-old construction worker, also had to quickly return to his job site. 

The Diaz’s were determined to cook for the strikers who kept fasting as part of the Excluded Workers Coalition, a collective of nearly 200 New York community organizations and labor groups that pushed to secure $2.1 billion in aid. 

Felipe Idrovo, a 52-year-old migrant from Ecuador, was among the longest-standing protesters. He didn’t eat for 23 days. The doctors who had been monitoring hunger strikers recommended Idrovo and others to ease into solid foods to avoid dangerous metabolic shifts. The Ecuadorian worker, who lost his job at a food distribution plant to pandemic closures and his brother to Covid-19, was thrilled finally to have something other than chicken broth and jello. 

“Last year was the toughest year of my life. I lost my job, I got very sick with Covid, but mostly, I lost my only family in this country. I miss my brother,” said Idrovo. “I’m so thankful for today. This is so much more than just a meal.”

A week after the Prospect Park barbecue, Merced Aguilar was having her own celebration in her apartment in Williamsburg, Brooklyn. The 43-year-old house cleaner from Mexico said she didn’t have enough money to buy “special food,” which to her meant buttery shrimp, but was determined to mark the occasion.

Aguilar served two bowls of instant ramen noodles and two tall glasses of iced water, one for her and one for her 22-year-old son. She then added lemonade mix to the glasses, a habit she picked up during the pandemic to keep herself full. When bought in bulk, a large bag of packets costs $5. “You mix them with water, because water is free, and it tastes sweet, almost like more food.” 

Aguilar sighed after setting the food on a small table near her kitchen. “I want to remember this moment,” she said. “After a year of crying myself to sleep, this money makes me feel like we’re not invisible.” 

Aguilar couldn’t participate in the hunger strike because she couldn’t afford to stop looking for cleaning jobs, but she followed the strike on Facebook. Waiting for employers at “La Parada,” a street corner in Williamsburg’s Hasidic Satmar enclave and one of the country’s only day-labor centers for women, Aguilar searched for updates on her phone. 

“I kept looking for news, until one day they announced they were giving us the money for real,” said Aguilar. “I still can’t believe it happened, I thought it was impossible.” 

Up to 290,000 workers in New York could benefit from the fund, according to David Kallick, director of the Fiscal Policy Institute’s Immigration Research Initiative. Around 92,000 could qualify for the top $15,600 payment and 199,000 for the lower $3,200 payment. As family members of potential beneficiaries, up to 1.2 million New Yorkers in mixed-status families excluded from CARES Act funds could also receive some of that money. 

As the Diaz family, Aguilar, and others fill out applications, which opened this August, legislators and activists expect payments to reach peoples’ pockets by October.

“All we can do is wait,” said Aguilar. “Even if we already waited for so long.” 

Undocumented workers have received no government support during nearly 16 months of the pandemic. 

Big questions linger as to who will get the money and how much they will be able to secure — all depending on paperwork that is often hard to come by or nonexistent for undocumented immigrants. Recently published regulations for the fund have raised concerns about access, with critics saying requirements are too burdensome. 

“Let’s say it plainly, an Excluded Workers Fund that further excludes excluded workers is a travesty,” said Brad Lander, City Council member (D-Brooklyn) and Democratic nominee for city comptroller. 

Public officials and advocates denounced the Department of Labor’s newest regulations, saying they are setting up many applicants to fail. Bianca Guerrero, the Fund Excluded Workers campaign coordinator, described them as “intentional bars for thousands of essential and excluded workers.” 

Workers must attest to a 50% income loss, which neither unemployment insurance nor stimulus checks required. Paired with the requirement that applicants earn no more than $26,208, a worker making as little as $20,000 over the past year would be ineligible unless they made $40,000 or more the previous year. 

Other concerns raised by the Coalition included “an overly narrow set of documents for proving prior employment, identity, and residence” and “onerous employment documentation requirements that will push out workers in the cash economy.” 

“There is no other assistance that’s been provided that has had these many restrictions on it,” said Jumaane Williams, Public Advocate for the City of New York. 

“It Was a Long Ride”

In March last year, the Excluded Workers Coalition launched a campaign to fund Covid-19 relief for workers unable to access aid due to their immigration status. In New York, this population included day laborers, domestic workers, taxi and app-based drivers, manufacturing and construction workers, and street vendors. 

“We were driven by the urgency and desperation we were seeing across immigrant communities,” said Carina Kaufman-Gutierrez, deputy director of Street Vendor Project and Coalition organizer. “There was incredible pushback. Misinformation, racism, and xenophobic sentiments blended with austerity rhetoric, so those refusing to help dismissed these folks in all sorts of ways.” 

In the past year, the EWC organized multiple caravans to Albany, shut down bridges, held food distribution drives, and even protested outside Amazon CEO Jeff Bezos’s penthouse on 5th Ave to highlight the contrasting realities of billionaires who upped their wealth during the pandemic against low-income workers who fell through the cracks. 

“We put on these incredibly big, bold, colorful, and many times deeply emotional direct actions that confronted New Yorkers with people who were struggling to buy a bag of rice while the state left them behind,” said Guerrero.

Timed to run parallel to state budget negotiations in Albany, the two hunger strikes that began on March 16 and 18 were the Coalition’s largest and longest actions. 

“To actually get the money, we needed workers from across the state and from different industries, which resulted in having construction and factory workers fast upstate, in solidarity with house cleaners and restaurant workers in New York City,” said Nadia Marin-Molina, co-director of the National Day Laborer Organizing Network (NDLON) and Coalition organizer. 

Diego De la Vega, lead digital organizer for the Coalition, said that because of the set time frame imposed by budget negotiations, the hunger strike was a particularly important campaign to turn the fund into a reality. “Our goal was to make excluded workers and their plight harder and harder for the legislature to ignore.” 

Progressive Democratic legislators who championed the Excluded Workers Fund faced their fair share of pushback. 

“It was a long ride,” said Assemblymember Carmen De la Rosa (D-Manhattan), lead sponsor of the fund bill

As one of two champions of the fund, along with State Senator Jessica Ramos (D-Queens), De la Rosa said she and other progressive colleagues across both chambers had many difficult conversations. “Even though we were in the middle of passing a budget to bring Covid recovery to all New Yorkers, for some legislators this didn’t include undocumented New Yorkers.” 

According to public officials and advocates, the fund became a sticking point in final budget discussions. 

“It was by no means an easy win,” said Assemblymember Jessica González-Rojas (D-Queens). “It took over a year of organizing, fighting against pushback from certain legislators and Governor Cuomo, and ultimately, having the actual people affected by our policies out in the streets, starving in a hunger strike.” 

While Republicans led opposition efforts, the proposed package also revealed cracks among Democratic legislators, particularly between progressives and moderates. 

Tensions manifested early this year, when Governor Cuomo left the fund out of his executive budget proposal, even though both the state Assembly and Senate incorporated plans for a $2.1 billion relief program. At least 30 Democratic Assembly members and 13 senators were reported to hold private meetings during the first week in April to express reservations about the Excluded Workers Fund. 

When negotiations stalled, hunger strikers and Coalition organizers staged protests outside the offices of Assembly members Thomas Abinanti (D-Westchester) and Amy Paulin (D-Westchester), two of the most vocal Democratic critics of the fund. 

“In the Assembly, there are many people who demand allegiance to soundbites,” said Abinanti. The Westchester legislators said that he was in favor of “the concept of allocating $2.1 million to folks who struggled,” but that the fine print concerned him and other colleagues, including requirements to prove residence and loss of income, tax withholdings, and distribution of the fund. 

“It wasn’t just me. There were 35 of us. But the others grew quieter when they saw how I was attacked. But not less concerned.” 

When asked about his constituents, Abinanti, who referred to himself as “a strong supporter of immigrants’ rights,” said that he worried that such a large investment for undocumented immigrants could improve election prospects for Republicans in Westchester and other upstate New York counties, which have often leaned to the right. “When you’re hearing the right-wing constantly saying, ‘Why are Democrats giving money away to illegal people and encouraging them to come to this country? We’re not doing anything to dispel that argument.”

The threat to repeal the fund lessened as progressives negotiated with upstate Democrats concerned with regulation. Coalition strikers also staged a final round of protests outside Governor Cuomo’s Manhattan office and the Executive Mansion, pressuring legislators to come to an agreement. 

Abinanti ultimately voted in favor of the fund after pushing for language that gave the Department of Labor “vast regulation faculties.” Incidentally, these expanded DOL faculties that ultimately got moderates on board, may now restrict access for thousands of undocumented workers. 

“These are people that are good enough to cook and deliver our food, to care for our children, to build our city, but not good enough to receive our help?”, said De La Rosa. ”I was deeply disappointed about my colleagues’ continual efforts to stop this fund from existing.”

A New Road to Economic Recovery

It didn’t take long for Republican state legislators, New York conservatives, and even national figures like Tom Cotton (R-AR) and Steve Scalise (R-La) to denounce the fund. With statements packed with nativist rhetoric, many state legislators and pundits began to spread disinformation regarding the size of payments, threats of potential fraud, and eligibility requirements.   

In an Op-Ed for the Hudson Power Broker, a now inactive digital site “established because local newspapers are either lacking in political coverage, have a liberal bias or both,” Assemblyman Kieran Lalor (R-C,I-East Fishkill) attacked the “$2.1 billion specifically for illegal immigrants claiming they were unemployed during the pandemic.”

“New Yorkers are footing the bill for a government that puts them at the back of the line behind illegal immigrants,” said Lalor in a statement. “Under the rule of the Democrats’ socialist wing, the average illegal immigrant will get exponentially more out of this budget than the average New Yorker.”

Se repartirán 2,100 millones a inmigrantes indocumentados en Nueva York
Foto: Make The Road

But the fund’s top tier isn’t an arbitrary figure. It represents a full year’s worth of unemployment, equaling $300 a week. And documentation requirements are stricter than those of any other relief program. 

Diana Urban, an economist and former professor at the University of Connecticut, said that it’s necessary to look at the fund from an economic perspective.

Undocumented workers make up at least five percent of the state’s labor force, according to the Fiscal Policy Institute. Over the past ten years, they have contributed $1.4 billion in unemployment insurance taxes, as well as an annual estimated $1.1 billion in New York state and local sales. They also pay an estimated $12 billion annually to Social Security and $3 billion to Medicare. 

Urban called the fund “sound economic policy” providing anyone “from service and farmworkers, to those who work the backstretch at Belmont, Aqueduct, or the Saratoga race tracks” with long-term benefits. “This will lift families up by giving them funds so they can check right back into the economy.”

Kallick characterized the fund as “urgently needed, thoroughly deserved, and about to benefit not only workers and their families but also their extended communities.” 

The fund is set to enable people to start spending again, according to a recent report by the Fiscal Policy Institute. The relief package is estimated to bring an estimated $251 million to Long Island’s economy; $60 million in Northern and Western New York; $29 million in the Capital Region; $65 million in the Mid-Hudson Valley; $143 million in the Lower Hudson Valley; and $1.5 billion in New York City. 

Legislators said that increasing purchasing power for undocumented New Yorkers will accelerate recovery among the hardest-hit zip codes. 

“Neighborhoods with high immigrant populations saw a decrease in disposable income to support local small businesses, to keep up with rent, certainly to put food on the table,” said State Senator Jessica Ramos. “We’re providing a healthy boost to many Black and Brown communities across New York State.” 

“We Started Living a Nightmare” 

When asked about the pandemic’s effects on their finances, Hermes and Diana Diaz gave the same answer: “in this country, if you don’t work every day, you don’t eat.” 

Even though both Hermes’s work in construction and Diana’s prep job at a restaurant fluctuated, they managed to enroll their eldest daughter in college and move into an apartment in Queens. 

“For years, all I cared about was never missing work, always having good shifts, picking up extra days when I could,” said Diana, who lost her job in March 2020 and was rehired in July at a reduced capacity. “I went from 40 plus hours a week to 12. I lost my working week, and it’s still not back.” 

Hermes remembers the day he was let go from the construction site. It was mid-March last year and the police officers at the precinct he was renovating started falling sick, as did his fellow workers. “As someone without papers, the minute you lose your ability to work, you have nothing.”

The Diaz’s spent nearly four months without any income. 

The New School Center for NYC Affairs estimated that foreign-born workers held 49% percent of all private jobs before the pandemic but accounted for 54% of lost jobs — twice the overall private sector displacement rate. Many worked in industries hard-hit by mandated closings, including restaurants, personal services, and construction. Nearly one in six New York City jobs lost due to the pandemic was held by an undocumented worker.

Hermes began volunteering for three food-aid groups, delivering food to those in need. “Every day, I thank God for those food banks,” said Hermes. “They fed so many people, including my family.”  

Catalina Cruz (D-Queens), the first former Dreamer elected to the state assembly, represents the district with the highest concentration of undocumented immigrants, where the Diaz’s live. “No food stamps, no rent assistance, no unemployment, no pandemic unemployment, no federal aid,” she said, of conditions once the pandemic hit. “Nothing to keep them afloat.” 

People in Cruz’s district began making hard choices. “They made calculations no one should make: ‘Do I buy food, or do I pay for my rent or do I pay bills?’ Many wiped their lifetime savings clean,” said the Queens legislator. “Too many people in my district ended up homeless, completely broke, having to borrow money from loan sharks, desperate, and hungry. This money is going to help them pay their debts, it’s going to help them survive.” 

By July, Hermes was able to find odd jobs in construction as it resumed at a slower pace. “We weren’t making the money we should have been to feed our girls, pay rent, all these basic things. We still aren’t.” Rent alone was $1560 each month, and expenses kept piling up. 

Even though they were grateful to have jobs, however unpredictable and low-paying, both Diana and Hermes constantly feared getting sick at work. “We wanted to work, but we knew it wasn’t safe to do what we were doing,” said Diana. 

Marin-Molina said that construction and restaurant workers were more likely than other workers in other industries to be infected with Covid-19. “Not only were they back at work before it was safe, but they were working indoors a lot of the time, sharing equipment, and cramped in close quarters.”

Undocumented communities at large experienced income-health tradeoffs during the pandemic, according to Alyshia Galvez, professor of Latin American and Latino Studies at the City University of New York and expert on labor and migration from Mexico and Central America, 

“A lot of people had both pathways, they both lost their line of work and then kept working odd jobs that eventually made them get sick,” said Galvez. “The odd jobs they found to replace steadier previous ones weren’t enough to live on. But they were dangerous enough to continue to expose them to the virus in a way other workers weren’t. They got the worst of both worlds.” 

Hermes and Diana started paying rent in smaller installments during the pandemic. By the end of 2020, they had fallen behind. After a positive five-year relationship with their landlord because of Hermes’ repair and maintenance work in the building, the Diaz family never imagined that two months of missed rent would set in motion one of the scariest periods of their lives in New York. 

In early December, their landlord confronted them over their two-month debt, threatening to “kick them out” despite the eviction moratorium in place. After one of the alleged threats, the Diaz’s relied on their daughter, who speaks English, to call 911. 

When the police came, they filed a report and were told to register any further harassment, which they did. “We were calling the police at least twice a day when he cut our heat or turned off the lights,” said Hermes. “Those days are hard to remember.” 

“We started living a nightmare,” said Diana. 

Through filed complaints, photos and videos, and correspondence with the city, the Diaz’s documented how their landlord continually cut services like heat, power, and internet in their apartment, sometimes for days straight. 

“This past December was especially cold,” said Diana. “We told him, what you’re doing is illegal, and it’s wrong to hurt a family like this, to make them scared of their own home.”

After two days of walking around, covered in blankets and carrying flashlights, trying to salvage food that was going bad in a powerless fridge, Hermes asked his daughter to call the Department of Housing to report their landlord. 

An on-site investigation confirmed cuts in power, heat, and internet. Their landlord was ordered to repair leaks in the kitchen and bathroom, install window bars, and fix the apartment door, and the registered abuses prompted the Diaz’s to file a lawsuit. The civil court case remains open. 

“That man hurt us, he made us feel unsafe and small,” said Hermes. “There were days where it felt impossible to keep going. We had no money, so any small job that turned up I would take but leaving my girls alone in that apartment started terrifying me.” 

“Hearing my girls ask if we would have internet for their online exams broke my heart,” said Diana. “They couldn’t even charge their computers because electricity would turn off all night.

The Diaz family’s landlord didn’t respond to multiple requests for comment. 

“For Us, It Was Free Fall”

Merced Aguilar had made great strides with her clients four years into working at La Parada. “People would call me again, and I started having stable jobs because families liked my cleaning work.” The house cleaner went as far as drafting a personalized contract with the help of Liberty Cleaners, a labor group hosted by Brooklyn community organization Workers Justice Project.  

“A lot of girls think that they don’t have any rights, that by asking for a mop, or saying I’m not going to clean windows outside because I might fall, or asking for a $15 wage, they’re going to get kicked out of the country,” she said. “I used to think that, but Liberty Cleaners taught me that’s not true. It taught me to stand up for myself.” 

That world came crashing down when Covid-19 first hit in March last year. 

“I lost all my cleaning jobs in days. I was ruined by the pandemic, now no one wants to sign my contract,” Aguilar said. “It hasn’t been an easy time for anyone, but for us, it was free fall. No one ever protected us, not from the virus, not from hunger, not from living without working.”

House cleaners like Aguilar were among the hardest hit by unemployment during the pandemic. Nearly 40% percent of cleaning service employees don’t have citizenship status, and were among the first to lose their jobs, according to New York City’s Comptroller Office. Preliminary figures from a study by Cornell University’s Worker Institute showed that more than half of women at La Parada suffered unemployment because of the pandemic.

A single mother for over two decades, Aguilar said Covid-19 embodied two fears. First, the inability to work to support herself and her son. “When you’re the only parent, you know in your bones that you can neve stop working. Cleaning houses, packaging food, waiting tables. Work is life.” Second, the idea of getting sick and having no money for treatment. When Aguilar found out a close friend and fellow house cleaner had died of Covid-19, she broke down. “After she died, I didn’t want to go outside anymore,” she said. “But I never had a choice.” 

Aguilar was forced to keep looking for odd cleaning jobs despite a nearly nonexistent demand, assuming a high risk of infection. “Everyone said to stay home, but we had bills to pay, we had to eat.” Exposed to entering strangers’ homes during the pandemic and working in an Orthodox Jewish neighborhood with high Covid-19 rates, the women cleaners at La Parada said that the risk of getting sick was very high. 

Aguilar arrived at the home of one employer and noticed that the woman’s husband didn’t leave his room. After cleaning the rest of the house, a visibly ill man, coughing, and without a mask, came out of the room for Aguilar to clean. “When I entered the room, I got goosebumps, I knew what I was about to clean was dangerous.” Aguilar kept expecting her employer to tell her if it was Covid-19. “She never said anything to me, I finished cleaning and left with that fear of, wait am I sick?”

Galvez highlighted a “collective delusion” required for New York to keep functioning while many worked from home and kept safe from the virus. “The word essential became a euphemism for sacrificial.” 

“Most of us, who have been able to work from home, relied on workers to whom we kept saying, there’s nothing we can do for you,” said Galvez. “These are workers who were already excluded from protections and benefits despite the weight of their labor for a state like New York.”

“I remember being on the empty train, thinking, what am I going to do if I can’t work? What’s going to happen if I get sick?” said Aguilar. “My son would ask me about my day, and I would just start crying.”

“We Haven’t Touched the Ground Yet”

The online-only application for the fund works through a point system depending on the documents each applicant provides. The top tier requires five points and the bottom three points. 

Applicants need at least one of the requirements laid out in the legislation to reach the top tier. Tax returns from 2018, 2019, or 2020; a letter from a past employer; six weeks of pay stubs or wage statements; a W-2 or 1099 from 2019 or 2020 showing income; or a formal wage notice from an employer, are all worth five points.  

Other documents are worth either one or three points, for beneficiaries to mix and match. Three-point documents include complaints acknowledged by a state court or agency stating that the person received or was entitled to six-week payments half a year before becoming eligible for the fund, as well as direct deposits and transfers. One-point documents include an employer-issued ID badge, messages between the applicant and an employer, and commuting receipts.  

“How well the state implements the fund is just as important as the fact that it passed,” said Kaufman-Gutierrez. “And so far, the meritocratic point system will likely leave too many people out.”

An applicant needs at least one three-point document to get the higher payment — five one-point documents don’t add up to get them $15,600. However, cash economy and self-employed applicants are less likely to have any three-point documents. Advocates and public officials said that the point system as it has been presented will exclude thousands of workers from the fund’s top tier. 

“We definitely have concerns because the fund is not a fund if it doesn’t get to the workers,” said Marin-Molina. “For example, day laborers who lost work for months and months, many times don’t have pay stubs, or other such documents that would make applying easy. So now that the fund exists, our role is to make sure that the DOL does everything that it can with the goal of making the funds meaningful, and of making sure that flexibility and access are prioritized.” 

“I’m concerned that these restrictions seem to be purposely trying to make the fund inaccessible for many,” said Ramos. 

Spokeswoman Deanna Cohen said that New York’s Labor Department has worked closely with the Coalition to develop regulations “based on language agreed to by the legislature.”

Se repartirán 2,100 millones a inmigrantes indocumentados en Nueva York
Foto: Make The Road

In late July, hundreds of migrants, advocates, and representatives gathered to protest the recently released fund regulations, which came just days before applications went live. “Every excluded worker should be able to at least shoot to get into that top tier,” Guerrero said. “That won’t be the case, thousands will be immediately disqualified because of the point system in place.” 

The pandemic has also made renewing documents nearly impossible, with backlogs at the IRS, consulates, and embassies due to closures. These delays could keep people away even from the bottom $3,200 payment. Employment letters are also a problem. Applicants in need of them have reported facing uncooperative employers that would prefer to avoid putting in writing their hiring of undocumented workers.  

“The Excluded Workers Fund legislation gave a lot of discretion to the Department of Labor in implementing this program,” said Ramos. “But unfortunately, I don’t feel as though the objective here is the same, which is to really help as many New Yorkers as possible.”

The Diaz’s have applied for the top payment of $15,600, since they have paid taxes up to this year. Aguilar, who is two years behind on her taxes and works as a day laborer for multiple households on a changing basis, said her documentation will likely only get her the $3200. She is yet to apply. 

“This money would be a lifesaver,” said Hermes. “It would finally allow us to move out.” The Diaz family doesn’t think they can get back to where they were financially for at least a year. “We haven’t touched the ground yet. Our jobs are still not fully back,” said Diana. “We’re trying really hard to be optimistic, but just because the city is back, that doesn’t mean debts and expenses just go away.”

As for Aguilar, she hopes that with the lower-tier payment she will be able to pay her electricity bills, which she’s now afraid to open when they come in the mail, and keep up with rent. “It’s not enough, but at least it’s something.” 

“Many nights I can’t sleep thinking about the next day, I’m always worried about getting work,” said Aguilar. “What has motivated me is surviving, but I live from day to day and it’s exhausting.” 

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