La nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR) se aprobó en lo general este lunes en el Senado mexicano y, luego de semanas de negociaciones y modificaciones, la institución quedará vinculada a una serie de mecanismos de protección de derechos humanos, incluido el sistema para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, donde seguirá como miembro permanente.
De forma abrumadora, senadores de todos los partidos políticos, desde el oficialista Morena hasta el principal opositor PAN (Partido Acción Nacional) aprobaron con 118 votos a favor y uno en contra, el dictamen que expide la nueva Ley de la FGR, la cual establece la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de esta institución, conforme a las facultades que la Constitución le confiere.
“El día de hoy es un buen día para el Senado, porque estamos haciendo algo positivo en uno de los temas más importantes para la sociedad, que es la justicia. Aprobamos por amplio consenso una nueva ley que como grupo parlamentario consideramos positiva”, expresó el opositor panista Damián Zepeda, en un ejemplo del gran acuerdo que consiguió la Cámara Alta, la cual ahora discute en lo específico los artículos reservados.
Este ordenamiento también incluye la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, y demás personas servidoras públicas de la FGR, a la que mandata a egirse por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos e interculturalidad.
Además, ordena que tenga perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género. El proyecto de decreto dota al MP de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de delitos.
Con ellos, podrá intervenir en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como solicitar la reparación del daño, la extinción de dominio y salvaguardar los derechos de la defensa, de conformidad con esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
También precisa los alcances de la intervención de los elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de la investigación penal; establece una estructura orgánica funcional, que atienda a la realidad de la Institución y las necesidades de la procuración de justicia a nivel federal; delimita los alcances y el ámbito de actuación de fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.
Después de haber revertido este apartado, el dictamen aprobado también contempla que el Instituto Nacional de Ciencias Penales sea un órgano dentro del ámbito de la FGR; fortalece las facultades del titular de la FGR e incluye la obligación de comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso y remitir, anualmente un informe de actividades.
Asimismo, define un nuevo esquema de Unidades Especializadas, que permita a éstas enfocar sus funciones de manera ágil y funcional, sin trabas burocráticas o barreras que responden a una realidad pasada y anacrónica.
La ley también faculta a la FGR a remitir al Congreso su postura institucional sobre iniciativas, reformas constitucionales y legales que tengan que ver con el ámbito de su competencia, así como incluir un sistema de evaluación de resultados, que permita un mejor diagnóstico de las funciones que desarrolla la Fiscalía y pueda ajustar eficientemente aquellas que lo requieran.
En uno de los apartados más discutidos y polémicos, la FGR se mantendrá dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; y de la Junta de Gobierno de Protección de Periodistas.
A estos mecanismos, la FGR aparecerá como miembro permanente y no como invitado fijo, como se había planteado en comisiones. Este movimiento fue incluso criticado por senadoras de Morena, el partido de la mayoría y de donde emanó la reforma, ya que alertaron que el Estado contravendría derechos como el que todas las personas tienen de ser buscadas en caso de desaparición.
Pero, luego de su aprobación de forma independiente en comisiones, las negociaciones entre los líderes parlamentarios continuaron a lo largo de los últimos días para desembocar en una enmienda consensuada con la oposición para mantener a al FGR en estos mecanismos.
“Fue, en honor a la verdad, una profunda negociación entre la Fiscalía, entre el gobierno (federal), particularmente la Secretaría de Gobernación; los colectivos y los senadores. No se atribuye a nadie, por eso es que es un adendum, lo firmo yo y lo firman los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, porque lo que queremos evitar es que alguien se salga con una situación imparcial”, detalló Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena.La iniciativa de hecho sufrió muchas modificaciones, para bien. Yo soy el autor de la misma y a mí no me molesta, al contrario, qué bueno que cuando se presentan iniciativas se puede mejorar, perfeccionar y se pueden presentar como un instrumento muy acabado para que sirva realmente a la Fiscalía
Por último, Monreal festejó que esta reforma “refuerza la autonomía de la Fiscalía”. “Me parece un buen instrumento, un buen esfuerzo de síntesis y un instrumento acabado entre todos. Y todos han contribuido, no puede atribuírsele a una sola persona esta posibilidad de salir con un amplio consenso”, concluyó.
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JVR