Marchan por regulación de vapeadores y prevenir que crezca mercado negro

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Diversas organizaciones marcharon este sábado, desde el Ángel de la Independencia hasta la avenida Insurgentes, para exigir una ley que regule y permita el uso de los llamados vapeadores. 

“Queremos visibilizar que en medio de los diálogos que tenemos con la Cámara de Diputados y Senadores, las autoridades no pueden hacer pesquisas en contra de los comerciantes, por eso se está buscando una regulación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia”, señaló el presidente de la asociación ‘México y el mundo vapeamos’,  Juan José Cirion.

“Lo que no está prohibido, está permitido, las prohibiciones para la venta vienen por parte de la Secretaría de Salud a través de la Cofepris, el objetivo de la regulación es que haya reglas claras de cómo se debe de comercializar estos productos”, explicó.

De acuerdo con los manifestantes, los vapeadores son usados por quienes quieren dejar de fumar cigarros y es una alternativa mucho menos dañina.  En redes, la marcha se difundió con los hashtags: #YoSiCreoEnElVapeo, #RegulemosElVapeo, #VapearEsMiDesicio,n #YoVotoYoVapeo.

“El vapeo es 95 por ciento menos dañino que el cigarro, con los dispositivos de ahora se quema la nicotina de una manera más eficiente y dejas de fumar en meses, la gente que vapea eventualmente deja de fumar y son olores muy ricos”, aseguró Javier, uno de los participantes en la protesta.

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Denuncian decomisos de vapeadores 

En tanto, la organización ‘México y el Mundo Vapeando’ denunció que durante la última semana se han ejecutado, al menos, 20 decomisos de vapeadores en negocios establecidos en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, de la Ciudad de México, así como en la zona de Lomas Verdes en el Estado de México.

De acuerdo con su presidente Juan José Cirión, el valor de estos decomisos fue de unos dos millones de pesos; asimismo dijo que en Michoacán, se decomisaron más de mil unidades.

Estas acciones, indicó, se dieron a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el 19 de octubre de 2021 que es inconstitucional prohibir la venta de vaporizadores en México.

Dichos operativos fueron realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“La serie de operativos que han emprendido autoridades federales contrapone lo que resolvió la Máxima Casa de Justicia del país el 19 de octubre de 2021, la cual unificó una contradicción de tesis que había entre la Primera y Segunda Salas, lo que derivó en jurisprudencia y que se vuelve obligatoria para todos los jueces federales, por lo que a partir de ello, cualquier persona que solicite un amparo, alegando cualquier acto de autoridad que le prohíba comercializar dichos productos, le van a conceder la protección federal”, explicó.

Y es que a decir de Cirión, los productos decomisados ingresaron al país por la vía de amparos, por lo que se trata de productos legales, a diferencia de los que se venden en tianguis, puestos ambulantes y vía pública, y que se introdujeron al país a través del contrabando, por lo que no existe garantía ni seguridad en su composición y su venta está al alcance de menores de edad.

Además, sostuvo, Cofrepris en su alerta sanitaria del cinco de noviembre de 2021 sobre los vaporizadores, no tipificó que la venta de dichos dispositivos estuviera prohibida en México. 

Asimismo dijo que los decomisos están generando pérdidas económicas a los comerciantes y se trata de un golpe a la batalla en contra del tabaquismo en nuestro país. 

Sobre este último punto, recordó que los vaporizadores forman parte de las políticas públicas de gobierno de países como del Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia para combatir el fenómeno del tabaquismo, en virtud de que el vapeo es 95 por ciento menos dañino que fumar tabaco.

Por último, Cirión consideró que si el Congreso de la Unión avanza en la definición de una regulación al vapeo, se lograrían importantes avances en la materia, como evitar operativos arbitrarios, definir un trato fiscal a los dispositivos, identificar los comercios que los vendan y garantizar que su comercialización sea única y exclusivamente para adultos, pues recordó que la falta de un marco legal ha derivado en diversos fenómenos, como la colocación de maquinas despachadoras en la vía pública o plazas comerciales, lo que permite que un menor de edad pueda adquirir un vaporizador.

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