Los partidos políticos postularon como candidatos a diputados federales a funcionarios que colaboraron en las administraciones de los exgobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, todos ellos detenidos y acusados por desvío de recursos, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Sin embargo, no son los únicos, pues hay varios candidatos señalados directamente por las autoridades y han sido o son investigados por presuntamente participar en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Entre las listas de aspirantes que ya fueron avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) figura una decena de exfuncionarios de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y hoy senador, que también fueron implicados en indagatorias por corrupción de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Destacan también los casos de Yeidckol Polevnsky, exdirigente de Morena, y Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, quienes podrían llegar a la Cámara de Diputados y alcanzar fuero aun con investigaciones que siguen abiertas contra ellos en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la Ciudad de México.
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En Quintana Roo, la coalición Va por México, formada por el PRI, PAN y PRD, postuló a José Alberto Alonso Ovando, que fue secretario de Educación y Cultura de Quintana Roo y quien fue incluido en las investigaciones de la Fiscalía estatal sobre el círculo rojo de cómplices del exgobernador Roberto Borge.
En 2017, Alonso Ovando promovió un amparo para evitar ser detenido. Borge ya había sido capturado en Panamá y posteriormente fue extraditado a México para ser juzgado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y desempeño irregular de la función pública.
En tanto, la coalición Juntos Hacemos Historia, formada Morena, PVEM y PT, le dio una candidatura a Laura Lynn Fernández Piña, exsecretaria de Turismo de Borge, y a Juan Carrillo Soberanis, quien fue coordinador estatal del programa Reciclando Basura por Alimentos, que en cuatro años ejerció 51.4 millones de pesos sin comprobación.
Movimiento Ciudadano (MC) hizo candidato a Víctor Manuel Zapata Vales, quien fue nombrado por el exgobernador como vocal del Patronato del Centro de Integración Juvenil en Chetumal.
El partido de reciente creación Encuentro Solidario (PES) dio una candidatura a Gregorio Sánchez Martínez, conocido como Greg Sánchez, exalcalde de Benito Juárez y excandidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo que fue detenido en 2010 por supuestos vínculos con Los Zetas y el cártel de los Beltrán Leyva.
Por otro lado, en Chihuahua, Morena otorgó una candidatura plurinominal al alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, quien fue acusado por la Fiscalía estatal de recibir sobornos del exgobernador César Duarte en un caso conocido como la “nómina secreta”.
La acusación de la Fiscalía de Chihuahua señaló que Cabada se acogió al “criterio de oportunidad” para colaborar en las investigaciones y retornó al erario estatal 4.3 millones de pesos que le habían sido pagados por Duarte.
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El exgobernador se encuentra detenido en Florida a la espera de que se resuelva su juicio de extradición a México, que lo requirió por cargos de asociación delictuosa y malversación de fondos públicos.
Morena también postuló a Daniel Murguía Lardizábal, exdiputado local por el PRI entre 2013 y 2015, período en que el Congreso de Chihuahua aprobó las Cuentas Públicas de la gestión de Duarte y autorizó el endeudamiento del estado.
En el caso de Veracruz, Va por México (PRI-PAN-PRD) postuló a Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación durante la gestión de Javier Duarte y posteriormente diputado federal por el tricolor.
Este exfuncionario, que desde siempre ha militado en el PRI, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del probable desvío de 120 millones de pesos desde la Secretaría de Educación estatal hacia empresas fantasma de Duarte.
En 2016, Mota Hernández y otros diputados duartistas publicaron un desplegado en que refrendaron su “incondicional apoyo” al entonces gobernador, luego de que la dirigencia nacional del PRI anunció el inicio de un proceso interno en su contra.
Una de las legisladoras firmantes, María del Carmen Pinete Vargas, es ahora candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PVEM-PT) para llegar nuevamente a la Cámara de Diputados federal.
Carlos Aceves Amezcua es otro duartista impulsado a la Cámara de Diputados, que fue incluido entre los candidatos plurinominales del PRI. Sobrino de Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Aceves Amezcua fue designado por Duarte en 2013 director del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev).
El exmandatario veracruzano fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
A su vez, al menos 10 excolaboradores y personajes cercanos al exgobernador chiapaneco Manuel Velasco fueron colocados por diversos partidos en sus listas de candidatos a diputados federales.
Yeidckol Polevnsky, exsecretaria general de Morena, fue incluida por ese partido en los primeros lugares de sus listas de candidaturas plurinominales, lo que le garantiza a la mexiquense una curul en San Lázaro.
Exdirigente empresarial, Polevnsky llegará a la Cámara de Diputados -y a la protección del fuero federal- con dos investigaciones abiertas tanto en la FGR como en el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto ejercicio indebido de 399 millones de recursos de Morena.
De acuerdo con el portal Animal Político dio a conocer que, poco antes de dejar la dirigencia de Morena, Polevnsky ordenó a la Secretaría de Finanzas del partido efectuar transferencias bancarias a dos empresas como “anticipo” por obras y servicios no realizados.
Los pagos beneficiaron a empresas de Grupo Ebor, del empresario Enrique Borbolla García, amigo de Polevnsky.
Otro político que podrá hacer campaña con una investigación en su contra es Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, quien fue postulado por el PT como candidato de mayoría relativa por un distrito de Puebla.
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La Fiscalía General de la CDMX abrió una carpeta de investigación contra Toledo por presunto enriquecimiento ilícito, tras comprobar que el hoy diputado federal posee inmuebles cuyo valor excede sus ingresos como servidor público
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició la integración de un expediente para valorar el desafuero de Toledo.
JGR
