La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Aeropuerto Santa Lucía tiene al menos 52 errores u omisiones, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De ser aprobada, sería una resolución fácilmente impugnable.
Distintos integrantes de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), evaluaron la calidad de la obra del 0 al 10 frente a distintas categorías.
“Santa Lucía obtiene uno de calificación”, recita el estudio presentado por la Academia.
De aprobarse esta obra, AMIA estimó que se presentarían amparos por violaciones constitucionales en el procedimiento de impacto ambiental.
“Estoy cierto que, de aprobarse, inmediatamente habrá impugnaciones, seguramente directas al amparo. No tendría caso ir al recurso de revisión o de nulidad, sino directo al amparo porque hay violaciones constitucionales en el procedimiento de impacto ambiental”, dijo el biólogo Juan Ricardo Juárez Palacios.
Tras un análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante la Semarnat, los expertos dijeron que esta obra presenta diversos errores, tanto de diseño como de reporte y que se aprecian desde la metodología de evaluación hasta la falta de identificación de los impactos ambientales.
Posteriormente también se identificaron la falta de definición del proyecto, ya que no se presentan estudios que sustenten la viabilidad de abasto de agua para el diseño de operación y funcionamiento del Aeropuerto de Santa Lucía.
Las consecuencias se proyectarían sobre el acuífero Cuautital-Pachuca, el cual sería sobreexplotado, de acuerdo con sus cálculos.
Otro problema identificado por la AMIA fue que la obra no presentó cuantificación del volumen de escombros por la demolición de las instalaciones de la Sedena para construir el aeropuerto.
Los expertos coincidieron en que dichos errores imposibilitan que la Semarnat emita una autorización de impacto ambiental y que, en caso de concederla, tendría que dictar una serie de medidas condicionantes, pues los problemas implicarían retroceder 19 años en el procedimiento de impacto ambiental.
