El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para dar prioridad el despacho de electricidad que produce el Estado a través de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas.
En su propuesta, de carácter preferente, el mandatario planteó revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compra venta de energía eléctrica suscritos con los productores independientes de energía, que “han causado un gran daño al patrimonio de CFE”.
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Además pretende eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas; y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de auto financiamiento, que desvirtuaron su objeto inicial.
“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad”, señaló el documento.
La iniciativa, que da marcha atrás a la reforma energética en el sector aprobada el sexenio pasado, fue recibida por la Comisión Permanente, que la turnó a la Cámara de Diputados y que, a su vez, tiene 30 días para aprobarla.
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El proyecto explica en la exposición de motivos que la modificación del despacho económico a despacho por entrega física de las centrales eléctricas permitirá superar la relegación intencionada de las centrales de CFE y asegurar su despacho prioritario ante otros participantes privados de la industria eléctrica.
Con la modificación del despacho propuesto por el Ejecutivo, la prioridad se dividirá en cuatro etapas:
Será despachada la energía producida por las hidroeléctricas, así como la generada por otras plantas de CFE, la nuclear, geotérmicas, de ciclo combinado y termoeléctricas.
Posteriormente, se despacharán las centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En tercer lugar, la energía eólica o solar de particulares.
Y finalmente se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías.
Prevén dar fuerza a CFE
La iniciativa presidencial resaltó que los contratos financieros diseñados en la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que establecen con prelación los precios de energía y capacidad, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulnerabilidad financiera a las entidades que los celebran.
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Además se trata de contratos que fijaron criterios de despacho a modo y beneficio del sector privado, por encima del interés público.
Resaltó que el modelo obliga a CFE a asumir la pérdida por no despacho de electricidad, aun cuando sus centrales de generación con costos unitarios menores a los de las centrales privadas.
De no modificarse las actuales condiciones, explica, se incrementarían las tarifas o mayores subsidios a costa de la Hacienda pública.
JGR
