Grupo México llamó al sindicato minero a cumplir con la resolución judicial para pagar, sin maniobras y dilaciones, los 55 millones de dólares que es patrimonio de los trabajadores que laboraron en la mina de Cananea.
“Grupo México hace votos para que sin maniobras dilatorias se cumplan cabalmente las resoluciones judiciales y para que se restituya a los trabajadores el patrimonio al cual tienen derecho”, dijo a través de un comunicado.
Asimismo, refutó las declaraciones del líder del sindicato y senador Napoleón Gómez Urrutia difundidas en las plataformas de Milenio, con las que dijo, “expresa falsedades sobre Grupo México y descalifica al Poder Judicial y a las autoridades federales”.
Ante ello, la empresa recordó que el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) ordena al sindicato y a Gómez Urrutia, como deudor solidario, que se paguen los 55 millones de dólares que fueron depositados en un fideicomiso, y que con los intereses, suman alrededor de 108 millones de dólares y que es patrimonio de los trabajadores.
Lo anterior, agrega el comunicado, es el tercer laudo condenatorio en el mismo sentido y “es resultado de un proceso judicial alargado por los constantes amparos promovidos por el líder sindical” y que “ en virtud de este litigio, el senador tomó en su momento la decisión de exiliarse fuera del país, a fin de evitar una orden de aprehensión relacionada con dicha falta de pago a los trabajadores”.
Cabe recordar que dichos 55 millones de dólares que fueron entregados a Gómez Urrutia el 3 de marzo de 2005, tras la venta de la Minera Cananea, como una aportación a los trabajadores, pero que el dirigente sindical no entregó y luego se autoexilió en Canadá por 12 años, dejando a siete mil 500 mineros sin recibir el patrimonio que les correspondía.
La batalla judicial de los ahora mineros retirados incluye un laudo emitido en 2018 por la JFCyA que obligaba al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares a repartirles dicho fondo con los intereses o rendimientos generados durante más de una década.
Sin embargo, Gómez Urrutia no ha cumplido con ese mandato y ha recurrido a diversas maniobras legales para no pagar.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en 2019, desechó los amparos promovidos y ordenó al Tribunal Colegiado que resuelva el litigio de forma definitiva.
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