Con 101 votos a favor de oficialistas y aliados, ocho en contra y 51 ausencias, el Parlamento de Guatemala aprobó la noche del martes la ley de Protección a la Vida y la Familia que contiene cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de tres a 10 años de prisión a las mujeres que aborten.
La ley que endurece las penas para el aborto y la prohibición del matrimonio igualitario, así como sanciones por incluir en la educación temas sobre la diversidad sexual generó el rechazo de un sector de la población, mientras el oficialismo designó a la ciudad de Guatemala la “Capital Provida de Iberoamérica”.
La norma también amplía las penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y la aumenta hasta 50 años de cárcel si se practica un aborto sin consentimiento y, en consecuencia, la madre muere, delito que antes tenía una condena de 12 años de prisión.
La legislación guatemalteca exceptúa como no punible el aborto terapéutico, pero la nueva ley establece más requisitos para que esta excepción se aplique.
Mientras el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei designó al país como la Capital Provida de Iberoamérica y su congreso aprobó por mayoría la Ley para la Protección de la Vida y la Familia o iniciativa 5272, la población manifestó su rechazo.
“Este es un gran día para celebrar porque Guatemala ha sido declarada Capital Pro Vida de Iberoamérica y es una invitación a unirnos para proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, publicó el mandatario guatemalteco tras la aprobación de la nueva ley que también prohíbe el matrimonio igualitario.
Ante esa declaración, el procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad, porque considera a esta nueva ley fuera de todo ordenamiento jurídico, además de que la calificó como discriminatoria.
“Es una vergüenza que en pleno 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Congreso les haya dado una puñalada a las mujeres en Guatemala. Un retroceso. Cuando el mundo se está abriendo, Guatemala está retrocediendo, limitando derechos y poniendo en riesgo a las mujeres”, señaló Rodas.
Por otro lado, organizaciones y defensores de derechos humanos criticaron esta norma que criminaliza a las mujeres que abortan, reduce los derechos humanos de las personas LGTB+ al prohibir el matrimonio igualitario e incluso interfiere con la educación infantil al eliminar que en los planes de estudios escolares se incluyan temas de educación y diversidad sexual.
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LM
