Un grupo de padres y madres latinoamericanos que fueron separados de sus hijos en la frontera entre México y Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump piden al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos que les otorgue la residencia legal en su país y compensación financiera.
Michelle Brané, directora de la Junta de Reunificación de Familias de la administración del presidente Joe Biden, señaló que después de la reunión que el gobierno estudiará “todas las opciones” hasta encontrar una solución para estas familias migrantes.
“El secretario fue claro cuando expresó a las familias (en la reunión) que tenemos una obligación de apoyarlas y que estamos haciendo todo lo que podemos para otorgar ese apoyo, para estudiar formas de ofrecerles el estatus permanente. Es posible que necesitemos apoyo legislativo para eso,” dijo Brané.
La reunión fue organizada por The Asylum Seeker Advocacy Project, un grupo que ayuda a solicitantes de asilo.
Cabe recordar que durante la administración del presidente Trump se impusieron medidas extraordinarias para limitar el asilo, acusando de criminalidad a cualquiera que entrara a EU de forma ilegal desde México, lo cual se traducía en la separación de miles de niños de sus padres.
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En junio, la administración de Biden dijo que había identificado más de tres mil 900 niños separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” de Trump en cruces ilegales de la frontera. Sin embargo, la cifra es inexacta pues cambia a menudo porque aparecen nuevos casos u otros son considerados erróneos.
Desde el gobierno de Trump muchos niños han sido reunificados con un padre o madre y el gobierno de Biden ha prometido reunificar a los padres que siguen separados de sus hijos. Según datos oficiales, hasta la fecha, la Junta de Reunificación ha juntado de nuevo a 47 familias en Estados Unidos.
Dicha reunión ocurrió luego de que el Departamento de Seguridad Interna informará hace unas semanas sobre el reinició vuelos de deportación a Guatemala, Honduras y El Salvador para familias que califican para “deportaciones rápidas”, un proceso a través del cual inmigrantes pueden ser expulsados sin ver a un juez de inmigración.
El gobierno estadounidense también renovó los poderes de emergencia para expulsar a familias que esperan en la frontera durante la pandemia de Covid-19.
“El secretario fue claro en reconocer nuestra responsabilidad,” dijo Brané. “Pidió perdón a las familias por lo que hizo el gobierno y está dedicado a apoyarlas a medida que éstas avanzan con sus vidas, reconociendo que el daño no puede ser borrado y que algunas de las heridas emocionales permanecerán. (El secretario) las animó a seguir avanzando y se comprometió a ayudarlas a lograr eso”, señaló el Departamento de Seguridad Interna.
Con información de AP
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