Tras algunos meses de reiterar su apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para cambiar al sector.
Se trata de una reforma que da preferencia a la CFE de subir su producción a la red eléctrica, sobre las centrales privadas; de aprobarse sería un golpe a las plantas que producen energía renovable y complicaría su probable expansión en México.
Además, busca debilitar uno de los pilares de la reforma energética que impulsó la administración de Enrique Peña Nieto para abrir el sector a la inversión privada. Es así como nació un mercado eléctrico basado en el principio del “despacho económico”, con lo que se privilegió a las centrales con menor costo de producción, a subir primero su electricidad a la red.
Con ello, se favorecía a las energías renovables y a las centrales de ciclo combinado que operan privados y que además de ser más baratas, son más eficientes; tras ellas, están las hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE, que producen electricidad con un costo más alto.
De acuerdo a la exposición de motivos de la reforma, favorecer a privados, dio “grandes privilegios” y provocó un “grave perjuicio” a la CFE, puesto que en varias ocasiones se impidió que las centrales de la empresa del estado “vaciaran” su carga.
La propuesta de AMLO borra el principio de despacho económico; y del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica desaparece la referencia a que “la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en régimen de libre competencia”.
De esta forma, las hidroeléctricas de la CFE serán las primeras en despachar; después las demás centrales de la empresa del estado, termoeléctricas y los ciclos combinados y por último las plantas eólicas y solares y los ciclos combinados que está en manos de privados.
Y como la capacidad eléctrica instalada es superior a la demanda, es probable que estas últimas se queden sin despachar, lo que complicaría su sostenibilidad y con ello podría subir el precio de luz.
Este podría ser el inicio de una contrarreforma al sector, pues desde que fue aprobada, en 2014, López Obrador la ha calificado de “neoliberal” y “corrupta”. Una vez que llegó a la presidencia, hubo cambios administrativos a la política energética, pero no a la ley, aunque prometió respetar los contratos firmados por la anterior administración.
Así se cancelaron las subastas eléctricas, se endurecieron las condiciones para acceder a nuevos permisos y aumentó en hasta ocho veces los precios de transmisión que tenían que pagar las renovables.
Sin embargo, esos cambios se han enfrascado en una batalla jurídica, que incluye amparos y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo los cambios que ahora se proponen podría no ser suficientes para sortear los límites impuestos por la Constitución.
También abre la posibilidad de que se interpongan demandas contra el Estado mexicano por parte de empresas norteamericanas, protegidas por el T-MEC; y además podría enfrentar al mandatario con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la lucha contra el cambio climático, pues compromete el objetivo inscrito en la Ley de Transición Energética de lograr el 35 por ciento de energías limpias para 2024.
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