Una vez más las redes sociales fueron una herramienta para la desinformación al revivir versiones sobre que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará una vigilancia en las compras que las personas hagan con sus tarjetas de crédito y débito.
Esto con el objetivo de controlar sus gastos y llegar a fijar multas o sanciones por erogar más de los ingresos que se tienen; siendo una información que busca confundir a las personas al ser falsa.
El fondo del asunto al que no llegan algunas publicaciones es la discrepancia fiscal, que es el proceso mediante el cual el SAT está facultado para revisar la información de un contribuyente a fin de conocer si sus gastos corresponden a sus ingresos.
Te podría interesar: SAT irá por contribuyentes medianos y pequeños
Tarjetas ya estaban reguladas
La reforma fiscal de 2013 estableció que, tratándose de discrepancia fiscal, se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito.
Es decir, las tarjetas son una de varias fuentes de información que tiene el servicio para obtener datos sobre los gastos de los contribuyentes.
La autoridad incluso puede solicitar a los bancos la información que considere necesaria para poder fiscalizar a las personas.
El SAT no necesita crear alguna regla nueva para checar qué pagaste con las tarjetas, ya que actualmente en la factura electrónica ya se especifica la forma de pago, es decir, se indica si pagaste con tarjeta, con transferencia electrónica, con cheque o con efectivo.
El 19 de noviembre de 2019, la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, celebró un convenio con la Asociación de Bancos de México (ABM) para lanzar la facturación instantánea.
Te podría interesar: Pide jefa Fabiana a mexicanos quedarse en casa ante saturación de hospitales por Covid-19
Sin embargo, después de que Raquel Buenrostro tomó la jefatura del SAT en enero del año pasado, se dio marcha atrás a ese convenio con la banca comercial con el argumento de que “no existe ninguna ley o requisito jurídico que diga que tiene que haber facturación instantánea”.
Hasta hoy, la autoridad no ha dado visos de que pretenda retomar el convenio.
JGR
