Trabajadores de Interjet enfrentan limbo jurídico a dos semanas de estallar huelga

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A unas semanas de haber estallado una huelga, la mayoría de trabajadores de Interjet optó por este camino jurídico, para que las autoridades revisen el incumplimiento de sus pagos y las opciones disponibles para retribuirles.

Aunque pasaron meses de negociaciones fallidas y emplazamientos postergados, los trabajadores de Interjet iniciaron una huelga desde el pasado viernes 8 de enero, con el objetivo de que les sean pagados cuatro meses de salarios adeudados, así como seis meses de prestaciones y cuotas patronales, entre otros beneficios.

Sin embargo, el camino es incierto debido a que la situación de quiebra técnica de la empresa, podría poner en riesgo que los empleados cuenten con una fuente de trabajo después de la huelga.

Primero debe existir una evaluación por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que determinará si es procedente, y si es imputable a la empresa, en este caso a Interjet.

En caso de proceder, la Junta emitirá un laudo donde condene a Interjet al pago de todas las prestaciones, además del pago de los salarios desde la fecha del establecimiento de la huelga, además de determinar las cantidades que corresponden a cada trabajador, se pedirá el pago a la empresa.

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Lo anterior en caso de que la demanda de los colaboradores prospere, de ser así, se abrirán dos posibilidades: que salde sus deudas, o se haga un embargo de los bienes de la firma y sean rematados para cubrir sueldos y prestaciones.

La situación de la aerolínea, no es favorable principalmente porque desde que inició la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, la empresa dejó de operar 65 aviones, incluso detuvo por completo sus vuelos.

Aunado a eso, la aerolínea se encuentra intervenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que realizó un embargo precautorio de sus bienes para evitar su posible venta.

Conforme a la ley los trabajadores serían los primeros en beneficiarse, porque los recursos de la aerolínea se usarían para sus pagos, después los créditos fiscales, así como los pendientes con proveedores y consumidores.

Sin embargo, especialistas en este tema señalan que podrían interponerse amparos y otros recursos jurídicos, que extenderían este proceso hasta tres años o más. 

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