La inseguridad en el país sigue sin freno y esto queda en evidencia gracias a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales revelan que de enero a mayo de 2022, se han registrado a nivel nacional 13 mil 133 víctimas de homicidios dolosos, incluyendo feminicidios.
Incluso, 66.2 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), publicada en abril de este año.
Por tal motivo, la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (Coparmex-CDMX) que dirige Armando Zúñiga, ha manifestado la urgencia de elaborar una estrategia para hacer frente a la seguridad del país.
Afirmaron que tanto ciudadanos como empresarios, Organizaciones de la Sociedad Civil, académicos, especialistas y el gobierno, deben trabajar en conjunto para tener mejores resultados en tema de inseguridad y así brindarle a los ciudadanos un mejor país.
Asimismo, puntualizan que es fundamental que las autoridades se comprometan a dar seguimiento a la evolución de los datos y la exigencia pública de la reducción de los índices delictivos, mediante métricas y metas puntuales en cada localidad.
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Por otro lado, la violencia en el país también afecta a las empresas, empresarios y trabajadores y la extorsión empresarial es considerada el delito que más se comete a nivel nacional, con 911 mil 506 delitos perpetrados, según el estudio de México Evalúa, “La delincuencia sale cada vez más cara a los empresarios”.
Mientras que datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX indican que 59 por ciento de los reportes sobre extorsión son de mujeres, 56 por ciento provienen de llamadas telefónicas.
Ante esta situación de inseguridad, la Coparmex Nacional también ha mostrado su preocupación e hizo un llamado urgente al Gobierno federal para cambiar las estrategias de seguridad y al mismo tiempo, solicitaron al Congreso de la Unión expedir la Ley general de Seguridad Privada luego de que el plazo venciera hace casi siete meses.
El organismo empresarial que dirige José Medina Mora, manifestó su preocupación por la profesionalización y regulación de las empresas de seguridad privada, por lo que están interesados en que este sector incorpore en sus procesos mejores prácticas que beneficien a todos los mexicanos.
Pretenden regular al sector en tres aspectos: homologar un permiso único nacional para crear un registro de las empresas que prestan el servicio en uno o varios estados; establecer la distribución de competencias que tendrán la federación, estados y municipios y determinar las sanciones para empresas y usuarios que contraten compañías sin una autorización correspondiente.
Exponen que la seguridad privada, junto con las instituciones de seguridad pública, forman parte de un sistema de seguridad pública que funciona por colaboración mutua, de ahí parte la urgente necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para el mejor desarrollo de este sector.
JGR