Con pocos meses de vida, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Tamaulipas ya ha estado inmiscuido en polémicas, pues sus miembros han sido acusados de participar en actos de tortura, abuso policial y desapariciones forzadas.
Desde agosto de 2020 cuando se fundó el comando, los elementos de GOPES han acumulado quejas y denuncias de derechos humanos y de autoridades estatales y nacionales.
Cabe recordar que es una facción de élite de la Policía Estatal que con la ayuda de helicópteros, drones y la “mejor capacitación” se supondría harían frente a la delincuencia en la entidad fronteriza.
La gota que derramó el vaso fue la participación de algunos de sus elementos en el homicidio de 19 migrantes centroamericanos en Camargo, Tamaulipas.
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El gobernador Francisco Cabeza de Vaca prometió que “no habrá impunidad, trátese de quien se trate”.
El jueves 21 de enero, un día antes de lo ocurrido en Camargo, habitantes de Ciudad Mier denunciaron en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, además del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el “desplazamiento forzado de familiares por desapariciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la policía estatal de Tamaulipas”.
En la misiva los habitantes de Ciudad Mier denunciaron que el 13 de enero realizaron una protesta por las desapariciones forzadas de los vecinos de la comunidad Luis Alberto Herrera y Jaime Santacruz, ocurridos el 6 de enero y presuntamente a manos de policías miembros del GOPES.
Durante la protesta, llegaron seis vehículos de la policía estatal con pasamontañas y les apuntaron con armas largas.
No sólo los GOPES están relacionados
El Instituto Nacional de Migración (INM) separó de su cargo a ocho funcionarios de la Oficina de Representación de Nuevo León. Con ello, ya suman 20 servidores públicos luego de que 12 miembros de la policía estatal fueran detenidos por su presunta responsabilidad en el crimen.
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El 22 de enero una llamada anónima alertó a las autoridades ante la presencia de dos camionetas abandonadas e incendiadas a la orilla de un camino en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
Al arribar, confirmaron la presencia de 19 cuerpos calcinados. De acuerdo con los primeros informes, habrían sido migrantes procedentes de Guatemala y en busca de llegar a Estados Unidos.
Luego de las inconsistencias en los hallazgos de la investigación contra de las declaraciones y reportes de los policías, jueces federales también ordenaron la revisión de mensajes y llamadas, así como la geolocalización de sus dispositivos móviles registrada la noche de la masacre.
JGR
