Hasta el momento, solo 18 reformas son las que han sido aplicadas a partir de la entrada de la 4T.
Entre los muchos pendientes que dejará la LXIV Legislatura, hay temas relacionados con recursos naturales, desarrollo urbano, paridad de género, salud, y destaca la ausencia de una ley reglamentaria para la revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo año.
La mayoría de Morena y sus aliados han conseguido, en la primera parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 18 reformas constitucionales aplicadas con las que, asegura, ha dejado sentadas las bases de la “Cuarta Transformación”.
Aunque la polémica acompañó a la mayor parte de esos cambios, estos fueron menores en número a los que promovieron en sus primeros tres años de gobierno los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según datos de la Cámara de Diputados, en la actual 64 Legislatura han sido en realidad 29 los cambios constitucionales, pero sólo 18 están vigentes (con un impacto a 55 artículos de la Carta Magna) y 11 más no han sido promulgados.
De 1917 a la fecha se han hecho 763 enmiendas, pero la gran mayoría de ellas se realizaron en el ahora bautizado por AMLO como el “periodo neoliberal” (los 30 años previos) se hicieron 495 reformas de ese tipo. Con Peña Nieto fueron en total 155, con Calderón 110, con Vicente Fox 31, con Ernesto Zedillo 78. con Carlos Salinas 55 y con Miguel de la Madrid 66.
En la primera parte de sus sexenios los expresidentes Calderón y Peña Nieto impulsaron y concretaron 26 y 21 enmiendas a la Constitución, respectivamente, y aunque ambos carecieron de la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales –como la que sí tiene López Obrador y sus aliados– enmendaron la Carta Magna mediante alianzas legislativas.
El ejemplo más claro fueron las reformas en el sexenio de Peña Nieto, de amplio calado por tratarse de reformas estructurales en materias educativa, energética, de telecomunicaciones, posibles gracias al Pacto por México, con respaldo de PAN, PRD y PVEM para hacer posible la mayoría calificada.
Por su parte, entre las reformas de la “Cuarta Transformación” más relevantes están las que de manera directa estuvieron dirigidas a cumplir promesas de campaña del jefe del Ejecutivo Federal, aunque aún falta que tengan incidencia en la realidad.
Por ejemplo, al arranque del sexenio la 4T Legislativa (Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista) logró, tras negociaciones para acotar el carácter militar de la Guardia Nacional y en el nombramiento de su titular, un paquete de reformas a 13 artículos de la Constitución para crear ese nuevo cuerpo que, prometió, desmilitarizaría la estrategia de seguridad y sacaría al Ejército de las calles para regresarlos a sus cuarteles.
El pasado 15 de junio, sin embargo, el presidente López Obrador planteó que promoverá en la segunda parte de su sexenio una nueva reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), contrario a sus ofrecimientos en campaña.
Por otro lado, la promesa de campaña de “eliminar el fuero del presidente” pretendió darse por cumplida con la reforma a los 108 y 111 de la Constitución, vigente desde febrero de este año. La reforma establece que el mandatario podrá ser imputado y juzgado no solo por traición a la patria sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que puede ser enjuiciado cualquier ciudadano común.
Sin embargo, aunque es conocida popularmente como reforma que “quita el fuero al presidente”, éste no se ha eliminado y sigue vigente en los artículos 110 y 111 de la Constitución, que establecen que para que el mandatario puede ser sometido a un juicio, reciba eventual sentencia y sea sancionado, es necesario un juicio de procedencia (o desafuero) sustanciado por la Cámara de Diputados y sometido a votación ante el pleno del Senado.
En este caso, aunque el discurso oficial insiste en decir que se quitó el fuero al presidente, la realidad, indica Greaves Muñoz, es que “no se eliminó y creo que es positivo que no se haya eliminado porque ya existe un mecanismo de responsabilidad para los expresidentes”.
En diciembre de 2019 entraron en vigor reformas a nueve artículos de la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, aún sin regulación secundaria pero que harán posible el 1 de agosto próximo el primer ejercicio de consulta.
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LM
