Ciudad de México.- El pasado 21 de septiembre, empresarios de todo el país, perdieron una larga batalla contra la SHCP.
Tras la eliminación de los impuestos IETU e IDE, en 2014, las arcas del gobierno sufrieron un déficit que actualmente asciende a los 2 billones de pesos, y no era posible subsanar ese hueco con impuestos nuevos o incrementos a los existentes, pues uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, fue precisamente, no crear ni aumentar impuestos.
Así que el entonces secretario de la SHCP y coautor de las reformas fiscales, Luis Videgaray, ideó un recurso legal que serviría como medida recaudatoria para cubrir el déficit de los impuestos perdidos.
Se trata de un tope a la cantidad de dinero que los empresas pueden deducir de las prestaciones superiores a las de la ley que ofrecen a sus trabajadores, antes de 2014, podían deducir el 100% de estos montos, lo que representaba un incentivo a empresarios y emprendedores a enriquecer el trabajo de los empleados con prestaciones como: vales de despensa, seguro de vida, transporte entre otros.
Sin embargo, entre las reformas de que suscribió Videgaray, existe una que dice que los empresarios no podrán deducir más allá de un límite que va del 46 al 53%, es decir, sólo podrán deducir la mitad de las prestaciones que otorgan al trabajador.
En 2014, miles de empresarios se tramitaron amparos contra la medida, pero el 21 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró constitucional, por lo que los amparos ya no son efectivos y todos tendrán que cumplir con la nueva norma.
Pierden trabajadores, prestaciones y sus trabajos se empobrecen, ya que ahora, los empresarios o emprendedores no verán ningún beneficio en ayudar a sus empleados, y los que ya otorgaban prestaciones, tendrán que considerar si las retiran a sus empleados, o las mantienen pero hacen recortes para poder sostener la liquidez de sus negocios.
