La mal llamada ley de comunicación social

La mal llamada ley de comunicación social

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El Congreso aprobó la mal llamada “Ley de Comunicación Social”, que este viernes 08 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, esta ley en realidad no llega a cubrir y poner orden en la complejidad de lo que es la Comunicación Social y se queda solo en la parte administrativa de la contratación de propaganda oficial en los medios de comunicación masiva.

Esta ley que responde a una exigencia que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos refleja la pobreza de significado que tiene el concepto “comunicación social” en los diferentes niveles de gobierno y las instituciones públicas. Por ello prevalece la improvisación.

Evidentemente era necesario regular el manejo de este gasto dedicado a la propaganda oficial, o sea las campañas que realizan las diferentes instituciones públicas para informar a la ciudadanía.

Es bien sabido que la falta de regulación en el uso del presupuesto de la denominada “comunicación social” permitía prácticas corruptas. Era como una caja chica para acallar prensa incómoda, a periodistas sin ética que extorsionan a los gobernantes y ¿por qué no?, para que quienes reparten ese dinero se puedan ir quedando con parte de él.

A lo largo del país ha servido para premiar a la prensa amiga y castigar dejándolos fuera de la bonanza, a los enemigos,  a veces, logrando doblegarlos.

El manejo discrecional del dinero, sin expedición de facturas, permitía todo tipo de negociaciones.

Es sabido que existe prensa seria, pero también corsarios de la información, que usan el temor de los funcionarios y su vulnerabilidad para extorsionarlos. Por tanto, era necesario regular la aplicación de este presupuesto.

Sin embargo, se ha quedado corta, pues casi se remite al ámbito presupuestal y deja intacto el ámbito de los contenidos. Esto podría considerarse un desperdicio, pues se perderá la gran oportunidad de establecer criterios consensuados, que por una parte protejan a la sociedad y a los medios de comunicación de la censura y por otra impidan la manipulación emocional que hoy se empieza a dar desde lo oscurito, por “quien sabe quien”, que a partir de las redes sociales puede llegar incluso a desubicar a la sociedad, confundiéndola.

El tema de la ética en el manejo de la información está ausente y por ello vemos que en la práctica cotidiana no hay responsabilidades en el manejo doloso de fake news y de estrategias  agresivas que enrarecen las campañas electorales.

Sin embargo, concretando vemos que no logra neutralizar dos prácticas fundamentales, que como bien puntualiza Jacqueline Peschard, son:

Primeramente, el manejo del presupuesto para promover la imagen personal de algún funcionario público con autoridad sobre el destino de esos recursos y también sobre el uso del presupuesto para presionar sobre la política editorial de los medios de comunicación.

Sin embargo, de modo indirecto asigna a la SEGOB y a los gobiernos de los estados atribuciones que podrían incidir en el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación.

Por algo, el representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la ONU, Jan Jarab, envió una carta al presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, sugiriendo no fuese aprobada esta ley pues puede limitar la libertad de expresión.

Esta ley debiese haber buscado fórmulas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, ni remotamente toca estos temas.

Definitivamente es necesario tener una ley de “comunicación social”, pero concebida desde todos los ámbitos que pueda impactar  a la sociedad.

¿Usted cómo lo ve?

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