Estas son las razones por las que debe preocuparte el escándalo de Pegasus en México

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Martha Daniela Guerrero

Al inicio del tercer podcast de The Guardian sobre el Proyecto Pegasus, se escucha la voz preocupada de Cecilio Pineda Birto. El difunto reportero mexicano de 38 años, quien fue asesinado en 2017 en Tierra Caliente, estaba llamando al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. La llamada, en la que Pineda expresó su preocupación por su seguridad, se produjo cinco meses antes de que fuera asesinado a tiros en Ciudad Altamirano, Guerrero. 

Estas son las razones por las que debe preocuparte el escándalo de Pegasus en México

El teléfono de Pineda, que desapareció de la escena del crimen, era uno de los 50,000 blancos de vigilancia seleccionados por clientes de NSO Group, una empresa israelí de software espía que se ha visto recientemente implicada en un enorme escándalo global

La empresa líder en una industria que ha crecido sin regulaciones afirma que sólo otorga licencias de sus productos para fines de vigilancia legal, como el seguimiento de presuntos terroristas, narcotraficantes, y otros delincuentes mediante el hackeo de sus teléfonos. Sin embargo, los números de periodistas, políticos de múltiples partidos, abogados, jueces, fiscales, activistas, maestros, diplomáticos, académicos, sacerdotes, médicos e incluso víctimas de crímenes impulsados por el Estado aparecieron en una lista de más de 15,000 individuos en México seleccionados como posibles objetivos de vigilancia entre 2016 y 2017. 

México surgió como uno de los principales clientes de NSO en este período, con múltiples agencias gubernamentales contratando servicios de Pegasus, el software espía capaz de extraer mensajes, correos electrónicos, contactos, ubicación GPS, entradas de calendario, y otra información de un teléfono en cuestión de minutos, así como de acceder a la cámara y la grabadora de voz. Los números mexicanos forman parte de una lista de blancos mucho más amplia, abarcando más de 45 países en cuatro continentes, incluyendo a Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, Hungría, India, Francia, Azerbaiyán, Kazajistán y Arabia Saudita. 

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Estos hallazgos se produjeron después de que Forbidden Stories, una organización mediática sin fines de lucro con sede en París, obtuviera acceso a más de 50,000 números seleccionados por clientes de NSO para su posible vigilancia. Con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, se encontraron rastros de actividad de Pegasus en 37 teléfonos pertenecientes a periodistas, activistas de derechos humanos, y abogados. El Proyecto Pegasus reunió a más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación en 10 países para investigar posibles abusos de la tecnología de hackeo telefónico de NSO. 

La red de vigilancia revelada en México no sólo compromete la seguridad de ciertos actores, sino también la integridad de sistemas políticos, sociales y culturales en todo el país. 

Pineda, por ejemplo, trabajaba en Tierra Caliente, una región que abarca los estados de México, Michoacán, y Guerrero y que ha servido durante mucho tiempo como ruta de tráfico de drogas, armas, y personas. Mientras informaba desde una zona fuertemente militarizada y disputada entre cárteles y grupos de crimen organizado, Pineda había denunciado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a fuerzas de seguridad locales por proteger a Los Tequileros, una facción criminal que se separó del cártel de la Familia Michoacana en 2012 y que desde entonces ha luchado por el control del tráfico de drogas. 

Aunque sigue sin saberse si el teléfono de Pineda estaba infectado con el programa espía Pegasus, dado que su teléfono desapareció de la escena del crimen, un reportaje de The Guardian subrayó que los asesinos del periodista local sabían exactamente dónde encontrarlo, aunque su ubicación no era visible desde la calle. 

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Además del fallecido Pineda, al menos 25 números de teléfono de periodistas mexicanos aparecieron en los datos filtrados de NSO. Figuraron el ex corresponsal del New York Times en México Azam Ahmed, Carmen Aristegui, el entonces director de Proceso Rafael Rodríguez Castañeda, el actual director Jorge Carrasco Aráizaga, Andrés Villarreal, Ismael Bojórquez, y los periodistas de investigación Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna, de la organización Quinto Elemento Lab.  Los medios de comunicación también fueron objeto de ataques a nivel mundial, con más de 180 números de periodistas en la lista, incluidos reporteros, editores y ejecutivos de The New York Times, Financial Times, CNN, France 24, The Economist, Reuters y Associated Press. 

Las declaraciones públicas de NSO en respuesta al Proyecto Pegasus han sido confusas. Abogados argumentaron simultáneamente que la empresa carecía de “cualquier tipo de acceso a los datos de sus clientes” y que la “supuesta cantidad” de 50,000 números de teléfono era “exagerada” y “de ninguna manera indicaba si esos números fueron seleccionado para ser vigilados usando Pegasus”. 

Sin embargo, la lista mexicana de números potencialmente seleccionados contradijo las garantías de NSO de que sus clientes sólo utilizan sus productos para investigaciones penales y de seguridad nacional. 

Además de periodistas, en la filtración de datos aparecieron los números telefónicos de 29 gobernadores en funciones, así como de múltiples colaboradores y secretarios. De acuerdo con un análisis de Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, The Guardian y otros miembros del Proyecto Pegasus, durante el gobierno de Peña Nieto fueron seleccionados “al menos 555 gobernadores, ya sea en épocas anteriores, al momento de su ingreso a la plataforma, o en años posteriores a 2017.” Políticos de todos los partidos, incluyendo muchos que llegarían al poder en sus estados en los meses o años por venir, así como activistas de derechos humanos, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sindicalistas, y sacerdotes, fueron enlistados como posibles blancos de vigilancia. 

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Por último, los datos también mostraron que agencias gubernamentales seleccionaron a más de 50 miembros del círculo íntimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, presidentes nacionales del PRD, y miembros claves del PRI. 

Según los resultados del Proyecto Pegasus, México no sólo fue uno de los clientes más activos de NSO, sino también el primer país en el que probablemente se empleó la tecnología. 

Además de los cientos de millones de dólares no contabilizados que se gastaron en contratos con NSO, el escándalo mexicano revela cómo la industria de la ciber-vigilancia comercial encontró terreno fértil en un país sin regulación. 

Gobiernos federales, estatales, y locales en México han recurrido durante mucho tiempo a formas ilícitas de espionaje para manipular, reprimir, e incluso herir y asesinar ciudadanos. Con actores criminales infiltrados en múltiples estructuras de poder, todo tipo de información privada sigue siendo susceptible a acabar en las manos equivocadas si no se producen pronto reformas significativas. 

Tomando en cuenta que el problema supera a un solo partido o gobierno, dada la variedad de actores potencialmente vigilados, Amnistía Internacional pidió al gobierno de López Obrador que aclarara la existencia de “contratos relacionados con NSO Group”, así como que asegurara de que el “software de espionaje ya no se utiliza en el país.” Más allá de la retórica populista del presidente, la administración no ha aportado tales pruebas. 

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En cuanto a la regulación de la privacidad, sigue sin estar claro si México es capaz o está dispuesto a “llevar a cabo el trabajo legislativo necesario para regular el uso de este tipo de licencias”, otra de las peticiones de la ONG mundial. Amnistía Internacional señaló que al ser el único país de América Latina en la lista del Proyecto Pegasus, México debe diseñar y emplear “medidas de control claras y efectivas para evitar el abuso de la vigilancia gubernamental.” 

Una cosa es cierta: ya no vivimos en un mundo en el que instrumentos de vigilancia altamente sofisticadas están reservadas para países con sistemas de inteligencia robustos como Estados Unidos, Rusia, y China. Por el precio adecuado, países con un pobre historial de derechos humanos pueden contratar a empresas como NSO, que, a pesar de sus constantes campañas de relaciones públicas, se rigen por márgenes de ganancias y no por la preocupación por la “seguridad nacional” o la “lucha contra el terrorismo.”  Aunque se mantiene firme en el cobro de sus servicios de espionaje privado, la empresa israelí parece menos dispuesta a responder ante ejemplos claros de abuso, como el caso mexicano. 

En cuanto al gobierno mexicano, ahora más que nunca, es crucial no sólo sermonear o asegurar huecamente a los ciudadanos que NSO ya no tiene como blanco a voces disidentes, sino realmente demostrarlo. 

Considerando las preocupantes acciones y actitudes de la actual administración hacia manifestantes feministas, periodistas, opositores políticos, activistas de derechos humanos y de inmigración, debe seguir siendo una prioridad nacional verificar que hoy no se está utilizando esta tecnología de espionaje.  

En un artículo de The Guardian, Edward Snowden, el ex consultor de inteligencia informática que en 2013 denunció los programas secretos de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que estos programas de espionaje comerciales representan a “una industria que no debería existir,” sobre todo teniendo en cuenta que el malware ahora puede infectar a teléfonos funcionalmente idénticos debido al auge de empresas como Apple. “Si encuentran una forma de hackear un iPhone, han encontrado una forma de hackearlos todos,” dijo Snowden en su reciente entrevista con The Guardian. 

Un pasaje en particular de la entrevista de Snowden ofrece una advertencia escalofriante que debe ser tomada en serio tanto por mexicanos como por ciudadanos de todo el mundo: “Si no se hace nada para detener la venta de esta tecnología, no van a ser sólo 50,000 blancos. Van a ser 50 millones, y va a ocurrir mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros piensa.” 


Para obtener más información actualizada, visite el índice de medios del Proyecto Pegasus

Here’s Why You Should Worry About the Pegasus Scandal in Mexico

Martha Daniela Guerrero

At the beginning of The Guardian’s third podcast on the Pegasus Project, listeners can hear the worried voice of Cecilio Pineda Birto. The late 38-year-old Mexican freelance reporter, who was murdered back in 2017 in the country’s southern region of Tierra Caliente, was calling an organization that protects journalists and human rights activists. The phone call, in which Pineda expressed concerns over his safety, took place five months before he was shot dead in Ciudad Altamirano, Guerrero. 

Pineda’s phone, which disappeared from the crime scene, was one of 50,000 targets for surveillance selected by clients of NSO Group, an Israeli spyware company that has been recently implicated in a massive global scandal

Estas son las razones por las que debe preocuparte el escándalo de Pegasus en México

The leading firm in a growing and largely unregulated private spyware industry claims to only license its products for lawful surveillance purposes, such as monitoring suspected terrorists, drug dealers, and other criminals by hacking into their phones. However, the numbers of journalists, politicians from all parties, lawyers, judges, prosecutors, activists, teachers, diplomats, academics, priests, doctors, and even victims of state-sponsored crimes all showed up in a list of more than 15,000 individuals in Mexico selected as possible targets for surveillance between 2016 and 2017. 

Mexico emerged as a top NSO client in this period, with multiple government agencies reported to have hired Pegasus, a spyware software capable of extracting messages, emails, contacts, GPS location, calendar entries, and other information from a phone in a few minutes, as well as accessing its camera and voice recorder. Mexican numbers are part of a much larger list of targets, spanning more than 45 countries across four continents, including Morocco, UAE, Rwanda, Hungary, India, France, Azerbaijan, Kazakhstan, and Saudi Arabia. 

These findings came after Forbidden Stories, a Paris-based media non-profit, gained access to more than 50,000 numbers selected by NSO clients for surveillance. With the technical support of Amnesty International, traces of Pegasus activity were found on 37 phones belonging to journalists, human rights activists, and lawyers. The Pegasus Project amassed over 80 journalists from 17 media organizations across 10 countries to investigate potential abuses of NSO’s phone-hacking technology. 

Mexico’s revealed network of surveillance not only compromises the safety of certain actors, but also the integrity of political, social, and cultural systems across the country. 

Pineda, for example, was working in Tierra Caliente, a region encompassing the states of Mexico, Michoacán, and Guerrero that has long served as a drug, arms, and people trafficking route. Reporting from a heavily militarized and disputed zone among cartels and organized crime groups, Pineda had been denouncing Guerrero’s governor Héctor Astudillo and local security forces for allegedly protecting Los Tequileros, a local criminal faction that split from the Familia Michoacana cartel in 2012 and had since battled for control of the smuggling trade. 

Even though it remains unknown whether Pineda’s phone was infected with Pegasus spyware given that his phone reportedly vanished from the crime scene, a report by The Guardian emphasized that the gunmen who killed the local journalist knew exactly where to find him, even though his location wasn’t visible from the street. 

Estas son las razones por las que debe preocuparte el escándalo de Pegasus en México

In addition to the late Pineda, at least 25 Mexican journalists’ phone numbers appeared on the leaked NSO data. They included former New York Times Mexico correspondent Azam Ahmed, Carmen Aristegui, then-director of Proceso Rafael Rodríguez Castañeda, current director Jorge Carrasco Aráizaga, Andrés Villarreal, Ismael Bojórquez, and investigative journalists Alejandra Xanic von Betrab and Ignacio Rodríguez Reyna, from non-profit organization Quinto Elemento Lab.  News media was globally targeted as well, with over 180 journalists’ numbers in the list, including reporters, editors, and executives from The New York Times, Financial Times, CNN, France 24, The Economist, Reuters, and Associated Press. 

NSO’s public statements in response to Project Pegasus have been confusing. Lawyers simultaneously argued that the company lacked “any access to any kind of data of its customers” and that the “alleged amount” of 50,000 phone numbers was “exaggerated” and “in no way indicative” of whether they had been selected for surveillance using Pegasus. 

However, the Mexican list of potentially targeted numbers clashed with NSO’s assurances that clients only use its products for criminal and national security investigations. 

In addition to journalists, the phone numbers of 29 governors in office, as well as multiple collaborators and secretaries, appeared on the data leak. According to an analysis by Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, The Guardian, and other members of the Pegasus Project, during the Peña Nieto government, “at least 555 governors, either in previous times, at the time of their entry into the platform, or in years after 2017,” were listed as targets. Numbers belonged to politicians across all parties, including many who would come to power in their states months or years later, as well as human rights activists, relatives of the 43 missing normalistas from Ayotzinapa, trade unionists, and priests. 

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Lastly, the data also showed that government agencies selected more than 50 members of President Andrés Manuel López Obrador’s inner circle, as well as former President Felipe Calderón and his wife Margarita Zavala Gómez del Campo, national presidents of the PRD party, and key PRI party members. 

According to the Pegasus Project findings, not only was Mexico one of NSO’s most active clients, but also the first country in which the technology was likely employed. 

In addition to the unaccounted hundreds of millions of dollars spent in NSO contracts, the Mexican scandal reveals how the commercial cyber-surveillance industry found fertile ground in a country without regulation. 

Mexico’s federal, state, and local governments have long relied on illegal forms of spying to manipulate, repress, and even harm and kill citizens. With criminal actors infiltrated into multiple structures of power, all kinds of private information remain likely to end up in the wrong hands if significant reform doesn’t come soon. 

Considering that the problem surpasses a single party or government given the variety of likely surveilled actors, Amnesty International called on López Obrador to clarify the existence of “contracts related to NSO Group”, as well as to ensure that the “spyware is no longer being used in the country.” Beyond the president’s populist rhetoric, the administration has not provided such evidence. 

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Regarding privacy regulations, it remains unclear whether Mexico is capable or willing to “carry out the necessary legislative work to regulate the use of these types of licenses,” which was requested by the global NGO. Amnesty International pointed out that as the only country in Latin America in the Project Pegasus list, Mexico must devise “clear and effective control measures to prevent the abuse of government surveillance.” 

One thing is certain: we no longer live in a world in which highly sophisticated surveillance tools are reserved for countries with robust intelligence systems like the US, Russia, and China. For the right price, countries with poor human rights track records can engage with companies like NSO, which, despite endless PR pledges, are ruled by profit margins rather than concerns about “national security” or “the fight against terrorism.” While firm in collecting payments for its private spyware services, the Israeli company seems less willing to respond to instances of abuse, such as the Mexican case. 

As for the Mexican government, now more than ever, it’s crucial to not only lecture or hollowly assure citizens that NSO is no longer targeting dissenting voices, but to actually prove it. 

Considering the current administration’s dubious actions and attitudes towards feminist protestors, journalists, political opponents, human rights and immigration activists, it must remain a national priority to verify this surveillance is not being used today. 

In a report by The Guardian, Edward Snowden, the former computer intelligence consultant who in 2013 blew the whistle on the secret mass surveillance programs of the US National Security Agency, said that that commercial spyware is “an industry that shouldn’t exist,” especially considering that malware can now tackle functionally identical phones because of the rise of companies like Apple. “If they find a way to hack one iPhone, they’ve found a way to hack all of them,” said Snowden in his recent interview with The Guardian. 

A particular passage in Snowden’s interview offers a chilling warning that must be taken seriously by Mexicans and citizens all over the world: “If you don’t do anything to stop the sale of this technology, it’s not just going to be 50,000 targets. It’s going to be 50 million targets, and it’s going to happen much more quickly than any of us expect.”
For more updated information, visit the Pegasus Project Media Index

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LM