Aguas Profundas | Las contradicciones del Presidente

La llamada reforma energética de 2013 modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, están vigentes y el Presidente protestó hacerlos cumplir el 1o de diciembre de 2018. Pero ha hecho todo lo contrario.

En la legislación secundaria esa reforma conllevó la promulgación de la Ley de Pemex y la Ley de CFE. En el Artículo 4 se determina que Pemex y CFE tienen como fin desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, generando valor económico y rentabilidad para el Estado, actuar de forma transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado.

Así, todas las políticas públicas tendrían que ser armónicas y congruentes con esa reforma y, más aún, el T-MEC, que es norma suprema, tiene un capítulo de Eficiencia Energética con alcances y efectos congruentes con la reforma.

Por eso el Ejecutivo no puede improvisar con refinar más y exportar menos crudo, si eso trae como resultado una mayor producción de combustóleo pesado que no tiene rentabilidad o valor.

En electricidad es igual. La política de confiabilidad y de porteo de la Secretaría de Energía va contra la ley. Ambas decisiones son inconstitucionales e ilegales.

Afortunadamente el Poder Judicial con múltiples suspensiones y amparos frenó la promoción de arbitrajes de inversión contra el Estado, de otra forma, los contribuyentes pagarán esas ilegalidades, tal como sucedió en Venezuela y Argentina, además del irreparable clima de inversión.

Buzos

1.-El pleito de Víctor Toledo, titular de la Semarnat, tendrá consecuencias. De entrada, es agarrón con pesos pesados del gobierno como el subsecretario de Gobierno de Segob, Ricardo Peralta; la secretaría de Economía, Graciela Márquez; y con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, quienes claramente son de otra liga. La salida de Toledo es inminente, insisten porque su presencia es, literalmente, un verdadero problema en un área que, políticamente, tiene un peso especial: los fertilizantes que deben proveer al sector agrícola -de Pemex o importados- y no hay es una bronca que va a terminar resolviendo, políticamente, la Secretaría de Gobernación.

2.-Se dice que un par de semanas antes de dejar Pemex, Emilio Lozoya promovió la adjudicación directa del contrato 641006800, por más de 200 millones de dólares por servicios de lodos y fluidos de perforación, al consorcio Proveedora de Fluidos Mexicanos, Petroquímicos Industriales del Norte y Centauro del Norte Autotransporte.

De acuerdo con un oficio enviado por un grupo de legisladores a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, el 20 de julio, el plazo de cinco años de la contratación fue “excesivo”, en una investigación interna no se encontró el dictamen de excepción a concurso abierto, no hay justificación técnica que la sustente y no hay pruebas de que Pemex Exploración y Producción validara los precios ofertados. Hoy los legisladores piden investigar a los funcionarios de Pemex que quieren darle ‘refresh’ al contrato heredado y piden a la SFP les ponga lupa a todos aquellos que tengan relación directa con la administración del contrato o los funcionarios operativos que estén haciendo uso desmedido del mismo.

Por: Luis Carriles 

Twitter: @luiscarrujos

Vía: El Sol de México

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