Tiran #LeyBonilla; Corte declara su inconstitucionalidad

Con 11 votos a favor, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la modificación del artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California para que se ampliara de dos a cinco años el tiempo de gobierno de Jaime Bonilla.

El pleno determinó que dicha modificación, realizada posteriormente a la elección, violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son: los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica; las bases constitucionales de la organización política de los Estados; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes.

El proyecto del ministro Jorge Fernando Franco elaboró un proyecto de sentencia en el que propone declarar la inconstitucionalidad de “Ley Bonilla”.

En la discusión, el ministro presidente Arturo Zaldívar dijo que dicha reforma fue «un gran fraude a la Constitución» del Congreso de Baja California pues «alteró los resultados de un proceso electoral concluido».

También, se argumentó que  representa un ilícito atípico maquinado desde el Congreso de Baja California mediante un efecto corruptor que manipuló la Carta Magna y los principios de la democracia.

Incluso, los ministros señalaron que la reforma no se hizo dentro de los 90 días previos a la elección local como lo marca el artículo 105 de la Constitución y que se hizo posterior a la elección y pretendió hacer sus efectos retroactivos.

Cabe destacar que la mayoría de los ministros expresó que el proyecto es sólido y está bien fundamentado; incluso reconocieron el trabajo del ministro Franco.

Al menos nueve ministros de la Corte avalaron el proyecto del ministro Franco que declaró la inconstitucionalidad de la #LeyBonilla.

Los ministros recordaron que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y que no puede haber modificaciones fundamentales durante éste; por lo que, al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, el Constituyente local incurrió en un fraude a dicho mandato.

Asimismo, el pleno señaló que la reforma impugnada constituyó una clara violación al principio de soberanía popular, así como a la voluntad general de los ciudadanos de Baja California, expresada en las urnas el día de la elección, pues el día que se realizó la norma vigente establecía que el plazo sería de dos años y no cinco.

En cuanto a los efectos y como consecuencia de la invalidez del decreto de reforma deberá tener aplicación el artículo transitorio en su redacción original, el cual señala que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Por último, la Corte precisó que todos los actos o normas que hubieren derivado de la aplicación de la reforma deberán considerarse inválidos por derivar de una norma inconstitucional.

La reforma impugnada fue aprobada por el Congreso de Baja California, modifica el artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución local para que se ampliara de dos a cinco años el tiempo de duración del periodo de gobierno y que se eligió en el proceso electoral local 2018-2019.

En ese entonces, se acusó a Bonilla de ofrecer entre 200 mil y 400 mil dólares a diputados locales de todos los partidos para que aprobaran la reforma. 

Ante ello, la ley fue impugnada a través de las acciones de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/019, 114/2019 y 15/2019, por el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI, respectivamente.

IV

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