La aprobación del nuevo registro de usuarios de telefonía celular pone en riesgo a millones de mexicanos, pues sus datos podrían acabar en manos de la delincuencia y con ello socavar su tranquilidad y seguridad.
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue votado, de forma precipitada, la semana pasada en la Cámara de Diputados a propuesta de Morena, aunque la redacción del texto provino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El plan original de las autoridades es tener una herramienta eficaz para bajar los altos índices de delitos que ocurren en el país, en particular los de secuestro y extorsión.
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Sin embargo, de acuerdo con el periodista Javier Tejado Dondé esto será al revés, pues los delitos aumentarán y se pondrá en riesgo a empresas nacionales y a los cientos de millones que usan la telefonía móvil.
Registro con fallos
Una de las fallas primordiales de este registro de telefonía móvil es que nada más contempla líneas telefónicas de concesionarios mexicanos como Telcel, AT&T, Telefónica, Izzi móvil, entre otros.
Esto deja afuera a miles de personas que utilizan todos los días una línea extranjera en México, además de que deja fuera a otros medios de comunicación que se pueden utilizar en computadoras u otros equipos como son WhatsApp, Silent Phone, Wire, Cryptomator, Confide, Cyph, Telegram o Wickr.
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Estas apps son utilizadas ya por mucha gente, pero también por el crimen organizado.
Asimismo, deja desprotegidos tanto a los concesionarios nacionales, como a los mismos usuarios, quienes no tienen una certeza real de quien vigilará y custodiará los datos personales que pide el registro.
En México hay por lo menos 120 millones de usuarios de telefonía celular, lo que representa una gran cantidad de información que de no ser resguardada de la forma debida, podría acabar en el mercado negro en manos de delincuentes, tal como ocurrió en 2009 con el Renaut, predecesor del ahora avalado registro.
Registro: Puerta al nepotismo
Otro de los grandes vacíos de este sistema de inscripción es que cualquier autoridad policial o judicial podrá acceder a dichos datos sin mandato judicial, lo que aunado a la corrupción que se vive en México, deja abierta la puerta a la extorsión o hasta la violencia ejercida desde el estado.
Este tema es delicado, por lo que el Senado deberá analizar si se aprueba tal como llegó la iniciativa de los diputados o realizan cambios de fondo para salvaguardar a los mexicanos y sus datos personales.
JGR