Publican sentencia sobre consulta popular

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la versión final de la sentencia sobre la consulta popular presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la modificación a su pregunta original que planteaba que debían ser investigados y, en su caso, sancionados los expresidentes que gobernaron entre 1988 a 2012. 

De esta forma, la mayoría de los ministros acordaron cambiar en la mención de expresidentes a “actores políticos”.

El documento, que explica el alcance de la consulta ciudadana, fue difundido por la SCJN y replicado por el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a través de su cuenta en Twitter. 

“Las razones de la Corte. Conoce los argumentos que sustentan la constitucionalidad de la consulta popular. La SCJN cumple con la importante función que le encomienda la Constitución”, escribió. 

Arturo Zaldívar, Consulta popular, juicio a expresidentes, ministros, SCJN - Informe Confidencial

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PUBLICAN SENTENCIA CONSULTA POPULAR

En esta versión final o engrose, elaborado por el ministro Luis María Aguilar, se explica que la pregunta definitiva, modificada por el pleno, es “neutra” y aclara que los nombres de los expresidentes se eliminaron porque, de acuerdo a las normas, la consulta popular «no puede estar dirigida a un grupo de personas identificables por nombre y apellido».

“Una vez más, las obligaciones legales, los derechos adquiridos y todas aquellas facultades regladas con las que se topen las autoridades deben entenderse fuera de la consulta popular, pues su cumplimiento no es potestativo para ninguna autoridad. Deben cumplirse a pesar de existir una opinión popular vinculante en contra», se leen en el documento.

La pregunta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Ante ello, el documento señala que dicha “pregunta guarda una relación parcial con la materia de la consulta; es inquisitoria al incluir a personas en concreto, no está formulada en lenguaje neutro, contiene un juicio de valor y tampoco produce una respuesta categórica en sentido positivo o negativo”.

Por ello, la pregunta que estará en la consulta del próximo año es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.

Esta pregunta, argumentaron los ministros, “tiene simetría con la materia de la consulta, que consiste en el esclarecimiento de los hechos del pasado, mediante el ejercicio de las facultades discrecionales de los órganos representativos, cuyo propósito incluye un abanico de posibilidades amplio que van desde la obtención de resultados con un valor histórico y político, así como la obtención de elementos necesarios para iniciar los procedimientos de responsabilidad pública correspondientes”.

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Participación en consulta popular deberá ser del 40%

Por otra parte y de acuerdo al engrose, será necesaria, como dice la Constitución, la participación de al menos el 40 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, 36 millones 500 mil personas, para que el resultado sea vinculante para las autoridades.

«Una vez que la población participe y se reúnan los requisitos necesarios para generar un resultado vinculante, el Presidente deberá encomendar a parte de sus órganos allegarse de elementos y evaluar los hechos ocurridos en el pasado y, de ser el caso, impulsar los procedimientos que correspondan. Esto no violaría ninguna norma jurídica, ya que el Ejecutivo no tiene una obligación de llevar estas acciones, pero tampoco existe ninguna norma que lo prohíba”, se lee en la resolución.

«Si la población llegara a emitir una respuesta negativa, lo único que implicaría es que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo ni las autoridades competentes deben entenderse vinculadas a usar sus facultades discrecionales para ese fin; lo que no relevaría (ni al peticionario ni a ningún servidor público) de su obligación de denunciar aquellos hechos de los que tenga conocimiento y que puedan constituir un delito», indica la sentencia.

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