Líderes políticos piden detener persecución contra científicos

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El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a actuar con juicio, moderación y prudencia en el caso de los 31 científicos acusados de diversos delitos por el fiscal Alejandro Gertz Manero. 

Monreal Ávila expresó su solidaridad con la comunidad académica universitaria y confió en que pronto se aclarará dicha situación, al tiempo que se deslindó de la propuesta del senador Armando Guadiana para que se investigue a las universidades y a los científicos. 

“Me parece no sólo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país. Hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas”, dijo el coordinador parlamentario de Morena.

Pidió a las partes involucradas buscar una solución pacífica y solicitó a los órganos jurisdiccionales proceder con moderación y revisar el caso cuidadosamente.

Encabezados por el senador Ricardo diversos actores pidieron proteger a los investigadores de persecuciones políticas.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) del Senado, expresó su orgullo por ser universitario, y reiteró que aunque no se puede constituir como fiscal o ministerio público, en las acusaciones en contra de los científicos, prevalece la presunción de inocencia. 

“Hay que respetar la autonomía de todas las universidades del país”. “Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la UNAM. Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de los científicos. Si me pregunta de qué lado estoy, estoy del lado de la justicia”, aseguró.

Adelantó que el Senado citaría a comparecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y a María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para abordar el caso.

Encabezados por el senador Ricardo diversos actores pidieron proteger a los investigadores de persecuciones políticas.

 A su vez, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que las acusaciones contra 31 científicos son excesivas.

Dijo desconocer si hubo “un mal uso de los recursos”, por lo que, de ser el caso, deberá realizarse la debida investigación. Sin embargo, señaló que tratarlo como delincuencia organizada “es un exceso”.

Encabezados por el senador Ricardo diversos actores pidieron proteger a los investigadores de persecuciones políticas.

“En todo caso, que se haga la investigación del recurso que se utilizó por el foro, que era una asociación civil financiada por el Conacyt (…). Mi posición personal es:  que sean acusados de delincuencia organizada, es excesivo”, enfatizó.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP descartó que el organismo investigue a las universidades y a los miembros de la comunidad científica.

Nieto castillo puntualizó , en respuesta a la propuesta de que la UIF realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos entregados a las universidades públicas, que dicha unidad se creó para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes.

Encabezados por el senador Ricardo diversos actores pidieron proteger a los investigadores de persecuciones políticas.

Finalmente, la diputada federal de Morena, Lidia García, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe apegada a la legalidad y sin revanchas políticas.

31 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fueron acusados por la propia dirección del Conacyt, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por cuatro delitos.

Sin embargo, la víspera un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra los imputados.

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La Fiscalía emitió, la noche del jueves, un comunicado en el que informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión, argumentando falta de criterio por parte del juez.

Los investigadores son acusados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público.

A los exfuncionarios se les busca imputar los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.

JGR