Tras una denuncia sobre la represión de los gobiernos de Jalisco y Nayarit contra activistas y periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno defiende por convicción los derechos humanos de periodistas y activistas de derechos humanos.
Afirmó que el tema lo atiende con mucho éxito la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas, quienes vigilan que se respeten los derechos humanos y se respete a periodistas y activistas.
Tanto Sánchez Cordero como Alejandro Encinas se enfocan en la defensa de los derechos humanos a diferencia de lo que ocurría en otros sexenios en donde se planeaba la represión a grupos sociales como sucedió en 1968 y 1971.
“Por convicción defendemos los derechos humanos y protegemos a las personas y en este caso a periodistas a dirigentes sociales, a defensores de derechos humanos, esto es lo que hace a la Secretaría de Gobernación que tiene una función completamente distinta a la de antes, esa secretaría se dedicaba al autoritarismo de ese tiempo remotos”, dijo.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional dijo que ambos servidores públicos son humanistas incapaces de ordenar represalias, torturar, desaparecer o perseguir a alguna persona.
Dijo que en esa secretaría se cometieron “cosas vergonzosas” como los operativos de 1968 y 1971 contra la población. Refirió que Fidel Velázquez, el líder sindical, decía que no iba a esa dependencia porque sólo regañaban, “pero no sólo regañaban sino que había sótano en donde se hacían otras cosas”.
Respondió el jefe del Ejecutivo a una cuestión sobre la ineficacia del Mecanismo de protección a periodistas, porque luego de una disputa por terrenos en Bahía de Banderas y sobre este conflicto fue detenida la periodista Patricia Aguilar en un operativo ordenado por el gobernador de Tepic, Antonio Echevarría.
A Patricia Aguilar la tienen en un penal de Jalisco, informó la reportera procedente de Jalisco, quien dijo que al periodista Mario Rafael Soto, lo asesinaron en Tijuana por haber revelado un audio relacionado con tráfico de drogas y nexos con el narcotráfico.
También se mencionaron los casos de Susana Prieto, activista que ha hablado con AMLO y con Olga Sánchez Cordero, a quien le van a hacer otro juicio a pesar de ser ciudadana de Estados Unidos, está bajo arraigo. Kenia Inés Hernández, otra activista, que fue detenida por la Guardia Nacional por órdenes del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Gobierno por seguridad
Denunció que en Jalisco están desapareciendo a los periodistas y va en aumento el delito de feminicidio y desapariciones forzadas y teme la represión del gobernador Enrique Alfaro. A lo cual el presidente López Obrador le indicó que tendría la protección del gobierno federal.
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JVR
