Fraude a la Constitución es #LeyBonilla.- Arturo Zaldívar

Los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están perfilando la inconstitucionalidad de la reforma con la que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, pretendía mantenerse en el poder por cinco años. 

Durante la discusión de fondo, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dijo que el proyecto del ministro José Fernando Castro, tiene una argumentación sólida y que la reforma aprobada por diputados del Congreso de Baja California, es un «gran fraude a la Constitución».

“(La reforma) pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional que se llevó a cabo con toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, señaló.

El ministro presidente aseguró que la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular, y al principio democrático.

“Alterar las condiciones por las cuales se llevó a cabo una elección como aquí ocurrió constituye un verdadero fraude poselectoral, pues, aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener, conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma y limitación del poder”, sostuvo.

Los ministros de la Corte están revisando y debatiendo el proyecto del ministro Jorge Franco que declara inconstitucional la #LeyBonilla.

Los ministros que se han pronunciado a favor de proyecto son: José Franco Salas, Juan González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Yazmín Esquivel, Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar y Jorge Laynez.

Franco González Salas elaboró un proyecto de sentencia que fue puesto a disposición del pleno en el que propone declarar la inconstitucionalidad de la legislación que amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, conocida como “Ley Bonilla”.

Dicha reforma, aprobada por el Congreso de Baja California, modifica el artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución local para que se ampliara de dos a cinco años el tiempo de duración del periodo de gobierno y que se eligió en el proceso electoral local 2018-2019.

En ese entonces, se acusó a Bonilla de ofrecer entre 200 mil y 400 mil dólares a diputados locales de todos los partidos para que aprobaran la reforma. 

Ante ello, la ley fue impugnada a través de las acciones de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/019, 114/2019 y 15/2019, por el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI, respectivamente.

Para invalidar la norma se necesita del voto de al menos ocho integrantes del pleno de la Suprema Corte.

IV

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