Aprueban diputados Ley Federal de Derechos de Autor; en redes la rechazan con #NiCensuraNiCandados

En su primer periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, con 369 votos a favor, cero en contra y una abstención, la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de medidas tecnológicas de protección al derecho de autor.

El documento enviado al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales, establece que las obras deberán ostentar la expresión “Derechos Reservados”, el Número Internacional Normalizado que les corresponda. 

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La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley.

Los titulares de derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir  la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento. En el caso de obras literarias y artísticas; el acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la banda ancha e Internet, y la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que se pueda acceder a éstas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

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Infracciones y multas 

El Capítulo V. “De las Medidas Tecnológicas de Protección, la Información sobre la Gestión de Derechos y los Proveedores de Servicios de Internet”, contiene infracciones de orden administrativo y considera el pago de daños y perjuicios por la manufactura, modificación, importación, exportación, venta o distribución de dispositivos que decodifiquen, sin autorización, las señales de programas o la asistencia a otros para la recepción de las mismas sin autorización.

Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen la autorización de mostrar o prohibir al público, incluida la radiodifusión de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actividad transmitida por radiodifusión.

Estipula que serán infracciones en materia de comercio las siguientes conductas realizadas con fines de lucro directo o indirecto, como comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor.

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En otras palabras, podrán censurar contenido sin la necesidad de mostrar pruebas fehacientes de que efectivamente hay una violación a los derechos de autor. 

También fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, comunicar, poner a disposición, transportar o comercializar copias de obras, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley. (Nótese, en los términos de esa ley).

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Se castigará con una multa de mil hasta 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien produzca, reproduzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición del público, ofrezca al público o proporcione servicios o realice cualquier otro acto que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas que “violen” los derechos de autor. 

También se aplicará multa de mil hasta 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien eluda una medida tecnológica de protección efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegido por esta ley.

El proyecto contempla multa de mil hasta 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al Proveedor de Servicios en Línea que no remueva, retire, elimine o inhabilite el acceso de forma expedita al contenido que ha sido objeto de un aviso por parte del titular del derecho de autor o derecho conexo. Por lo que la censura del contenido será prácticamente inmediata. 

Las disposiciones transitorias establecen que el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, el Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor para llevar a cabo las adecuaciones reglamentarias necesarias.

PRE

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