Desconfianza e idioma, problemas para migrantes por vacuna contra Covid

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Cientos de trabajadores inmigrantes hicieron fila esta semana durante un receso en sus labores de recolección para recibir la vacuna contra el Covid-19 en un viñedo en el sur de California, en Estado Unidos.

Los trabajadores agrícolas inoculados figuran entre los migrantes vulnerables en EU, en particular los 11 millones que no cuentan con permiso de residencia y que según activistas pueden ser algunas de las personas más difíciles de alcanzar durante la campaña de vacunación más grande en la historia del país.

Algunos migrantes no autorizados temen que la información recabada durante la vacunación pudiera ser entregada a las autoridades y por ende podrían no buscar inocularse, mientras que quienes hablan poco o nada de inglés podrían toparse con la dificultad de acceder a las dosis. Al igual que otros grupos, algunos titubean por el hecho de que la vacuna es de reciente aprobación y las barreras del idioma también podrían dificultar el hacerles llegar mensajes para contrarrestar la desinformación.

Aunque estas dificultades podrían existir para muchos grupos vulnerables de inmigrantes, son particularmente preocupantes para los de origen latino, que conforman una gran parte de la fuerza laboral en industrias en las que enfrentan un gran riesgo de exposición al coronavirus.

“Hay ansiedad y es real…, pero también lo es el temor de morir de Covid 19”, asegura Pablo Alvarado, director de la National Day Laborer Organizing Network (Red Organizadora Nacional de Jornaleros), un grupo que vela por el bienestar de esta población.

En los migrantes mexicanos en EU, existen desconfianza y problemas con el  idioma rumbo a la vacunación en aquel país.

Para enfrentar estos desafíos, organizaciones que apoyan a los inmigrantes latinos están yendo a los campos agrícolas para llevar vacunas e información a los trabajadores migrantes e intentar contrarrestar la desinformación en español y otros idiomas.

En el extenso condado Riverside de California, donde se encuentra un sector agrícola de mil 300 millones de dólares, la Desert Healthcare District and Foundation, una organización de salud sin fines de lucro que transportó las vacunas al viñedo, recientemente llevó tabletas para que los trabajadores hicieran su cita para inocularse, dijo su director general, Conrado Bárzaga.

La organización también comparte en WhatsApp información sobre el virus y cómo conseguir hacerse una prueba. Los mensajes son en español y purépecha, una lengua indígena del oeste de México que hablan algunos trabajadores agrícolas en California.

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La Red Organizadora Nacional de Jornaleros ha utilizado un programa de radio en español en las redes sociales para compartir información sobre el virus durante la pandemia. Ahora, los presentadores del programa, muchos de ellos migrantes y trabajadores de bajos ingresos, planean desacreditar los mitos sobre la vacuna entre sus 300 mil escuchas semanales, agregó Alvarado.

Él cree que contrarrestar la desinformación en las redes sociales es clave para superar la mayoría de las desconfianzas sobre la vacuna, como desmentir la aseveración falsa de que con ella le insertarán un microchip a las personas.

Daniel Cortés, de 58 años, un inmigrante mexicano que vive en Nueva York, está entre los reticentes. No tiene permiso para vivir en Estados Unidos. Dice que no se pondrá la vacuna porque está saludable y teme una reacción adversa. Las pruebas de las vacunas aplicadas en el país en las que miles han participado no han producido hasta la fecha indicios de efectos secundarios graves y pocas reacciones adversas imprevistas han sido reportadas en los primeros días de la distribución de las inoculaciones en el país.

“Mantengo el distanciamiento social, me lavo las manos, me cambio de ropa cuando llego a casa”, informó Cortés, quien dijo creer que esas precauciones son suficientes. “No me he enfermado en ocho años y espero seguir así”.

Sin embargo, algunos grupos activistas afirman que el legado de las políticas restrictivas de inmigración del gobierno de Donald Trump hará especialmente difícil llegar a algunos inmigrantes.

En Florida, Maria Rodriguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida en Miami, dijo que persisten los temores en torno a la llamada regla de la carga pública del anterior gobierno, con la que se pretendía negar las tarjetas de residencia a inmigrantes que reciben cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.

Aunque la regla de la carga pública nunca restringió al acceso a pruebas ni a vacunas relacionadas con enfermedades transmisibles y está siendo impugnada en tribunales, dijo Rodriguez, “no importa, la percepción aún persiste”.

El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, fue blanco de críticas recientemente cuando informó que los trabajadores con estatus legal tendrían prioridad en la campaña de vacunación del estado sobre los que carecieran de él cuando le preguntaron sobre el plan para proteger las instalaciones empacadoras de carne, que históricamente han dependido de la mano de obra extranjera. Sin embargo, al día siguiente Ricketts pareció retractarse e informó mediante su portavoz que la “prueba de ciudadanía no es requerida para la vacunación”, según el periódico Omaha-World Herald.

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