México, en dos años, pierde el avance hacia energías renovables

México dio pasos atrás en materia de energías renovables pues tras liderar en la región, en menos de año y medio, cambió el panorama. Ahora se persigue la soberanía energética por medio de combustibles fósiles, para rescatar a Pemex y que regresen las empresas dominantes. 

El mundo está avanzando hacia la transición energética para reducir las fuentes contaminantes, el país escucha discursos que quieren recuperar a los monopolios energéticos, casi borrados por la reforma energética que impulsó la administración de Enrique Peña Nieto. 

Para generar energía eléctrica, se hicieron cambios en la Constitución para impulsar esquemas para que los costos de generación fueran bajos, tanto que establecieron marcas internacionales: las subastas eléctricas de largo plazo. 

Además, empresas energéticas de fama mundial como la italiana Enel o la francesa Engie pusieron su atención en nuestro país, ya que el 85% del territorio es óptimo para desarrollar proyectos de energía solar, además de que pondría a México como la séptima potencia en la materia. 

Para la energía eólica, que se produce con el viento, México tiene un potencial de 50,000 MegaWatts (MW), cifra que supera el pico de demanda eléctrica del país.

Sin embargo, López Obrador rechaza y desestima los datos sobre el tema energético y ordenó la cancelación de la cuarta subasta eléctrica que tenía que realizarse en diciembre del 2018. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) acató.

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Incluso ha criticado a las energías renovables desde una perspectiva no vista por la industria: la estética. Cabe recordar que en enero de 2015, durante una gira por el norte del país, el tabasqueño criticó la instalación de infraestructura eléctrica en la Rumorosa, Baja California.

“Esa zona natural, única, extraordinaria que deberían de cuidar, ya ahora instalaron ventiladores para generar energía eólica. Eso es un absurdo. Por beneficiar a unos cuantos se afecta un área natural. ¡Qué cosa más bella que la rumorosa! ¿Por qué no cuidarlo?”, dijo en ese entonces.

Como presidente, su prioridad es el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aunque sea una “guerra” contra la iniciativa privada. 

Y muestra de ello, es que en plena contingencia sanitaria por el Covid-19, se limitó la operación de centrales de generación de energía eléctrica por fuentes eólicas y solares.

Además, en febrero del año pasado, Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, durante una conferencia del presidente, dijo que los contratos de gasoductos, impulsados en la pasada administración, eran  “leoninos” por las condiciones desfavorables y que representaban un gasto de más de 5 mil millones de pesos anuales por cláusulas de fuerza mayor, donde había situaciones como sabotajes, sismos y problemas sociales.

Así y durante seis meses, se renegociaron contratos, en medio de medidas legales contra IEnova, TC Energy (antes TransCanada) y Carso Energy de Carlos Slim Helú. De esta forma, CFE logró un acuerdo con ahorros por 670 millones de dólares.

Aunque esta batalla fue ganada, la CFE tenía otros frentes para atacar: la energía solar y eólica, que alcanzaron precios récord de 20 dólares por MegaWatt-hora en la última subasta eléctrica. Bartlett dijo que era falso porque existen costos no reconocidos.

“Se hace toda una campaña de que las energías limpias son las más baratas y es mentira”, declaró en marzo de 2019.

Se argumentó que las energías renovables están subordinadas a la intermitencia y no pagan el respaldo eléctrico con plantas convencionales, ni estabilidad de las redes de transmisión y distribución. Tampoco el mantenimiento o daños a transformadores.

Y así llegó otro ‘encontronazo’ con el sector privado. En octubre del 2019, la Secretaría de Energía permitió la emisión de Certificados de Energía Limpia (CEL) a las 60 centrales hidroeléctricas de CFE.

La dependencia, encabezada por Rocío Nahle, argumentó  “especulación comercial” y que los precios de la electricidad producida con energías limpias aumentaron, lo que llevó a un aumento a las tarifas eléctricas para los usuarios finales, dice el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En este sentido, la reforma energética de Peña Nieto estableció que para otorgar los títulos verdes no se reconocería la generación de electricidad limpia de la CFE,  principalmente de sus 60 plantas hidroeléctricas, y que solo las centrales nuevas o repotenciadas podían emitirlos.

En este sentido, el director de la empresa Baorgg, Santiago Barcón, comentó que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se oponían a las reglas de los Certificados, pero están a favor de la electricidad generada por fuentes limpias.

“Durante la aprobación de la Ley de Transición Energética, en 2015, todos estaban en pie de guerra contra el gobierno. De rechazar lo CEL, ahora resulta que cuando los tratan de quitar, la misma iniciativa privada se opone. No tiene sentido. Se trepan a cuadriláteros que no les corresponden”, indicó.

“La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero se suma a la opinión de la Concamin en el sentido de que se deben diferir las metas de cumplimiento expresadas en el proyecto de Ley de Transición Energética (LTE), así como reducir las multas relacionadas a la obligación de contar con Certificados de Energías Limpias (CEL)“, argumentó la Cámara en un comunicado del 25 de noviembre de 2015.

En mayo, el Cenace y Sener publicaron acuerdos para ordenar la operación del sistema con disposiciones que limitan a las centrales privadas solares y eólicas; argumentaron que se necesitaba darle confiabilidad al sistema eléctrico nacional durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, el documento suspendía las pruebas operativas de plantas de energía renovable porque ponía en riesgo la operación del sistema.

Ante ello, vino la reacción de la iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial, además de Canadá y la Unión Europea. Dijeron que se con la medida se ponía en riesgo las inversiones que ya se habían realizado en México para favorecer las plantas convencionales que utilizan combustibles más caros y contaminantes, como el carbón y combustóleo.

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El CCE, presidido por Carlos Salazar, calificó la política de la Sener como un ataque a la certeza jurídica de las inversiones y advirtió que podría haber  “graves consecuencias” como la pérdida de empleos, además de afectaciones a los proyectos eléctricos en 18 entidades con inversiones por más de 30 mil millones de dólares. 

Tras ello, 23 empresas obtuvieron amparos del Poder Judicial para suspender la medida del Cenace.

“El acuerdo no tiene fechas ni límites. Dice los ‘qué’ pero sin los ‘cómos’. Creemos que hace falta mucha más comunicación e interlocución que permita entenderse a todas las partes, y recordar que todos queremos una red confiable, porque entendemos las limitantes de inversión que tiene la red, que son fortísimas, pero trabajemos juntos y no generemos una confrontación innecesaria”, consideró Karla Cedano, académica del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ahora, el Cenace plantea estrategias legales para contrarrestar al sector privado, mientras que la industria de energías renovables pide que se cumpla el marco legal vigente y se utilicen los canales públicos para revisar el marco técnico del sector eléctrico.

“Ahí es en donde deberíamos llevar estas discusiones y no tenerla en una arena política porque al fin y al cabo esta está generando que el marco legal se esté viendo violentado y nos está llevando a los tribunales”, dijeron los voceros de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

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Con información de Forbes

IV

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