Juez declara inconstitucional acuerdo de la 4T que frena a energías renovables

Juez declara inconstitucional acuerdo de la 4T que frena a energías renovables

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La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, fue declarada inconstitucional por un juez Segundo Especializado en Competencia Económica.

Así, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió un amparo a la empresa EGP Magdalena Solar, que impugnó el también llamado “Acuerdo de Nahle” que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y frena a las energías renovables.

Esta es la primera sentencia de fondo dictada por el Poder Judicial de la Federación en contra de la política energética de la 4T, suspendida desde mayo por jueces especializados, además por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La sentencia dictada por el juez Gómez Fierro puede ser impugnada por la Secretaría de Energía (Sener), a través de recurso de revisión ante un tribunal colegiado; el juez señaló que con el fallo, de efectos generales, puesto que al proteger solo a la empresa quejosa, le daría ventajas indebidas respecto del resto de sus competidoras y generaría distorsiones en el mercado eléctrico mayorista.

«La protección Constitucional que se concede es para que se deje insubsistente el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020», se lee en la sentencia.

También consideró que, por su impacto en las empresas privadas que participan en el SEN, el Acuerdo Nahle debió pasar por un proceso de mejora regulatoria, que fue ignorado por el Gobierno federal.

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JUEZ INCONSTITUCIONAL ACUERDO ENERGIAS RENOVABLES

El 13 de mayo, la Sener envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de Acuerdo con la intención de que fuera exentado de la verificación de impacto regulatorio, que puede tardar varios meses e incluye una consulta pública, pero la exención fue negada.

Dos días después, la Sener publicó el Acuerdo en la edición vespertina del Diario Oficial, lo que habría provocado la renuncia del entonces presidente de la Conamer, César Hernández, quien fue subsecretario de Electricidad en el sexenio pasado.

Amparo contra todo el ordenamiento: juez

«La omisión de substanciar el procedimiento de mejora regulatoria constituye un tema de Constitucionalidad formal que trasciende necesariamente a todo el contenido de la norma general reclamada; por ende, los efectos del amparo deberán abarcar a todo el ordenamiento, aun cuando sólo le sean aplicables a la quejosa algunos de los puntos de dicha política», indicó el juzgador. 

Con independencia de los amparos de empresas privadas, la Suprema Corte tiene pendiente resolver controversias constitucionales de cuatro gobiernos estatales y de la Comisión Federal de Competencia Económica, que impugnaron el Acuerdo de Nahle.

La semana pasada, el mismo juez declaró inconstitucional el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el 29 de abril, que argumentando la pandemia de Covid-19, pretendió impedir la conexión de nuevas centrales eólicas y solares al SEN.

La política de confiabilidad fue publicada el 15 de mayo pasado sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer). Con ello, la Sener pretende ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La política energética de la 4T acumula 72 solicitudes de amparo de compañías privadas y organizaciones. La Corte ya suspendió este acuerdo con lo que le dio la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Incluso,  dos jueces en materia de competencia concedieron la medida de suspensión a las organizaciones ambientalistas Defensa Colectiva y Greenpeace.

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