La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, por unanimidad, suspender el Acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional hasta que se resuelvan las controversias constitucionales promovidas contra la política energética de la 4T, entre otros, por el gobierno de Tamaulipas.
De esta forma, las medidas que frenaron a las energías renovables y las desplazaron del mercado eléctrico mayorista no podrán aplicarse hasta que la Corte revise su constitucionalidad, tras los recursos de impugnación que presentaron empresas y organizaciones ambientalistas.
En su recurso, el gobierno de Tamaulipas argumentó que el Gobierno federal invadió sus facultades, argumentando que los Tratados Internacionales y la Constitución establecen el propiciar y alentar la transición hacia energías limpias y sustentables, así como la obligación de garantizar el acceso en condiciones no discriminatorias y competitivas a las energías renovables.
Así es como las leyes promueven que el país avance hacia una matriz energética que no dependa del carbón, combustóleos y demás fuentes fósiles.
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Con la decisión del tribunal constitucional se aporta certidumbre jurídica a los más de 4 mil millones de dólares de inversión privada en energías renovables que se han impulsado en Tamaulipas tras la implementación de la política energética de la 4T.
La política de confiabilidad fue publicada el 15 de mayo pasado sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer). Con ello, la Sener pretende ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
La política energética de la 4T acumula 72 solicitudes de amparo de compañías privadas y organizaciones. La Corte ya suspendió este acuerdo con lo que le dio la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Incluso, dos jueces en materia de competencia concedieron la medida de suspensión a las organizaciones ambientalistas Defensa Colectiva y Greenpeace.
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