IMCP presenta Plan Económico de Emergencia ante Covid-19

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) presentó su Plan Económico de Emergencia ante el coronavirus, el estancamiento económico y la caída del precio del petróleo, en el cual propone una política fiscal contracíclica y estímulos fiscales a contribuyentes.

Diamantina Perales Flores, presidenta del IMCP, explicó que estos tres problemas pueden tener un efecto prolongado para la economía mexicana, por lo que es momento de tomar acciones.

«No se han adoptado las políticas públicas y las medidas de salud necesarias que deberían de implementarse para evitar brotes de la pandemia en diversas ciudades, ni tampoco se está considerando un programa de emergencia económica para atenuar el efecto que tendrán estos cisnes negros en nuestra economía. Anunciar medidas aisladas o ejercer adecuadamente el gasto público no es suficiente para evitar que el estancamiento actual se transforme en una recesión profunda. Ya tenemos varios sectores afectados. El mayor riesgo que tenemos es la vulnerabilidad de Pemex, la necesidad de que se tengan que recibir apoyos adicionales del gobierno, en un entorno de posible recesión, lo que implica menor recaudación fiscal», aseveró.

Por su parte, Ernesto O’Farril, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, refirió que ante los sucesos de los últimos meses, la economía va encaminada hacia un segundo año de recesión.

«Es un hecho que vamos hacia una recesión por el brutal hecho de la coincidencia de una recesión global, la guerra de precios del petróleo y el estancamiento que tenemos en México. Sí sería una recesión profunda».

En este sentido, el gremio de contadores presentó su plan de emergencia con siete puntos a tratar, en donde el primero de ellos es una política fiscal contracíclica que ayude a sobrellevar la situación.

«Se propone una política fiscal temporal contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5% del PIB, sólo por este año, lo que equivale a cerca de 110,000 millones de pesos; 100% de este incremento en el presupuesto debería de destinarse a medicamentos de emergencia y el grueso al gasto de inversión pública», explicó la presidenta del IMCP.

Asimismo, presentaron una serie de estímulos fiscales, los cuales ven necesarios para reactivar la economía mexicana. Entre ellos se encuentra la deducibilidad a 100% de las prestaciones sociales a los trabajadores, la depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos, permitir la deducibilidad a 100% de intereses de créditos a la inversión en expansión de la capacidad instalada y dar prórroga para la declaración anual.

«Cualquier tipo de estímulo conlleva a una pérdida recaudatoria pero, al mismo tiempo, al incentivar la actividad económica, se impulsa el empleo, las utilidades de las empresas y por consiguiente, se ejerce una mayor obligación fiscal, lo que equivale a una mayor recaudación».

Entre las medidas que propone el IMCP está la de solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliar el plazo de la declaración anual 2019 para las personas morales, cuya fecha límite es el próximo 31 de marzo.

Diamantina Perales refirió que ante la situación que vive el país es necesario que se amplíe el plazo para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

«Es casi un hecho que muchas personas morales no van a poder presentar en tiempo su declaración anual. La consecuencia de esto es que la declaración sería extemporánea, tendrían que pagar accesorios —actualización y recargos— y tal vez no tendrían la oportunidad de analizar su situación financiera que le permita tener la certeza de las cifras que presentan en su declaración anual», dijo.

Medidas del plan:

  • Política fiscal contracíclica para aumentar el déficit fiscal en 0.5% del PIB este año y destinar el incremento del presupuesto a medicamentos y gasto de inversión pública.
  • Potencializar el gasto en inversión, a través de proyectos en asociación con el sector privado, con lo que detonarían las inversiones.
  • Programa de garantías de la Banca de Desarrollo para las grandes empresas y pymes, mediante la participación de los bancos comerciales e intermediarios financieros no bancarios.
  • Revisión de régimen de inversión de las afores, aseguradoras para inducir a una mayor canalización del ahorro hacia proyectos productivos en el país, a través del mercado de valores.
  • Convenio entre gobierno y banca para apoyar a las pymes y personas físicas deudoras del sector financiero para dar un periodo de gracia, mínimo, de tres meses.
  • Otorgar incentivos fiscales como deducibilidad a 100% de las prestaciones sociales a trabajadores, depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos y deducibilidad a 100% de intereses de créditos a la inversión en expansión de la capacidad instalada y dar prórroga para la declaración anual.
  • Iniciar un gran esfuerzo de desregulación, fortalecer el Estado de derecho y atacar frontalmente la inseguridad y la corrupción.

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